La Fiscalía pide más de 12 años de prisión para los tres ‘mossos’ acusados de traficar con marihuana en Santa Coloma de Farners

El fiscal Enrique Barata ha pedido penas de hasta 12 años y 9 meses de cárcel para el caporal y los dos agentes de los Mossos d’Esquadra de Santa Coloma de Farners (Selva) que fueron detenidos en septiembre de 2020 tras descubrirse por un “delator” que, presuntamente, traficaban con la marihuana que ellos mismos intervenían y guardaban en comisaría. Están acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública cometido por funcionario, continuado de hurto y falsedad documental y uno de ellos también de descubrimiento y revelación de secretos. Con el escrito de acusación del fiscal, el Juzgado de Instrucción 1 de Santa Coloma ha dictado la apertura de juicio oral, ha trasladado el escrito a las defensas para que se pronuncien también y posteriormente lo mandará todo a la Audiencia para que señale fecha de juicio.

El fiscal solicita para Salva H.M.G.J 12 años y 9 meses de prisión, para Joan Francesc P.A., alias Kiku,12 y medio y 12 años y 4 meses para Óscar H.R. Según recoge el escrito de acusación, los tres crearon un entramado criminal para desviar la droga decomisada y volverla a poner en circulación para sacar un beneficio, todo ello con la ayuda de la otra pareja de acusados, Albert B. alias Pitu y Margarita V., su novia, para quien pide 5 años y 3 meses.

Expone Barata que desde abril de 2020 los agentes, “aprovechando y abusando de su condición pública”, y Pitu actuaron organizadamente con el conveniente e ilícito ánimo de sustraer una parte de la droga comisada, o localizada en futuras intervenciones de los Mossos en Santa Coloma. Su voluntad era “desviarla de su finalidad procesal y destrucción para destinarla lucrativa y subrepticiamente al tráfico en el mercado ilícito, de manera que tanto por cantidad de droga como por cuantía de beneficios, no despertase sospechas en sus compañeros policías”.

Para el fiscal, el cabecilla era Salva que, como jefe operativo del grupo de investigación de la comisaría, sobre todo de la sección de salud pública, ostentaba mayor experiencia y autoridad. Era quien decidía cuándo y qué cantidades de droga sustraerían de las incautaciones legales de la policía y “adoptaba medidas para evitar ser descubiertos, facilitando la comisión del delito, controlando su ejecución, y resolviendo problemas del resto de integrantes”. Óscar era el agente que ayudaba a Salva directamente porque solían formar pareja profesional. Salva cogía la droga del contenedor de la comisaría, la ponía en un coche oficial sin logotipar y con Óscar la trasladaban a casa de Kiku, donde luego la recogía su amigo y traficante local, Pitu, que en connivencia con ellos se llevaba la droga a su casa y la secaba y preparaba para hacer los muestreos a futuros compradores hasta que Salva autorizaba la venta. Margarita participaba en el beneficio ilícito activamente tratando sobre los precios y los repartos de las ganancias.

Según el delator que destapó la corrupción a los agentes de asuntos internos e los Mossos, estos “trapicheos” se hacían desde 2006. En su escrito el fiscal concreta el episodio de 1 de septiembre de 2020 que precipitó la detención: el decomiso de 168 kg de marihuana que decomisaron sus compañeros de tráfico. Los depositaron en Santa Coloma y al mediodía siguiente Salva y Oscar sacaron cinco grandes bolsas llenas, -cosa que captaron las cámaras de la comisaría- y las llevaron a casa de Kiku. Asuntos Internos vigiló todo la operación de trasladar la droga en varios viajes de casa de Kiku a la de su amigo Pitu y les detuvieron al día siguiente. Para el fiscal Barata, las escuchas telefónicas, los seguimientos con balizas y las conversaciones gravadas de los micrófonos puestos en los coches que usaban les implican en otras “comunicaciones, visitas y gestiones dirigidas a vender y favorecer el tráfico ilícito de marihuana sustraía previamente de las intervenciones policiales”.

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