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Las quemas agrícolas volverán a estar permitidas para las explotaciones agrarias a partir de enero

El Congreso modifica la Ley de Residuos mediante una enmienda del PDeCAT y bajo la presión de las organizaciones agrícolas

Prevencion incendios Cataluña
Una agente rural inspecciona un deposito de prevencion de incendios.Albert Garcia

A partir del 2 de enero, casi todas las explotaciones agrícolas podrán volver a quemar residuos vegetales, una práctica que habían venido realizando hasta el pasado abril, cuando la Ley de Residuos sacudió a la España rural al prohibir esta práctica casi por completo. El Congreso aprobó el jueves levantar la prohibición de quemar restos de poda y vegetales a las explotaciones agrícolas y forestales de menos de 50 trabajadores y que facturen menos de 10 millones; eso supone la práctica totalidad de las existentes.

El levantamiento del veto ha sido posible mediante la ley de gestión de la Política Agraria Común (PAC), que enmienda un artículo de la Ley de Residuos que prohibía la quema de residuos con las únicas excepciones (mediante autorización) de las de carácter fitosanitario o de prevención de incendios forestales. Los sindicatos agrarios han tenido un papel fundamental en la aprobación de este marcha al trasladar el malestar a los políticos. El PDeCAT, finalmente, logró introducir una enmienda a la ley sobre la PAC para derogar el polémico artículo, referido a las quemas. Tras nueve meses de contradicciones y malestar, los agricultores y propietarios forestales respiran tranquilos.

Cuando la ley llegó al Senado, el PSOE quiso dar marcha atrás y derogar la enmienda del PDeCAT. Los sindicatos agrarios hicieron ver que la Unión Europea ya contemplaba dejar fuera de la prohibición general a las pequeñas explotaciones. Al final se presentó una enmienda transaccional que recogió dos anexos de la directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europe que ya incluía que las pequeñas y microexplotaciones agrarias quedaban dispensadas de esta regulación. La modificación se aprobó sin PP ni Vox.

Para el sindicato Unió de Pagesos (UdP), la medida supone “la práctica derogación de esta prohibición para los agricultores a partir del 2 de enero” y recuerda que ha ntrabajado desde abril para “tumbar una prohibición fuera de lugar que cargaba de costes actividad agraria, porque obligaba a trasladar los restos a centros de tratamiento o alquilar o comprar máquinas trituradoras, lo que, además, habría aumentado las emisiones de CO2″.

En el mismo sentido se ha manifestado Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que aúna a los sindicatos agrarios de todo el territorio nacional. Se ha felicitado por la aprobación de distintas enmiendas presentadas para la derogación de la prohibición general de quemas agrícolas, “ya que las nuevas condiciones aprobadas dentro de la Ley de Gestión de la PAC abren la puerta a prácticamente la totalidad de las explotaciones agrarias españolas”. Las medianas y grandes, de más de 50 empleados o con un volumen de negocio superior a 10 millones, sólo podrán hacer quemas cuando cuenten con la autorización de la comunidad autónoma, por razones fitosanitarias no posibles de abordar con otro tratamiento –motivando la inexistencia de otra forma de evitar plagas- o para prevenir incendios.

La obligatoriedad de eliminar estos restos con los procesos previstos en la ley “obliga a costosas inversiones de tratamiento biológico, muy difíciles de afrontar ante la sequía y el encarecimiento de materias primas” para pequeñas explotaciones, señaló la diputada del PDeCAT adscrita a la Comisión de Agricultura, Concep Cañadell. El tratamiento en grandes volúmenes puede subir los costes de 1.000 a 1.500 euros por hectárea. Unión de Uniones aseguró que la prohibición de quemas suponía grandes costes, en especial a los de dimensión más modesta, sin representar beneficios ambientales reales. “Sabemos que ha habido mucha información contradictoria durante todo el procedimiento de aprobación, pero finalmente podemos asegurar que hemos revertido la norma sobre quemas a como estaban antes de abril para la práctica totalidad de las explotaciones agrarias españolas”, indican. En España hay unas 914.800 explotaciones agrícolas.

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En unos días, saldrá publicado en el BOE y el 2 de enero será vigente. Los agricultores volverán a comunicar sus quemas y, a no ser de alguna excepcionalidad como riesgo de incendio, estarán permitidas de facto.

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