Una carrera de obstáculos económicos para Aragonès

Este lunes concluye el plazo legal para iniciar el trámite parlamentario de los Presupuestos autonómicos de 2023 y el Govern de Pere Aragonès no lo cumplirá. Tras defender el president el miércoles en el Parlament la importancia de hacerlo, el máximo responsable de ERC, Oriol Junqueras, ha relativizado este sábado esa necesidad y se ha abierto a gobernar en 2023 con una prórroga presupuestaria, sobre todo por su oposición a aceptar los votos del PSC. Descartar unas nuevas Cuentas añadirá complejidad a la gestión del día a día de la Generalitat, que arrastra años de parálisis en política económica e industrial mientras Cataluña sigue esperando el regreso de las miles de empresas que salieron de la comunidad tras el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017.

Aprobar las Cuentas aportaría más agilidad a la gestión y automatizaría la recepción de 3.100 nuevos millones de euros de gasto —procedentes de transferencias del Estado— en un momento delicado para la economía por los efectos combinados de la salida de la pandemia y la guerra en Ucrania. El interrogante es cómo aprobar los Presupuestos en el Parlament sin el concurso del PSC, puesto que en ese caso sería necesario el concurso de los exsocios de Junts, además de En Comú Podem.

El primer obstáculo que deberá superar ERC, sin embargo, es rearmar el Departamento de Economía y Finanzas, que hasta ahora ha estado en manos de Junts. Sin enfrentamiento partidista en el Govern y, por tanto, sin pugnas por el reparto de dinero, la redacción de los Presupuestos será, eso sí, más sencilla. El esquema de gasto lo ha dejado preparado el equipo del consejero saliente, Jaume Giró, que contaba con gastar 33.113 millones en 2023. Pero es difícil que el nuevo Govern sea capaz de pactar las cuentas con la oposición para tenerlos listos el 1 de enero, por lo que la prórroga es muy probable y el día a día de la tesorería de la Generalitat se tendrá que gestionar en precario al menos al principio de 2023.

Rodalies y la ampliación del aeropuerto

El presupuestario no es el único problema al que se tendrá que enfrentar ERC, que asumirá herencias envenenadas en el Departamento de Territorio, área en la que apenas tiene experiencia. En la mesa del exconsejero de Junts Jordi Puigneró han quedado numerosos temas candentes. El traspaso completo de Rodalies (el servicio ferroviario de Cercanías), la negociación sobre la ampliación del aeropuerto y el proyecto del macrocasino de Hard Rock en Tarragona son tres de ellos, y los dos últimos son materias especialmente molestas para las filas republicanas.

El debate sobre el aeropuerto lo mató Aragonès a través de un tuit después de que Aena asumiera que el proyecto tocaría una zona verde; y el antiguo proyecto de BCN World siempre lo ha liderado el flanco convergente, con los republicanos de perfil por la oposición generada en plataformas locales y de izquierdas. Los dos proyectos juntos podrían suponer una inversión superior a los 3.500 millones y previsiblemente volverán al debate público este año. En el caso del aeropuerto porque los empresarios han lanzado una nueva ofensiva para desbloquearlo y en el del macrocasino porque el plan urbanístico que le debe dar luz verde legal está en fase de redacción después de que el previo lo tumbase la justicia.

A esa incomodidad se suma la dificultad para ERC de contar con políticos y técnicos expertos en una materia siempre controlada por Junts. No sólo la consejería quedará descabezada: ERC también tendrá que buscar altos cargos para organismos de primer nivel presididos ahora por personas del círculo de Junts: la Autoridad Portuaria de Barcelona; la operadora ferroviaria pública Ferrocarrils de la Generalitat; Infraestructures.cat, el mayor brazo inversor de la Generalitat; o el Incasòl, el gran casero de vivienda pública y promotor de suelo industrial.

En el lapso hasta las próximas elecciones también se visibilizará otro de los problemas que ha arrastrado Cataluña en la última década: la falta de nuevos parques eólicos y huertos solares. La comunidad está en el vagón de cola español y su capacidad instalada apenas supera los 3.500 megavatios (MW), un 7% del conjunto español pese a representar un 19% del PIB. El Govern ha modificado su política, pero sigue muy centrada en las pequeñas instalaciones y acaba de crear L’Energètica, un operador público que aprovechará los tejados de las sedes de la Generalitat para instalar placas fotovoltaicas.

Una de las carpetas más gruesas que descansan en la mesa de la Generalitat es la reforma integral de la Formación Profesional, informa Ivanna Vallespín. El año pasado se creó la Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesionales de Cataluña, que ya ha empezado a trabajar en la integración, bajo una misma dirección, de los estudios de FP (que depende de Educación) y la formación ocupacional (adscrita a Trabajo). Asimismo se está elaborando un mapa de necesidades de las empresas para diseñar una oferta de títulos acorde a ellas y una mejora de la orientación a los estudiantes. Más allá de la FP, Educación tiene otras asignaturas pendientes: el impulso de la escuela inclusiva (que alumnos con discapacidad puedan estudiar en centros ordinarios) y la aplicación de la sentencia que obliga a implantar el 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán, que ahora mismo está paralizada y que el Govern pretende eludir.

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