Otra denuncia sobre irregularidades en un concurso agudiza la crisis de los Mossos d’Esquadra

El Departamento de Interior tiene un nuevo frente abierto sobre la mesa: la convocatoria en marcha para cubrir seis plazas de comisario. Mandos del cuerpo, intendentas e intendentes, han denunciado las bases del concurso que consideran que no respetan la ley vigente. El juzgado de lo contencioso-administrativo 13 de Barcelona ha dado 10 días al Departamento que dirige Joan Ignasi Elena (ERC) para que se pronuncie sobre la suspensión cautelar que solicitan. El litigio es un elemento más de tensión y desgaste en los Mossos d’Esquadra, que vive una crisis grave, con la cúpula fracturada, acusaciones de injerencias políticas y con la suspensión de las oposiciones de inspectores e intendentes después de que se hallase un teléfono móvil escondido, grabando la reunión del tribunal evaluador.

La denuncia se basa en la figura de la dispensa de grado: una excepción que podían usar los mossos una vez en su carrera policial para ascender a categorías para las que no contaban con la titulación exigida. En diciembre, aprovechando la Ley de medidas fiscales, que permite modificaciones exprés de normativas, el Govern derogó el artículo que recogía la triquiñuela, vigente desde el año 2000 y pensado para una época de despliegue policial. Pero las bases de la convocatoria de comisarios interpreta que los intendentes que carecen de doctorado, grado universitario, licenciatura, ingeniería o arquitectura necesarios, pero que ya forman de la escala superior porque usaron con anterioridad la dispensa de grado, pueden presentarse. Los denunciantes insisten en que eso supone, de facto, aplicar de nuevo la exención de titulación, “lo que carece de cobertura legal”. El Departamento de Interior esgrime que aún no ha recibido ninguna notificación del juzgado, a pesar de que la dirección general de la policía catalana ha comunicado la demanda judicial a todos los participantes a la convocatoria de comisarios.

“Su mantenimiento [de la dispensa de grado] carece de sentido funcional y de cobertura jurídica”, recoge la denuncia, que insiste en que en la actualidad ya no faltan “funcionarios con titulación superior”. Y añade que uno de los motivos para su derogación fue la defensa de la feminización del cuerpo, una de las puntas de lanza del Departamento de Interior, donde el 43% de las mossas tienen estudios superiores frente al 29% de los hombres. “La dispensa de titulación supone una desigualdad indirecta que favorece la promoción de los hombres por delante de las mujeres”, remacha. Por todo ello, considera que la excepción “no puede restablecerse mediante un acto administrativo” como son las bases de la convocatoria, no contemplada en la ley.

Los mandos denuncian también el sistema elegido para la elección de los comisarios: la libre designación. Sostienen que la fórmula omite los principios básicos “de acceso a la función pública, el de mérito y capacidad”. Y critica que las pruebas consistan en una “entrevista personal y la presentación de un currículum personal”, ambas “cargadas de subjetividad” y que posibilitan “nombramientos interesados por circunstancias diversas”, sin tener en cuenta “criterios estrictamente profesionales”.

Las entrevistas para las seis plazas de comisario empezaron el lunes 3 de octubre y está previsto que continúen durante la próxima semana. Posteriormente, los elegidos deben realizar un curso y después son nombrados oficialmente comisarios, la segunda categoría máxima del cuerpo después de la de mayor, que en la actualidad únicamente ostenta Josep Lluís Trapero. El tribunal está formado por el actual jefe del cuerpo, el comisario Josep Maria Estela, el comisario jefe territorial, David Boneta, la subdirectora de Recursos Humanos, Esperança Cartiel, y una psicóloga. La composición de la mesa que evalúa a los intendentes que se han presentado a las pruebas también ha sido objeto de polémica. El comisario Estela decidió que su segundo, el comisario Eduard Sallent, de quien pidió el cese al Departamento de Interior, quedase fuera, según fuentes policiales.

La derogación de la dispensa de grado ha supuesto un conflicto con los sindicatos de la policía catalana. Desconocedores de que se había anulado el artículo 25 bis de la Ley 10/1994 de la Policía de la Generalitat en diciembre, se reunieron con el Departamento en mayo para debatir sus consecuencias. Consideraron que suponía un agravio, sobre todo para la escala básica policial. También generó el runrún interno de que la actual intendenta Rosa Bosch, integrante de la cúpula policial, o el jefe de la Comisaría General de Recursos Operativos, el intendente Miquel Hueso, no podían presentarse a comisarios sin la dispensa de grado, subsanado en las bases de la convocatoria. Las pruebas, indican fuentes policiales, quieren llevarse a cabo con la máxima celeridad para acallar la crisis interna abierta en el cuerpo y poder llevar a cabo el decreto de reestructuración que ultima el Departamento de Interior.

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