El problema de la vivienda: un reto, dos modelos

Las dificultades para acceder y mantener una vivienda digna han venido llenando titulares, discursos políticos y más de una sobremesa en España en los últimos años. Esta obsesión por la vivienda no debería sorprender, pues ha sido siempre un tema contencioso, especialmente a raíz de la liberalización del suelo que impulsó el primer gobierno de José María Aznar y que diez años después situaba a España entre los países más afectados por la crisis financiera global de 2008 y sus derivadas inmobiliarias. En los últimos años, la combinación de globalización económico-financiera y desregulación de los mercados ha generado un proceso creciente de financiarización, esto es, la vivienda se usa como un activo financiero más, despreciando su condición de bien de uso, garante del derecho a un hogar digno.

En este contexto, Madrid y Barcelona representan dos paradigmas cada vez más alejados, que congregan a su alrededor partidarios y detractores. La primera es aplaudida por inversores, promotores privados y otros partidarios de un sector público subsidiario, que facilite suelo y subsidio público y un marco regulatorio laxo; la segunda, con paralelismos en el País Valenciano y Baleares, recibe el apoyo de organizaciones sociales por el derecho a la vivienda partidarias de un sector público emprendedor, en línea con lo que defiende la economista Mariana Mazzucato.

En el ámbito internacional, mientras la derecha madrileña da cobijo a oligarcas temerosos de las políticas redistributivas que se abren camino en sus respectivos países, la izquierda barcelonesa colabora con la nueva ola de gobiernos progresistas latinoamericanos en el desarrollo de políticas urbanas y de vivienda social. De Chile a Colombia, pasando por las principales capitales latinoamericanas, numerosos gobiernos han mostrado interés por aprender de las experiencias pioneras implementadas en Barcelona durante los últimos siete años. Muestra de ello ha sido la creación de una Microrred por el derecho a la vivienda en el marco del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) en la que participan Antioquia, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Montevideo y Tijuana, además de Barcelona; o el rol protagónico de Barcelona en el próximo festival de arquitectura y ciudad Mextrópoli, en Ciudad de México, este septiembre.

Uno de los principales temas de interés para Latinoamérica es el alquiler social con protección pública permanente, eje central del Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025. A nivel europeo, el interés por la vía barcelonesa ha llevado a Housing Europe, la Federación europea de promotores públicos, cooperativos y sociales, a elegir Barcelona para acoger el 4º Festival Internacional de la Vivienda Social en marzo de 2023.

En contraste, Madrid ha apostado por facilitar la descalificación de la vivienda protegida con períodos de protección muy cortos, de 15 años o inferiores. La desregulación de las viviendas protegidas a corto plazo contribuye a perpetuar el atraso ibérico, dejando a España a la cola de la Unión Europea en porcentaje de vivienda social de alquiler (1,1% del parque respecto al 7,5% de la UE, según la OCDE). Pan para hoy, hambre para mañana.

Aunque ninguna política pública ha sido capaz de garantizar plenamente el derecho a la vivienda al conjunto de la población, aquellos países con un parque significativo de vivienda social de alquiler muestran mejores resultados que los modelos centrados en facilitar el acceso a la propiedad. El eterno debate de la vivienda juega su último partido entorno al proyecto de Ley de Vivienda estatal, que debería priorizar el alquiler social aprendiendo de la mejor experiencia europea.

Eduard Cabré Romans es politólogo-urbanista

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