Tres avales y un mismo administrador: así cobró Basic Devices 35 millones a la Generalitat por la compra de mascarillas
El proveedor de material sanitario de la Generalitat contactó con altos cargos y con la esposa de Torra para desbloquear la operación
Basic Devices (BD), la empresa que vendió a la Generalitat de Cataluña cinco millones de unidades sanitarias (mascarillas y equipos de protección) contra el coronavirus por 35 millones de euros, consiguió la aprobación de los mecanismos de contratación pública con avales de empresas de la misma propiedad. Basic Devices no había trabajado anteriormente con la Administración, por lo que la Generalitat le requirió avales económicos para ejecutar una contratación compleja y muy cara. Roger Parellada, administrador de BD, acreditó la solvencia de su empresa basándose en la capacidad económica de otras compañías externas a su nombre, según acredita el expediente de contratación al que ha tenido acceso EL PAÍS. Parellada y sus socios presentaron el aval de cuatro empresas: este comisionista era o había sido administrador en tres. La contratación se ejecutó en un mercado inflado tras unas sospechas iniciales de estafa, una denuncia retirada a los Mossos d’Esquadra y dos días de presiones a altos niveles.
La gran demanda internacional de material de protección por la crisis de la covid llevó a la Generalitat a tomar decisiones de riesgo y a validar contratos públicos sin las garantías habituales para conseguir suministros. El Departamento de Salud buscó durante la primera ola nuevos proveedores que ofreciesen un acceso inmediato a la compra de mascarillas y equipos individuales. BD fue uno de ellos. La empresa consiguió un contrato de emergencia de 60 millones, aunque finalmente la cifra se redujo a 35. Este tipo de contratos se asignan a dedo por la urgencia de la situación y la falta de tiempo para abrir una licitación pública. La Oficina Antifraude de Cataluña calificó en febrero la operación como “temeraria” por la falta de garantías, pero el consejero de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, defendió en el Parlament asumir el riesgo para no quedarse sin unos suministros “fundamentales” para los profesionales en plena primera ola.
El acuerdo con Basic Devices refleja el paradigma de los contratos de emergencia durante la pandemia por su convivencia entre el riesgo económico y la necesidad sanitaria. La primera semana tras el estado de alarma, el 14 de marzo, murieron casi 500 personas en Cataluña y la cifra aumentó hasta las 2.650 víctimas en siete días a finales de mes. El Gobierno catalán ejecutó el 19 de marzo la contratación de cinco millones de unidades de protección tras validar las garantías de la empresa y avanzó a los pocos días esos 35 millones de euros. Las entidades bancarias, sin embargo, avisaron al Govern de que aquella transacción podía comportar “una estafa” porque el saldo medio de Basic Devices era “mucho más bajo”, tal como avanzó EL PAÍS. El Ejecutivo catalán denunció el caso ante los Mossos d’Esquadra y pidió “aclaraciones de las operaciones financieras” a Parellada. La primera respuesta del empresario fue contundente: “Vuestra actuación es incomprensible (...) y esta situación puede poner en peligro la vida de mucha gente”.
Un responsable técnico que intervino directamente en la negociación con Parellada admite las “altas presiones” de aquellos días entre departamentos, especialmente Economía y Salud, pero reivindica la decisión tomada: “No fueron las mascarillas más baratas ni las más caras del mercado. Si no hubiésemos actuado nos habrían acusado de inacción”, considera. La operación salió finalmente adelante tras dos días de conversaciones y largas negociaciones, alguna de hasta cinco horas. Hace unos días, El Confidencial publicó que el propio Parellada llegó a contactar con Carola Miró, la esposa del entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que mediara para desbloquear la situación.
El Gobierno catalán compró dos millones de mascarillas quirúrgicas a un euro la unidad; otros dos millones de FFP2 a 2,95 euros la pieza; y un millón de EPI a 20 euros, según consta en la factura pertinente del Institut Català de la Salut, entonces liderado por Josep Maria Argimon. El material empezó a llegar a partir de finales de marzo y Salud confirmó que los suministros estaban en buen estado. El coste es inferior al que abonó la Comunidad de Madrid en el mismo periodo: el precio medio de una mascarilla fue de cuatro euros, según un informe de la Fiscalía Anticorrupción; y alcanzó los cinco cuando intervino Priviet Sportive, la empresa de la que cobró el hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la entrega de suministros defectuosos.
Los contratos por la vía de emergencia durante la pandemia pusieron en alerta a los diferentes órganos de control. La Sindicatura de Cuentas señaló en febrero siete contrataciones del Govern por valor de 31,6 millones de euros, que “se alejan de las necesidades destinadas a la protección de la covid”: la Generalitat utilizó esta vía para cerrar acuerdos relacionados con servicios veterinarios, licencias de Microsoft, cámaras policiales o logística informática para la recaudación de un impuesto medioambiental, entre otros.
La misma Sindicatura publicó el miércoles un informe en el que alertaba de un “sobrecoste no razonable” de 1,55 millones de euros en el pago de 11,79 millones a Ferroser Servicios Auxiliares S. A. por la contratación de los rastreadores de covid, además de otras irregularidades en contratos de emergencia por la epidemia. El Departamento de Salud comunicó el jueves que el consejero de Salud, Josep Maria Argimon, ha ordenado al Servicio Catalán de la Salud (CatSalud) que encargue “de forma inmediata” una auditoría externa para investigar las irregularidades detectadas por la Sindicatura en contratos de los años 2019 y 2020.
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