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PP y PSOE eliminan las críticas del Consejo de Europa al juicio del ‘procés’

El caso sobre la libertad de expresión en España y Turquía se cierra un año después de aprobarse el ‘informe Civelics’

Hemiciclo del Consejo de Europa, en Estrasburgo
Hemiciclo del Consejo de Europa, en Estrasburgo

Parlamentarios del PSOE y PP han unido este martes sus fuerzas para eliminar las críticas al juicio del procés de un proyecto de resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y cerrar el caso por la presunta falta de libertad de expresión en España, abierto a raiz de los juicios contra los responsables políticos del referéndum del 1-O.

El orden del día de la Comisión de Asuntos Jurídicos y DDHH incluía el seguimiento del documento del diputado letón Noriss Cilevics sobre la libertad de expresión en Turquía y España, que ya se aprobó hace un año por la asamblea, así como una propuesta de declaración. El portavoz del PP, Pablo Hispán, ha pedido que se eliminara el párrafo de la declaración que hacía mención a España y, con un ajustado resultado (13 votos a 12), ha logrado que se aprobara su supresión.

Los perdedores han pedido que se repitiera la votación, alegando que habían votado parlamentarios que no pertenecían a la comisión, pero su petición ha sido rechazada por un margen más amplio: 17 en contra y 12 a favor. Cilevics, ponente del informe, ha retirado finalmentre el resto de la declaración, al considerar que no tenía sentido mantenerla sin la alusión a España. Al haber transcurrido un año desde la aprobación de la resolución inicial ya no es posible presentar una nueva propuesta, por lo que elcaso se cierra, según fuentes parlamentarias. El informe de seguimiento no se ha sometido a votación, ya que solo compromete al diputado letón.

El párrago suprimido se felicitaba de los indultos concedidos a los presos independentistas, sin obligarles a renunciar a sus convicciones, pero expresaba su preocupación por el hecho de que dichos indultos hayan sido impugnados ante el Supremo y lamentaba que siguan pendientes “numerosas causas penales contra otros funcionarios o exfuncionarios catalanes relacionadas con los hechos que rodearon el referéndum inconstitucional de 2017, así como las órdenes de detención contra varios políticos residentes en el extranjero”. Todo ello, agregaba, demostraría la necesiadad de reeocnsiderar la tipificación de los delitos de sedición y rebelión para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Europa.

Hispán ha declarado a Efe a la salida de la Comisión su alegría por el fin de un informe “cuyos soportes han sido Òmnium Cultural y el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó”. Los representantes socialistas Marc Lamuà y Sergio Gutiérrez coincidieron en la importancia del trabajo complementario para el resultado final. Gutiérrez ha recordado que hay 11.388 políticos electos en Cataluña, ”muchos de ellos independentistas, y sólo siete han sido condenados, no por libertad de expresión, sino por sedición y por la organización de un referéndum ilegal”. Lamuà ha argumentado que “hay un partido independentista que sostiene al Gobierno [en alusión a ERC], una mesa de diálogo [entre los dos Ejecutivos] y un gran pacto sobre el uso vehicular de las lenguas castellana y catalana”. Ha rechazado así la idea contenida en el informe de que las condenas judiciales a los políticos catalanes se dictaron “por las declaraciones formuladas en el ejercicio de sus mandatos políticos a favor del referéndum anticonstitucional”.

Por su parte, la senadora de ERC Laura Castel ha lamentado la imagen dada por los parlamentarios españoles al pedir “que se elimine la referencia a su país” del documento. También el parlamentario francés del PPE François Calvet ha calificado de “deplorable” lo sucedido con el informe Cilevics. El presidente de la delegación española, el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones, presentó un voto particular en el que rechazaba “comparar las diferentes tradiciones políticas y constitucionales de España y Turquía” como hacía el diputado socialista letón.

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