Administraciones fallidas

Un total de 2.410 familias han sido desahuciadas de sus hogares en Cataluña en el primer trimestre de este año, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cataluña tiene nuevamente el dudoso honor de seguir liderado el ranking de toda España. En este contexto, administraciones como la Generalitat surfean con escasa convicción política sobre el problema. Tampoco ayuda la catastrófica gestión del banco malo o Sareb a la hora de administrar su parque de viviendas, que ya ha costado al contribuyente un incremento de la deuda en 35.000 millones de euros y ha aumentado en 14.000 millones el déficit público.

El caso es que recae sobre los ayuntamientos la responsabilidad inmediata de hallar soluciones. Algunos gobiernos municipales, como el de Barcelona, ensayan políticas en este sentido. Otras ciudades catalanas, en cambio, se revelan en su quehacer diario como administraciones fallidas. Badalona, la cuarta población de Cataluña, es un ejemplo de ello. Gobierne la derecha montaraz de Xavier García Albiol –que es sorda a estos problemas– o la más receptiva coalición actual, que agrupa desde los socialistas a Junts per Catalunya pasando por ERC y los comunes, la acción municipal es víctima de la rigidez burocrática.

Esta semana han sido nuevamente organizaciones del tejido asociativo local las que, anticipando de su propio bolsillo el pago de albergues, han evitado que tres familias con ocho hijos menores de 12 años se quedaran sin vivienda y con sus enseres en la calle. El caso más lacerante de todos los vividos en los últimos días es el de F., una mujer marroquí de 40 años, víctima de violencia machista, que vivía hasta el pasado lunes en el barrio de Llefià. Tiene tres hijos: la mayor de 13 años, la menor de dos. Malos tratos, agresiones y abusos sexuales eran una moneda tan común en la vida de esta mujer, que, a pesar de no hablar apenas castellano, presentó una denuncia contra su pareja. Luego, asustada, quiso retirarla. Pero la gravedad de los hechos y las evidencias eran tales que fiscalía mantuvo la acusación contra el marido.

El pasado lunes, F. fue desahuciada de su piso. Se trataba de un contrato de alquiler con un particular –no un gran tenedor– y había poco que objetar al procedimiento. La burocracia del Ayuntamiento de Badalona no había previsto nada, a pesar de los informes de los servicios sociales al respecto. Las plataformas solidarias se pusieron en marcha en cuanto tuvieron conocimiento de la situación a través del colegio de los hijos. El Ayuntamiento en un primer momento le propuso a F. que fuera a vivir con su hermano, lo que suponía más un peligro que una oportunidad, habida cuenta del habitual papel coercitivo de la familia de una mujer musulmana que ha osado denunciar a su marido. El caso es que Badalona Acull –que agrupa desde Cáritas hasta organizaciones como la plataforma Sant Roc Som Badalona– hizo la tarea de suplencia. El Ayuntamiento no respiró ni movió ficha hasta pasados tres días, cuando ante la presión social, anunció la búsqueda de solución.

Badalona ha tenido gobiernos de todos los colores, pero la maraña burocrática hace tan difícil a veces distinguirlos como hacerlo en plena oscuridad entre un hilo blanco y uno negro, según los cánones coránicos.

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