La Agencia Tributaria de Cataluña declara un fraude de 338,5 millones de euros en 2021

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) hizo aflorar el año pasado 338,5 millones de euros, un 55 % más que en 2020, lo que supone un récord histórico desde que la hacienda catalana puso en marcha su primer plan de prevención del fraude fiscal, en 2015. La ATC, con una plantilla de 799 personas, llevó a cabo el año pasado 52.913 actuaciones de recaudación, gestión e inspección, y el importe medio por actuación fue de 6.396 euros, un 39% más que el año 2020 y el más elevado también desde 2015.

Por figuras impositivas, el mayor fraude descubierto fue en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con 146 millones de euros aflorados, equivalente al 43% del total, tras 6.797 actuaciones. La hacienda catalana también afloró 100,8 millones de euros del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), lo que supone el 30% del total, con 4.893 actuaciones, y 86,9 millones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, equivalente al 26% del total, con 33.975 actuaciones.

La agencia tributaria catalana también practicó 45 liquidaciones por un importe de 28,7 millones de euros por hechos impositivos no declarados por cambios de residencia ficticios. De estas, 20 son deslocalizaciones ficticias a otras comunidades autónomas por un importe de 1,2 millones, mientras que el resto (25) son al extranjero, por un importe de 27,5 millones. Desde la agencia explican que la mayor parte de deslocalizaciones están relacionadas con el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha destacado la lucha contra el fraude fiscal que se está haciendo desde la entidad. Asimismo, ha insistido en que “los impuestos son la fórmula más eficiente para combatir la desigualdad y promover la justicia social” y en que pagarlos “no es una obligación sino un deber porque son la palanca que disponen los estados para hacer una sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria”. Es por eso que ha hablado del fraude fiscal como “el comportamiento social más insolidario y potencialmente más corrosivo que se puede dar en el sí de una sociedad y la conducta que merece el menosprecio más grande porque se dirige contra toda la sociedad, especialmente contra los más frágiles y vulnerables”. En este sentido, ha querido recordar que “Cataluña no es un infierno fiscal” y ha dejado clara su intención: “Hacer de Cataluña un infierno para los defraudadores fiscales”.

El principal objetivo de la ATC, tal como ha señalado Marta Espasa, la secretaria de Hacienda, es “minimizar el fraude fiscal”. Por ello, el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas tributarias 2019-2022 se ha centrado en políticas de prevención del fraude, a partir de estrategias de sensibilización y campañas de concienciación de la ciudadanía, como por ejemplo con talleres en escuelas. Igualmente, se ha buscado mejorar los servicios al contribuyente, por lo que prácticamente el 96% de los trámites ya se pueden hacer de forma telemática. Y también se quiere detectar y corregir el fraude fiscal con la implicación de todos los agentes del sector fiscal. En este sentido, se ha puesto en marcha un proceso de selección para incorporar 20 personas al cuerpo superior de inspectores y 120 personas al cuerpo técnico de gestores.

Marta Espasa, la secretaria de Hacienda, ha valorado el grado de ejecución del Plan “satisfactoriamente”, ya que de las 73 medidas ejecutadas, 55 han estado totalmente logradas (el 75%); 12 lo han estado parcialmente (el 17%), la previsión de las cuales es que durante el 2022 se acaben de lograr; 3 no han estado logradas (el 4%) y 3 no han sido evaluadas (el 4%).

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