Ucrania contra el bloguero Sharii: ¿traidor o disidente?

Anatoli Sharii respira aliviado, ya de vuelta en Cataluña, junto a su mujer y su hijo. Ha ganado la primera batalla (evitó la prisión tras ser detenido) y aguarda ahora a que Ucrania formalice su petición de extradición ante la Audiencia Nacional. Sobre este bloguero, activista y político pesa una causa judicial por delitos de “alta traición” e “incitación al odio”, que puede llevarle a la cárcel. Ucrania considera que sus vídeos en Youtube (donde cuenta con 2,9 millones de seguidores) prueban que está al servicio de Rusia y que ha fomentado la guerra informativa a favor del Kremlin. Sharii, de 43 años, replica que es víctima de una persecución política por parte de un presidente, Volodímir Zelenski, que castiga a la disidencia.

El proceso penal, a cuyo contenido ha accedido EL PAÍS, pone en todo caso a prueba la robustez del estado de derecho de un país que se halla en plena lucha contra el invasor ruso.

El pasado 15 de marzo, la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, remitió una orden internacional de detención (OID) a España, donde Sharii reside desde hace más de una década: asegura que huyó del país tras haber denunciado, como periodista, casos de corrupción política, y que en su domicilio de Roda de Berà (Tarragona) ha sufrido amenazas de grupos neonazis y progubernamentales que ha denunciado en el juzgado.

La fiscal concreta que el activista y político —fundó el Partido de Sharii, recientemente prohibido por considerarse prorruso— es buscado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) por dos delitos. Uno, el de “alta traición”, por actuar “en detrimento de la soberanía” del país y por “asistir a un país extranjero” [Rusia] para llevar a cabo “acciones subversivas”. El otro, el de “incitación al odio” al “humillar el honor y la dignidad nacional”.

La acusación no se basa en hechos, sino en palabras: las que Sharii ha dirigido a sus millones de seguidores desde internet entre 2013 y 2020, y especialmente durante el conflicto bélico en el Donbás (este de Ucrania) que comenzó en 2014. La Fiscalía le acusa de “conspirar” con representantes de la Federación Rusa para ayudarles a ejecutar “actividades subversivas en la esfera de la información”. El bloguero es, a ojos de Ucrania, un propagandista ruso camuflado que ha difundido información “distorsionada” con elementos de “manipulación psicológica” por motivos “ideológicos” y espurios.

Los vídeos de Sharii, siempre según la acusación, han fomentado conflictos entre ucranios y han atentado contra la soberanía y el orden constitucional del país. Al activista le acusan incluso de “socavar la moral de la población y del Ejército”.

Uno de los principales indicios que esgrime la acusación es que Sharii transmitió parte de esos mensajes en programas de las televisiones estatales de Rusia, como Russia 1 y Russia 24, cuya difusión sirvió para “distorsionar la conciencia de parte de la población de Ucrania” y para “despertar dudas” sobre la necesidad de un estado independiente. Sharii también “fomentó el sentimiento separatista en ciertas regiones”.

El activista niega de forma tajante que participara en esos programas: asegura que las cadenas simplemente tomaron los vídeos de Youtube y los emitieron. También señala errores de bulto en la acusación; por ejemplo, al atribuirle unas palabras sobre el conflicto bélico del Donbás (”los rusos están en guerra con los nazis”) que, en realidad, fueron pronunciadas por el presentador de la cadena.

Sharii afirma que es víctima de una persecución y sabía que, tarde o temprano, llegaría su detención. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se presentaron en su casa el miércoles y le trasladaron a Madrid. Aunque la fiscal ucrania había pedido su ingreso en prisión provisional, su homóloga española —que asistió a la vista— no lo vio claro y solicitó la puesta en libertad. Así lo acordó el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, que no obstante le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España a la espera de que Ucrania concrete ahora la petición de extradición y de que el magistrado la resuelva. El activista, que ha confiado su caso al abogado Gonzalo Boye, cree que seguirá en España porque “no hay caso”.

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