Un juez investiga el acoso de neonazis ucranios a un activista oculto en España

Olga Bondarenko no quiere que Anatolii Sharii salga a pasear a solas junto al mar. Y menos de noche. Teme que, en ausencia de los guardaespaldas que han contratado, le secuestren. O le maten. “Queremos vivir en paz con nuestro bebé”, cuenta angustiada. Sharii -periodista, activista y político ucranio de 42 años- está en la diana de grupos neonazis de ese país, que han amenazado públicamente con asesinarle. La familia ha intentado llevar una vida discreta en un pueblo del litoral catalán. Pero los ‘ultras’ han encontrado su refugio. Y les acosan.

Un juez español investiga por amenazas y delito de odio a los máximos responsables de Grupo Nacional, un partido de ultraderecha surgido del Batallón de Azov, la organización paramilitar que luchó contra los separatistas de Donetsk y que ha servido de inspiración a supremacistas blancos de todo el mundo. Su líder, Andrii Biletsky, propugna la “destrucción física” de los seguidores del partido político que Sharii, que tiene un canal de Youtube con 2,4 millones de seguidores, creó hace dos años y que se opone con vehemencia a las políticas del presidente Volodímir Zelenski. En uno de los informes del sumario, al que ha accedido EL PAÍS, los Mossos d’Esquadra concluyen que ambos están siendo “asediados y perseguidos por su tarea periodística y por su pertenencia” al partido opositor.

Los Mossos indagan las actividades del grupo ultranacionalista Cuerpo Nacional por “perseguir” a Sharii

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Sharii abandonó su país hace una década tras denunciar, como periodista, casos de corrupción. Logró que Lituania les concediera, a él y a Olga, el estatus de refugiados políticos, lo que les ha permitido vivir en distintos países de la Unión Europea. Han encontrado su hogar en un rincón del Mediterráneo, donde ha nacido su hijo. Quieren quedarse. Pero temen por su vida. En verano del año pasado, Sharii buscó el auxilio de la justicia española y se querelló contra los jerarcas de Cuerpo Nacional, catalogado como “grupo violento” por un informe de la ONG Republic Institute.

La situación se había vuelto insostenible. En Ucrania, los neonazis perseguían y agredían en la calle, a plena luz del día, a seguidores del partido de Sharii; durante una marcha en Kiev, sacaron a pasear un ataúd con su fotografía. Mientras tanto, en internet, proliferaban las amenazas de muerte contra él. Le acusaban de ser un “traidor prorruso” y exigían su asesinato. Pero lo peor llegó cuando un ucranio residente en España, Oleksandr Zoloutukhin -un tipo que en su perfil de Facebook comparte fotografías de Hitler y mensajes antisemitas- pagó 24 euros para averiguar, a través del registro de la propiedad, el domicilio español de Sharii. Los ‘ultras’ empezaron a difundir la dirección. “El chalet de Anatolii. Ahora sé donde vives. Te visitaremos en España, ¡espéranos, maricón!”, escribió uno de los jerarcas de Grupo Nacional.

El retrete y los panfletos

La querella por esas amenazas, elaborada por el abogado Jordi Roca, vaticinaba que las cosas podían ponerse aún más feas para la familia, pues se avecinaban elecciones municipales en Ucrania, en las que el partido de Sharii iba a concurrir. No se equivocó. El verbo se transformó en acción y comenzó una intimidación física en tres episodios.

La madrugada del 14 de septiembre de 2020, tres hombres protegidos con pasamontañas dejaron un retrete frente a la casa mientras exhibían banderas y escudos de Ucrania, tal como recogieron las cámaras de vigilancia. Huyeron, en dirección al mar, cuando fueron descubiertos por uno de los vigilantes de seguridad. Los Mossos analizaron las huellas dejadas en el retrete, pero no obtuvieron resultados. Tres días después, alguien colgó carteles en postes de electricidad y farolas del vecindario con la foto de Sharii y un mensaje: “Vecinos: tened cuidado. La policía de los Países Bajos está investigando acusaciones de pedofilia contra Anatolii”. Roca, el abogado, afirma que fue una denuncia falsa que se archivó de plano.

“Necesitamos una operación especial para que vengan nuestras águilas a España y lo maten”

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Solo una semana después, otro personaje oscuro, Sergii Ivanov -que ha ocupado diversos cargos en el Gobierno ucranio tras la caída de Yanukovich- se hizo una selfie delante de la casa y la publicó en internet, donde también colgó los datos de la renovación del pasaporte de Olga y el nombre del bebé. Olga solo ve una explicación posible: que obtuviera la información del consulado de Ucrania, adonde tuvo que ir para tramitar el pasaporte del crío. Olga denuncia la obstrucción del consulado, que no ha facilitado -tal como solicitó el juez- la identidad de los querellados. La familia denuncia la connivencia del Gobierno con los ultras, a quienes utiliza, dice, como mamporreros.

Aunque en el juzgado el caso está en sus inicios, los Mossos d’Esquadra se lo han tomado en serio. Han analizado una entrevista que Ivanov hizo a un miembro de Cuerpo Nacional, Iván Semesyuk, que además es artista y pinta cuadros con esvásticas. Semesyuk propone la solución definitiva al conflicto: “Sharii debería claramente ser asesinado (…) Necesitamos una operación especial para que vengan nuestras águilas a España y lo maten”. Los servicios de información de la policía catalana han analizado el perfil de Semesyuk, que le vinculan sin ninguna duda con el “ideario supremacista blanco”. Y con Cuerpo Nacional.

Acusado de “alta traición”

Al asedio neonazi se ha unido una ofensiva judicial del Estado. Ucrania ha abierto un proceso penal por los delitos de alta traición e incitación al odio interétnico, según documentos a los que ha accedido este diario. El Servicio de Seguridad ha concluido ahora que, en 2014, coincidiendo con el conflicto bélico en el este del país entre los separatistas prorrusos y el Gobierno, Sharii ayudó a las actividades “subversivas” de Rusia publicando información distorsionada. El abogado del activista cree que es “un claro caso de persecución política” cuyo objetivo final es lograr la extradición a Ucrania de Sharii, donde “con toda probabilidad sería asesinado”, según un escrito remitido al juez.

El Estado acusa ahora al activista por dar apoyo informativo a Rusia en el conflicto contra Ucrania

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La acusación, que podría acarrearle una pena de hasta 20 años de cárcel si prospera, se basa en el contenido de una serie de entrevistas y vídeos colgados en internet. En un canal ruso, Sharii criticó la actuación del ejército (“no deberían llamarse patriotas”), lo que, en un lenguaje que suena a otra época, puede “socavar la moral de la población y del ejército de Ucrania”. El periodista también recordó un episodio de la II Guerra Mundial -el ataque por parte de nacionalistas ucranios a un tren donde viajaban polacos- que, para la acusación, es un intento de “provocar un conflicto interétnico ucranio-polaco”. También le acusan de “distorsionar” la realidad sobre la revolución de Maidan e “incentivar las tendencias separatistas” y de hacer “propaganda del multilingüismo”. En definitiva, de “ayudar” a la estrategia de Rusia en el país.

Sharii dibuja una sonrisa entre pícara e indignada sobre un rostro infantil, acentuado por unas gafas grandes y redondas. “A cualquier persona que no apoye a [Volodímir] Zelenski, se le tacha de prorruso. Yo no lo soy. No tengo contactos con Rusia”, cuenta desde el sofá de su casa. Dice que hay errores de bulto en la acusación (muchas palabras “en realidad las dice el presentador) y ve en el impulso penal la mano del presidente ucranio, al que acusa de intentar prohibir su partido. Dice Sharii que Ucrania presiona a Lituania para que le retire su condición de refugiado, que le ha permitido obtener el permiso y vivir en Cataluña.

Desde aquí, ambos dirigen las actividades del partido y siguen con preocupación los sucesos de su país. Han contratado a personal armado, pero han pedido al juez, Eduardo Moreno, que les proteja. “Nuestra vida corre peligro”, denuncia Sharii. El magistrado está a la espera de recibir un informe de los Mossos antes de tomar una decisión, aunque ya le ha considerado testigo protegido. El director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat, Adam Majó, ha emitido un escrito en el que afirma que la familia reúne las condiciones para que España les conceda el asilo.