El Defensor del Pueblo catalán pide modificar la consulta sobre los Juegos Olímpicos: incluir a Barcelona y cambio de fecha

El Síndic de Greuges se ha sumado este jueves a las críticas a la consulta convocada por el Ejecutivo catalán sobre la candidatura para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 y ha instado a realizar dos modificaciones. Por un lado, el Defensor del Pueblo de Cataluña considera que también se debe incluir al área de influencia de la capital en la consulta, pues allí tendrían lugar las competiciones de hielo. El plan de la Generalitat pasa por realizar la votación en las comarcas de Alt Pirineu, Berguedà, Ripollès y Solsonès. Por otro, Rafael Ribó defiende que el 25 de julio es una fecha poco adecuada y pide que se evite que esta coincida con el periodo vacacional.

Las dos propuestas llegan después de que el Síndic abriera de oficio una investigación sobre los criterios utilizados por el Ejecutivo para diseñar la consulta, cuyo resultado será vinculante. El Gobierno catalán finalmente optó hace diez días por un modelo de dos consultas diferencias territorialmente. En el Alt Pirineu ( unos 55.000 vecinos podrán votar), donde se concentran las instalaciones que acogerían las competiciones, la pregunta será: ¿El Govern ha de presentar una candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos?”. Para el resto de municipios convocados, la pregunta es: “¿Su comarca se ha de involucrar en el proyecto de Juegos Olímpicos y Paralímpicos?”.

Ribó, en una nota de prensa, ha pedido “incluir dentro de los territorios a consultar la comarca del Barcelonés”, argumentando que está “también implicada como sede para la celebración de pruebas deportivas de hielo”. El Gobierno autonómico había descartado consultar a los vecinos de la capital (donde el rechazo a los Juegos es mayor, incluso en algunos sectores de ERC), asegurando que el impacto sería más asumible y dando todo el protagonismo al Pirineo.

Los comunes —en contra del evento, aunque la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, da su apoyo— y la CUP habían criticado que la consulta, de facto, creara “catalanes de primera y catalanes de segunda”. También consideraron que la fecha elegida no ayudaba a fomentar la participación. El Síndic, en sus recomendaciones, ha ahondado en esa idea y pide, sin especificar, que se elija otra “para evitar que coincida con el período de vacaciones de verano”.

El Gobierno calcula que unas 118.000 personas, empadronadas en los municipios elegidos, podrán votar. La gestación de la consulta generó roces entre los socios del Govern, añadiendo presión sobre una candidatura muy afectada ya por la falta de sintonía entre Cataluña y Aragón, que llevó a esta última desmarcarse de la propuesta pactada con el Comité Olímpico Español y el Gobierno central.

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