La juez envía a juicio a Roger Torrent por las resoluciones soberanistas del Parlament
El expresidente de la Cámara y otros miembros de la Mesa están acusados de un delito de desobediencia grave al Constitucional por tramitar declaraciones a favor de la autodeterminación
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio al consejero de Empresa, Roger Torrent, y a los miembros de JxCat y ERC de la Mesa del Parlament que presidió, por un delito de desobediencia grave al Constitucional al permitir la tramitación de resoluciones soberanistas.
En un auto, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret ha ordenado abrir juicio oral contra Torrent y contra los exdiputados del Parlament Eusebi Campdepadrós -actual secretario de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat- y Josep Costa, de JxCat, además de Adriana Delgado, de ERC.
La causa se deriva de una querella que presentó la Fiscalía contra Torrent y la Mesa por tramitar dos resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía, que el Parlament aprobó en noviembre de 2019, poco después de la sentencia del procés.
La magistrada concluyó que hay indicios para juzgar a Torrent y al resto de diputados de la Mesa, por haber actuado “con desprecio a la legalidad constitucional y previamente advertidos por el TC” cuando permitieron la votación de ambas resoluciones, que eran “sustancialmente iguales” a otras que habían sido suspendidas previamente.
Las resoluciones tramitadas defendían el derecho del pueblo de Cataluña a la autodeterminación y reprobaban la monarquía, lo que según la juez es “contrario a la configuración constitucional del Rey” reconocida en la Constitución, así como a la “inviolabilidad y a la exención de responsabilidad” de su figura.
Por estos hechos, la Fiscalía Superior de Cataluña pide un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Torrent, así como para los dos exdiputados de JxCat.
A Adriana Delgado, que era miembro de la Mesa por ERC y participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.
Con este trámite, el TSJC da diez días de plazo a las defensas de los procesados para que presenten sus escritos.
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