Así burla la Generalitat de Cataluña la ley de seguridad ciudadana

La Generalitat de Cataluña ha puesto negro sobre blanco cómo lo harán sus trabajadores para burlar la ley de seguridad ciudadana, conocida como la ley mordaza, y así no sancionar en manifestaciones no comunicadas, en desahucios o en cualquier otro tipo de protesta, siempre que sea pacífica. Un documento interno del Departamento de Interior, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla a los funcionarios responsables de tramitar las multas que imponen los Mossos d’Esquadra el criterio que deben tener en cuenta, apoyándose en la jurisprudencia, para no aplicar la ley vigente.

La intención principal del Departamento de Interior catalán es evitar las numerosas sanciones impuestas a movimientos sociales y partidos políticos -principalmente a la CUP-, en protestas contra desahucios. Los Mossos d’Esquadra hallaron en las sanciones por obstrucción a la autoridad una forma de frenar las concentraciones que impedían intervenir a las comitivas judiciales. El Departamento, que dirige Joan Ignasi Elena (ERC), no ordena a la policía catalana que deje de levantar actas, como se conoce el procedimiento previo a que se incoe una sanción. Lo que hace es detallar a los funcionarios de la Dirección General de Administración de la Seguridad (DGAS) –responsables de tramitar las multas- una interpretación basada en la jurisprudencia del Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que archiven esas sanciones.

En los casos de desahucios, el documento de 25 páginas de la Generalitat, plagado de citas a pie de página de sentencias, deja claro que una protesta pacífica no es sancionable. Cuando se trata “de posicionarse meramente delante de la puerta de acceso” a la vivienda a desalojar “y no irse a pesar de las indicaciones del mando policial, sin ningún acto de violencia ni de resistencia física más allá de obligar a los agentes a retirar las personas implicadas” para llevar a cabo la orden judicial, con una actitud “puramente pasiva, por ejemplo, sentados en el suelo” ser archivarán las sanciones. “La conducta se mantiene dentro de los límites constitucionales del ejercicio lícito del derecho fundamental”, sostiene el Departamento, porque “no comporta un perjuicio ni una lesión de los bienes jurídicos protegidos suficiente como para justificar el sacrificio de unos derechos fundamentales tan trascendentes”.

También aborda una práctica ya habitual desde hace años en el Departamento de Interior: no tramitar las actas levantadas en las manifestaciones no comunicadas. El documento detalla que se “requerirá de un juicio de proporcionalidad” y no multar en el caso de una manifestación pacífica y cuando “concurra en circunstancias como la necesidad de dar respuesta inmediata a un acontecimiento actual”. Desde 2015, los Mossos y las policías locales han abierto cerca de 6.500 actas por falta de comunicación o en manifestaciones comunicadas, pero con cambios sustanciales de los planes iniciales. El Departamento no ha tramitado ninguna de esas sanciones.

El texto también se refiere a otros detalles, como la necesidad de discernir entre quienes cometen actos violentos dentro de un grupo de participantes en una protesta. “Habrá que considerar que solo la concreta persona o personas que efectivamente hayan cometido estas conductas o hayan participado de manera efectiva y relevante en el exceso de los otros serían merecedoras de sanción”, indica. O la información, como un derecho fundamental a defender, diferenciado a los periodistas “del resto de intervinientes en la protesta” para no multarlos

El anuncio del Departamento de Interior de que no aplicará la ley mordaza haciendo una interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos humanos levantó ampollas entre los sindicatos policiales. “Nadie nos ha informado. Nos gustaría saber en qué jurisprudencia se basa”, pidió el secretario general del sindicato mayoritario en Mossos, Sap-Fepol, Pere Garcia, que recordó que “la ley es la que”. USPAC criticó que suponía un menoscabo a la autoridad de la policía, que seguirá multando, a sabiendas de que será un trabajo en balde. “Es una forma de destipificar una ley que únicamente un legislador puede tocar”, critican fuentes policiales.

En la comisión de modelo de orden público, que se celebra desde hace semanas en el Parlamento catalán para decidir el futuro de las pelotas de foam que utilizan los antidisturbios (Brimo), también salió el tema. El diputado de PSC- Units, Ramon Espadaler, lamentó que la directora de la DGAS, Sònia Andolz, presente en el encuentro, no respondiese “ni una” de las preguntas sobre la “retirada de sanciones”. El documento del Departamento de Interior deja claro que se estudiará caso a caso y cuando se considere que aplicando la jurisprudencia no se vulnera un derecho fundamental, ni siquiera se incoará un procedimiento sancionador. La DGAS dará carpetazo a las multas con una “diligencia motivada de archivo”.