Seis pseudoclínicas clausuradas en Barcelona por hacer miles de falsas PCR

La Guardia Urbana de Barcelona ha localizado seis establecimientos en los que se realizaron en los últimos meses miles de PCR y test de antígenos sin ningún tipo de autorización. Al no estar homologados para realizar estas pruebas no se introducían en el sistema informático de la Generalitat y, por tanto, no quedaban registrados los datos. Salud cree que las irregularidades todavía pueden ser muchísimo más graves: En la mayoría de pseudoclínicas proporcionaban los resultados de forma instantánea por lo que, a falta de que la investigación avance, todo hace pensar que eran pruebas falsas con las que, además, se entregaba un documento -que tampoco era legal- con el que viajaron miles de personas. Estas PCR costaban entre 40 y 60 euros mientras que en los establecimientos homologados el precio supera los 80 euros.

“Aquí me he hecho yo cuatro pruebas y todo iba muy rápido y bien. Estaba perfectamente organizado, en la recepción había una chica china que hablaba directamente con los clientes en chino”, aseguraba la mañana de este lunes un vecino de uno de los establecimientos situado en la céntrica calle Ausiàs Marc, “A mí me costó 40 euros y me las hice antes de Navidad para reunirme con la familia tranquilo. Di negativo pero si no era fiable menuda estafa y qué manera de ponernos en peligro”, lamenta el mismo hombre que no ha querido revelar su identidad.

El pasado mes de enero saltaron todas las alarmas cuando los vecinos de una pseudoclínica de la calle Bailén alertaron a la Guardia Urbana que habían abierto un local, que llevaba años cerrado, y se anunciaba que realizaban exclusivamente estas pruebas. Los agentes constataron que el local no tenía licencia y lo clausuraron. Otra falsa clínica fue cerrada antes de Reyes. El pasado viernes clausuraron seis más.

La Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria (DGORS) del departamento de Salud se coordinó con la Guardia Urbana para desenmascarar estas falsas clínicas. Los agentes peinaron la ciudad localizando establecimientos –en ocasiones detectaban colas en el exterior- y contrastando con el listado oficial. Aquí fue cuando empezaron a detectar locales que estaban realizando estas prácticas. Además, monitorizaron las redes sociales y pronto detectaron algunos comentarios inquietantes. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que en las reseñas de google de estas pseudoclínicas había anotaciones de usuarios como esta: “No conozco a nadie que se haya hecho una PCR aquí y le haya dado positivo”.

El pasado 4 de febrero los agentes realizaron de forma simultánea una inspección a seis clínicas. El inspector de la Guardia Urbana, Jordi Oliveras, mantuvo este lunes que tras la inspección se obligó al cierre de cuatro de estos establecimientos. Dos de estas pseudoclínicas no se cerraron porque tenían una actividad diferente –una de ella era una clínica capilar- y se les permite seguir abierta pero con la prohibición expresa de realizar PCR. “Además, a estos locales se les impuso 21 denuncias administrativas ya que era locales que no cumplían con la normativa de incendios, no tenían ninguna licencia de actividades o no disponían de ningún tipo de seguro de responsabilidad civil. Se han abierto diligencias judiciales para aclarar si se han cometido algún tipo de delito”, informó Oliveras.

Por su parte, la directora DGORS, Azucena Carranzo, aclaró que los centros cerrados representaban un “riesgo para la salud de las personas”. La directora pidió a la ciudadanía que ante la detección de cualquier sospecha o anomalía los ciudadanos deben ponerse en contacto con las autoridades. “Había un centro que era realmente pequeño, sin personal sanitario, que procesaban las pruebas en el mismo local algo que es ilícito… hay tal cúmulo de irregularidades que creemos que han cometido ilícitos castigados penalmente”, asegura Carranzo. “Es imposible que los certificados que entregaban fuesen legales porque es imposible que te expidieran un documento a los pocos minutos de hacerte una PCR”, denunciao.

La clientela de estos establecimientos –situados en el 477 de Rosselló, en el 12 de Ausiàs Marc 12, el 8 de Cotoners y el 40 de la calle Laforja- era mayoritariamente turistas que necesitaban un certificado para regresar a sus países. De hecho, en ocasiones, los gerentes de estos establecimientos también eran extranjeros, sobre todo, holandeses y chinos. “Estos documentos que les proporcionaban no eran válidos y no se debería de poder viajar con ellos. Lo que haya pasado no pertenece ya a las competencias de Salud”, denunció Carranzo. La directora animó a la ciudadanía a consultar la lista de establecimientos autorizados en el Canal Salud antes de someterse a una prueba de este tipo.