Política y frivolidad: los Juegos de Invierno

La primera condición del éxito de un proyecto de cierta envergadura es el compromiso de quienes lo lideran. Y, en este sentido, los Juegos de Invierno han arrancado estrepitosamente mal. Estamos ante un carrusel de vacilaciones que obliga a preguntarse si realmente hay voluntad de conseguirlos o simplemente se prepara una retirada proporcional a la frialdad con la que se ha actuado hasta ahora.

Obviamente el punto de partida de una operación de este tipo es que haya adecuación entre la apuesta y los objetivos que con ella se quieren conseguir. Reconozco que personalmente tengo mis dudas: ¿unos Juegos de Invierno serían un relanzamiento para las comarcas pirenaicas o dejarían más cargas ambientales y económicas que beneficios? Y las vacilaciones de los gobernantes que dicen promoverlos invitan a pensar que ellos tampoco lo tienen muy claro. Es cierto que partimos de un antecedente generosamente mitificado que son los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Y, de hecho, cualquier comparación entre lo que fue aquel empeño y lo que estamos viviendo no resiste al menor enunciado. Empezando por el elemental dato de la marca: los Juegos Olímpicos de verano, por razones obvias, tienen una popularidad y un impacto infinitamente superiores a los de invierno. Y siguiendo por el territorio de impacto.

El Gobierno ha optado por una pintoresca delegación en la ciudadanía para que decida la suerte del evento

Si el producto es incomparable, la coyuntura y el marco mucho más. Y ya no digo las complicidades, con Juan Antonio Samaranch, el presidente del COI, es decir de la organización del acontecimiento, como principal valedor del proyecto. Hubo un alcalde, Pasqual Maragall, que hizo de los Juegos icono de su estrategia de transformación de la ciudad, hubo un proyecto, con Oriol Bohigas al frente, de abrir Barcelona al mar y transformarla urbanísticamente, que quedó consagrado con la expresión “modelo Barcelona” que Frédéric Edelman acuñó en Le Monde y hubo una complicidad ciudadana que obligó al presidente Pujol a acercarse al proyecto a pesar de las reticencias de sectores nacionalistas que no lo sentían como suyo y vivían como una amenaza la dialéctica del doble liderazgo (Pujol-Maragall) que se instaló en el país.

Y hubo además otro factor, que no se ha señalado tanto, quizás porque el nacionalismo jugó un papel secundario, que es que se pilló al gobierno español y a Madrid en Babia y cuando se dieron cuenta ya era tarde. Siempre recordaré lo que nos dijo el ministro Fernández Ordóñez a José Martí Gómez y a mí un año antes de la inauguración: “Nunca me hubiese imaginado que hubiera unos Juegos en España y no fueran en Madrid”. Y añadió: “inicialmente no nos lo tomamos en serio y cuando nos dimos cuenta ya no había marcha atrás”.

Completamente distinto es el escenario actual. Falla lo principal: quienes tendrían que liderar el proyecto, el presidente de la Generalitat y su gobierno, ni tan siquiera nos han aclarado si están a favor o en contra, y en su entorno proliferan las reservas sobre el asunto. Y tanto es así que el gobierno ha optado por una pintoresca delegación en la ciudadanía de la responsabilidad de decidir la suerte del evento, con una consulta acotada a unas pocas comarcas (ni siquiera a todas las pirenaicas), es decir, a aquellas con intereses directos sobre el asunto. Raro es convocar a los ciudadanos a una votación para aspirar a unos Juegos pero puestos a ello, ¿por qué no a todos? ¿No es Cataluña el sujeto político?

Y se enzarza en una querella con Aragón, al que solo admite como socio si asume una condición subsidiaria

Da la impresión de que hay voluntad de evitar los debates de fondo: sobre el impacto ecológico, sobre el modelo de desarrollo económico, sobre las herencias y las cargas para el día después. Y que se marea la perdiz por intereses electorales en aquellas comarcas. Pero el hecho es que está ya en marcha la coartada política para la retirada. El gobierno se enzarza ahora en una querella con Aragón a la que sólo admite como socio si asume una condición subsidiaria. Los Juegos serán catalanes o no serán. Y con Lambán (azote de independentistas) y compañía buscando hacerse sitio en la tribuna, y sabiendo perfectamente que sin la complicidad del Comité Español no hay posibilidad alguna de ganar la nominación, queda claro que hay una vía abierta para señalar a las instituciones españolas como culpables del fracaso.

¿Un nuevo lío para disimular la impotencia? ¿No sería más razonable que el gobierno catalán y los partidos que lo apoyan dijeran claramente si quieren los Juegos o no los quieren, en vez de transferir impúdicamente su responsabilidad a los ciudadanos, haciéndolos mojar por algo que probablemente ya tienen asumido que no tendrá lugar? Por respeto a la ciudadanía, hagan política, no jueguen a hacer política.