Jugar con la poli

Torbellino de noticias de los últimos días, entre tenistas antivacunas, desvaríos incomprensibles en torno a chuletones, teorías de la conspiración y cortinas de humo indecentes sobre hechos luctuosos y terribles para el goce de una parroquia independentista cada vez más ultramontana, quizás el impacto de lo que está pasando con la remodelación del cuerpo de los Mossos no se haya percibido en toda su envergadura. Aunque firmas solventes y atentas, en medios diferentes —desde Neus Tomás y Rebeca Carranco a Lola García y Mayka Navarro pasando por Jordi Amat y Jesús García—, han puesto sobre la mesa noticias y reflexiones que, en cualquier otra parte del mundo, serían simplemente un bombazo.

Los hechos son notorios: se ha procedido al relevo de la cúpula de la policía catalana, dejando en un limbo difícil de explicar a su dirigente más visible, el mayor Trapero, restituido hace menos de un año después de su peripecia judicial, en la cual pasó a ser el héroe independentista del 17-A al villano que, en sede judicial, declaró lo que muchos sectores de la ciudadanía esperaban y deseaban: que había obrado simplemente como policía en el convulso otoño de 2017.

Sobre las razones del relevo se han dado diferentes explicaciones. Las oficiales de la consejería de interior encabezada por el ex socialista —ahora en cuota ERC— Joan Ignasi Elena, según el cual los cambios se producen por la voluntad de acometer una reforma del cuerpo que favorezca su feminización. Es difícil de creer: para los puestos de responsabilidad a cubrir no se ha nombrado ni una mujer. También se ha argumentado la teoría de la purga “política”: Trapero y los suyos habrían sido apartados por sus declaraciones en sede judicial y, especialmente, por haber revelado que habría detenido al president Puigdemont en el caso de una orden judicial en el aquel endiablado octubre, y, más recientemente por la actuación del cuerpo en las manifestaciones a raíz de la sentencia del procés. También se ha avanzado —con informaciones dignas de toda atención—, la hipótesis de purgas menos ideológicas y bastante más mundanas: los mandos relevados han llevado a cabo las investigaciones de los casos vinculados a la corrupción en diferentes ámbitos del mundo independentista, especialmente en el subsector convergente. No solo el caso de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, sino también el de la Diputación de Lleida (hace mucho tiempo que circulan informaciones sobre un presunto 3% “de ponent”, tan desconocido como abultado) y, sobre todo, de lo que en estas páginas Jordi Amat ha bautizado felizmente como Deep Procés, es decir, las presuntas acciones opacas del sector encabezado por el todopoderoso David Madí. Se trata probablemente del lobby de poder más importante desde la época de Artur Mas que, según hemos conocido a través de interceptaciones telefónicas quizás no relevantes judicialmente pero sí informativamente, lo mismo que se adjudica contratos, pone cargos de confianza en la administración (Mossos incluidos) o te monta un Tsunami. A raíz de esta última explicación hubo también quien se preguntó legítimamente el porqué estos relevos no han generado —como cualquier otra cuestión importante que encara el gobierno—, contrastes entre los socios. De hecho, la responsabilidad política de estas decisiones recae orgánicamente en ERC, que la asume, al menos aparentemente, teniendo mucho que perder. Se ha argumentado que este es el precio que está dispuesta a pagar para ejemplarizar su capacidad de decisión en asuntos centrales, así como para demostrar que controla políticamente uno de los resortes institucionales, lo que en lenguaje procesista se llamaría ·una estructura de estado”.

Quién escribe —cómo la mayoría de la gente de este país—, no tiene informaciones suficientes para conocer las razones reales de los relevos. Aplicando la lógica, se podría imaginar que todas las que se han esgrimido por políticos y analistas tengan algo que ver en la medida en que los actores que han participado en esta decisión pueden tener motivaciones diferentes.

Sin embargo, la sensación que queda ya desde hace demasiado tiempo es que los Mossos hayan sido el campo de batalla de una pugna opaca, entre partidos e incluso sectores de los mismos, por razones políticas e incluso también por razones aún menos nobles. La patrimonialización de las instituciones y su uso partidista siempre es grave. Si cabe, en el caso de la policía, aún más. No se puede extender la idea de que quienes tienen que velar para la seguridad de la ciudadanía, ejercer el uso de la fuerza de manera proporcional y respetuosa con los derechos humanos como se le pide a cualquier cuerpo de Seguridad democrático sean cautivos de posibles intereses espurios o de rencillas partidistas de corto alcance. La oposición ha pedido comparecencias para explicar la cuestión. Es preciso que los responsables detallen bien clarito de qué va exactamente todo esto. Jugar con la policía es extremadamente peligroso.