Investigados cuatro policías por saltarse a la jueza en un caso de tráfico de armas

En el derecho penal, las formas lo son todo o casi todo, y si no se respetan, hay consecuencias graves. Por ejemplo, que se tiren por la borda años de minuciosa investigación. O que unos policías se vean arrastrados a un proceso penal. Es lo que ha ocurrido en un complejo caso de tráfico de armas internacional sobre el que pende ahora la amenaza de la nulidad. Una jueza de Barcelona ha citado a declarar, como investigados, a cuatro policías —dos inspectores del Cuerpo Nacional de Policía y dos mossos d’esquadra— que le ocultaron datos clave e iniciaron una investigación en paralelo bajo la tutela de la Fiscalía Anticorrupción.

El 24 de octubre de 2017, mientras Cataluña contenía el aliento en pleno proceso soberanista, Alekseks Dircenko entró en una comisaría de los Mossos para denunciar que estaba siendo víctima de amenazas por parte de un exdirectivo de la naviera que preside, Lumar. Unos tipos le exigían el pago de seis millones de euros a cambio de no entregar documentación sensible sobre el accidente de un barco pesquero en el que murieron seis personas. Dircenko se reunió con ellos en Moscú, pero finalmente denunció el caso, que llegó a manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, Pilar Rovira.

Los Mossos dijeron que investigarían la denuncia e informarían puntualmente a la magistrada, como deben hacer cuando actúan como policía judicial. Pasados unos meses, afirmaron que seguían con las “comprobaciones oportunas” para verificar los datos aportados por Dircenko. Después, el silencio. El juzgado intentó en vano solicitar información sobre el alcance de la investigación: dos veces a través del sistema informático y una más, ya en enero de 2020, por fax.

La realidad es que, en todo ese tiempo, los Mossos sí habían estado investigando el caso, pero por otras vías. Coordinados por la Fiscalía Anticorrupción, agentes de la policía autonómica y del CNP comenzaron a destapar una organización internacional de blanqueo de capitales y tráfico de armas en la que involucraron, como investigado, a Dircenko. En noviembre de 2020, tres años después de la denuncia inicial, él y otras seis personas fueron detenidas por orden de la Audiencia Nacional. Tanto Dircenko como su socio y presunto extorsionador, Víctor M., continúan en prisión provisional. Pero sus abogados han visto en la omisión de información a la jueza una vía para lograr la nulidad de la causa.

Matilla & Blay, el despacho que defiende a Dircenko, ha presentado una denuncia contra los Mossos que lideran la investigación. Les acusan de delitos contra la administración de justicia (omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilios, infidelidad en la custodia de documentos) y de falsedad. Según los abogados, los agentes “obviaron las normas procesales” y “desoyeron” las peticiones de la jueza, a la que debían haber informado puntualmente. A pesar de su obligación de guardar secreto, entregaron “en bloque y sin autorización” los documentos a “otra institución”, la Fiscalía.

La jueza afectada, Pilar Rovira, ha admitido a trámite la denuncia y ha ordenado que un total de cuatro policías —los dos mossos, pero también dos inspectores del CNP— declaren como investigados el próximo 25 de enero. En uno de los atestados incluidos en la investigación, los Mossos afirman que estaban llevando a cabo actuaciones “bajo la tutela” del Juzgado de Instrucción 19, algo que Rovira niega. En su auto, admite que hubo una “entrevista oral” con los agentes, pero rechaza que, como también se dice en el atestado, le hayan aportado documentos.

La imputación de los policías es un punto ganador, aunque no definitivo aún, para las defensas, que persiguen la nulidad de la investigación de la Audiencia Nacional. En el proceso hay una decena de investigados por el presunto blanqueo en España (14,5 millones) del tráfico ilegal de armas a regiones en conflicto como Sudán del Sur. Según las conclusiones de los investigadores, la naviera Lumar combinaba la venta legal de armamento con la “distracción” de parte del material a países que tienen vetada su compra.