El mantra del 52%

Como si fuera un conjuro mágico o un mantra, el 52% de votos obtenidos por los independentistas en las últimas elecciones al Parlament se ha convertido en el nuevo mito al que sus líderes recurren una y otra vez para tomar fuerza y saltar obstáculos. Ahora mismo, es el argumento esgrimido por ERC y Junts para reclamar cohesión al socio minoritario de la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno de Pere Aragonès, la CUP, ante su rechazo del proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2022.

La realidad política cotidiana muestra que se trata de un argumento poco operativo. El sistema electoral vigente en Cataluña permite alcanzar mayorías absolutas de escaños en el Parlament a partidos o coaliciones que sumen menos de la mitad de los votos. Con el 47% de los sufragios basta para lograrlas. Es lo que los partidos independentistas obtuvieron en las elecciones de 2012 y en las de 2015. El hecho de que en los todavía recientes comicios de febrero de 2021, ERC, Junts, la CUP y el PdCat superaran en conjunto el 50% de los votos emitidos tuvo una gran importancia política y psicológica, pues dio fe de que el independentismo mantenía una elevada cota de apoyo social y político pese a su desgraciada gestión en el otoño de 2017. Pero desde el punto de vista de la estricta operatividad política en el Parlament, la verdad es que no hay diferencia entre el 47% o el 52% de los votos. Lo que cuenta es el número de escaños. Y si uno de los partidos independentistas se descuelga en una votación, el gobierno en plaza pierde la mayoría parlamentaria. Eso es lo que hay.

La realidad política ha demostrado que una mayoría absoluta no basta para proclamar la independencia

La realidad política ha demostrado claramente que una mayoría absoluta en el Parlament no basta para proclamar la independencia del país. Tanto da, a estos efectos, que esa mayoría alcance el 52% de los votos. La relación de fuerzas en un contencioso político de esta naturaleza se verifica mediante múltiples factores. Además de los políticos intervienen ahí factores económicos, sociales, culturales, demográficos, internacionales, militares, geoestratégicos. Es el conjunto de todos estos elementos lo que decanta el resultado de un envite de este tipo. Para algo tan trascendente como la creación de un nuevo estado en el concierto europeo de las naciones, el intento catalán del otoño de 2017 fue una exhibición de ingenuidad, incompetencia e irresponsabilidad.

Pues bien, las actuales apelaciones del presidente Aragonès y del coordinador de Junts, Jordi Sánchez, al 52% electoral del independentismo arrastran todavía estas debilidades. Pongámonos por un momento en la perspectiva de un eventual elector que se mantenga dudoso entre el sí y el no a la creación de un estado catalán independiente. ¿Qué está viendo estas últimas semanas? Está asistiendo al chocante espectáculo dado por un Gobierno y una mayoría parlamentaria prisioneros de las exigencias de lo que en la historia política del siglo XX se denominan grupúsculos izquierdistas. Asambleas de unos escasos centenares de militantes lanzados a exigir a sus aliados que cumplan programas y calendarios irrealizables. Eso es lo que está viendo.

Asambleas de escasos centenares de militantes exigen a sus aliados programas irrealizables

Un gobierno, un parlamento, un país pendientes de que una agrupación de pequeños partidos que se definen como anticapitalistas decidan si aprobar o rechazar un presupuesto de 38.000 millones de euros según se ponga o no fecha a otro referéndum como el que en 2017 trajo las consecuencias de todos conocidas. Y esta es la fuerza política a la que ERC y Junts se deben para alcanzar la mayoría parlamentaria de gobierno. ¿En manos de quien quedaría el eventual estado independiente que persiguen? ¿En manos de estas asambleas?

Esto es lo que se está aclarando estas últimas semanas. Como casi siempre en política, la cuestión es saber quién manda aquí. Imaginemos ahora a qué conclusión va a llegar el ciudadano que dudaba entre apoyar o no la independencia de Cataluña si ERC y Junts se hubiesen plegado de nuevo a las exigencias de la CUP.

Como en 2015 cuando exigieron la renuncia de Artur Mas y cuando impusieron a Carles Puigdemont su calendario para el referéndum. La mayoría parlamentaria que no bastó en 2017 para alcanzar la independencia pero si para lanzar el farol político que tan caro costó, ya no sirve ahora ni para aprobar unos presupuestos de la Generalitat. Simplemente: es demasiado contradictoria, por mucho que se apele al 52%.