Los líderes de la red que vendía carnés de conducir falsos por toda España quedarán en libertad

Los líderes de la red que vendió casi 2.000 carnés de conducir falsos desde Girona quedarán en libertad los próximos días. La Audiencia de Girona ha revocado las prisiones provisionales de tres de ellos y les ha impuesto el pago de fianzas para eludir la cárcel. La decisión llega después de que los abogados hayan demostrado que el presunto cerebro de la trama, el informático Álvaro P., no puede ser considerado funcionario de la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin esa condición, los delitos y penas que se pueden imponer a los miembros de la organización son menos graves, de modo que su encarcelamiento preventivo ya no está justificado porque hay menos riesgo de que se fuguen.

Álvaro P., que trabajaba como informático en la sede de la DGT en Girona, permanecía en prisión desde el pasado mayo, cuando los Mossos y la Policía lanzaron una macrooperación contra la red de venta ilegal de carnés: 15 personas fueron detenidas como miembros de la organización criminal y otras 900 como clientes, que pagaron entre 4.000 y 10.000 euros por obtener el permiso sin aprobar ni la parte teórica ni la práctica y fuera de los cauces legales. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Girona dictó órdenes de prisión sin fianza para ocho de los principales detenidos. Los abogados Carles Monguilod y Sergio Noguero presentaron un recurso ante la Audiencia de Girona, que ahora les ha dado razón.

Contra lo que sostienen el fiscal y el juez, los abogados creen que Álvaro P. ―que saldrá de prisión cuando abone una fianza de 100.000 euros― no puede ser considerado funcionario público. Es una circunstancia que tiene enormes consecuencias “a efectos de imputación y punitivos”, admiten los magistrados: si es funcionario, la sanción prevista en el Código Penal es mayor y, por tanto, se aumenta su riesgo de fuga. Tras las pruebas practicadas, su consideración como funcionario se ha visto “mermada considerablemente”, según el auto al que ha accedido EL PAÍS. Los magistrados reprochan al juez instructor que hiciera un “calco” del escrito de Fiscalía y no haya entrado a analizar “las cuestiones planteadas por las defensas”. La misma decisión, con fianzas menores (de 5.000 euros cada una) se ha adoptado por ahora respecto a otros dos miembros de la organización.

Robo de contraseñas

La jefa de la DGT en Girona, Marta S. ha sido clave en la decisión del tribunal. En su declaración como testigo, explicó al juez que Álvaro P. disponía de ordenador y registro, pero no podía intervenir en los procedimientos administrativos ni tenía contraseñas para gestionar los aplicativos de Tráfico. “Supongo que accedía a las claves de los ordenadores de forma irregular, porque había gente que se levantaba y dejaba los ordenadores abiertos”. Los magistrados señalan que el informático solo pudo obtener las contraseñas “de manera subrepticia” y “haciendo uso de ilícitas artimañas”. Álvaro P. introducía en las bases de datos la información de los aspirantes a conductor como si hubiesen superado las pruebas y les suministraba, previo pago, el carné.