Las plataformas antidesahucios acusan al Govern de imponerles 364 multas

Un gran despliegue de Mossos facilitó, el 15 de octubre de 2020, el paso para que la comitiva judicial accediera al 477 de la calle Aragón de Barcelona. Fue entonces cuando se ejecutó la orden de desahucio. El edificio es propiedad de un fondo de inversión internacional y vivían en sus pisos cuatro familias en riesgo de exclusión. El desahucio se produjo en plena pandemia y de nada sirvió que unas decenas de activistas intentarán pararlo.

Ahora, un año después, han comenzado a llegar denuncias a los que entonces fueron identificados por los agentes. La PAH Barcelona ha contado hasta 20 denuncias a miembros de su entidad acusados de obstruir a la justicia aquel 15 de octubre de 2020. Les exigen 601 euros a cada uno.

No es un caso aislado, según decenas de representantes de colectivos y entidades que ayer defendieron el derecho a la vivienda frente a la sede del Departamento de Interior. Las entidades aseguran que, desde 2019, han contabilizado como los Mossos les han impuesto al menos 364 multas que suman 206.141 euros.

Eva Pous, letrada del colectivo Alerta Solidaria, destacó que hay una cifra muy superior de denuncias de personas que optan por abonar la multa y no recurrir. Una cifra de la que no disponen los colectivos. “La mayoría de las denuncias son por desobediencia, resistencia y obstrucción a la justicia”, mantiene Pous. Uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas, Enric Aragonès, exigió ayer la retirada de todas esas sanciones. Aragonès pidió al Gobierno catalán el compromiso de “no usar la ley mordaza para multar a las personas que defienden la vivienda y que la Brigada Móvil no participen en los desahucios”.