Los maquinistas de Renfe desdeñan las sanciones por incumplir los servicios mínimos: “Es publicidad”

Cuarta jornada de huelga en Renfe y, de nuevo, un cúmulo de retrasos y cancelaciones en las líneas de Rodalies de Cataluña. A las nueve de la mañana de este martes ya se habían tenido que suprimir más de 100 trenes y apenas operaba un 47% de los servicios previstos en la comunidad. A mediodía se contaban 200 convoyes anulados. Ante el desespero de los usuarios, Renfe sigue justificando las disfunciones de la red de cercanías en un supuesto incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los maquinistas. El argumento alude a que no hay suficiente personal para pilotar los vagones. La amenaza pública de abrir expediente sancionador a todo aquel empleado que no acuda a su puesto de trabajo apenas ha tenido efectos. “Es una publicidad que hace Renfe para justificar su mala gestión en los servicios mínimos”, afirma Diego Martín, portavoz del sindicato de maquinistas Semaf.

La empresa señala que ha abierto 31 expedientes disciplinarios, cinco en Barcelona y el resto en la Comunidad Valenciana, el otro territorio, junto con Cataluña, donde la huelga está teniendo especial incidencia. El trámite puede desembocar en sanciones que van, desde una suspensión de empleo y sueldo durante cinco días, hasta el despido.

El sindicato Semaf responde que el colectivo de maquinistas solo ha recibido la notificación de un expediente sancionador. “No descartamos que puedan llegar más, pero no nos preocupa. Siempre se han abierto expedientes en procesos de huelga, es una medida de presión habitual de la empresa”, resuelve Diego Martín. “La empresa ha declarado que se incumplen los servicios mínimos, si no actuaran en consecuencia sería una incoherencia pero, en realidad, anunciando estos expedientes lo que se pretende es amedrentar al personal y desmovilizarlo para la huelga”, analiza el portavoz del Semaf.

“En este tipo de casos es habitual que cada parte use lo que tiene en su mano para forzar una negociación”, valora Mercè Balasch, letrada laboralista que formó parte de la comisión de abogados mediadores del Colegio de la Abogacía de Barcelona. “Si la empresa tiene elementos para pensar que hay unos hechos sancionables, el expediente es una herramienta para frenar el incumplimiento, pero faltará ver si los incumplimientos están o no justificados”, razona. Balasch apunta que, a menudo, da más resultados una alternativa menos punitiva: “antes de abrir expedientes sancionadores y enredar más el tema, tal vez se podría intentar una mediación, que puede ayudar a frenar la escalada del conflicto”.

La compañía ferroviaria cifra en 600 los maquinistas que hay empleados en Cataluña, y calcula que alrededor de 400 deberían de estar activos para cumplir con las exigencias de los servicios mínimos. Sin embargo, cada jornada de huelga arranca con un déficit de pilotos en las locomotoras. “Las notificaciones que se han hecho debidamente sí se están cumpliendo, porque el maquinista es consciente de la responsabilidad que tiene y de las consecuencias a las que se expone. Nadie arriesga su puesto de trabajo”, manifiesta Diego Martín. La empresa, en cambio, insiste en que los empleados han adoptado una estrategia de absentismo voluntario como medida de presión para que se atiendan sus reclamaciones. Persiguen el restablecimiento de todas las frecuencias que se ofrecían antes de la pandemia, compensar los déficits de plantilla y frenar el traspaso competencial de los servicios de cercanías, que creen que les perjudicaría. Un traspaso que las administraciones autonómicas de Cataluña y la Comunidad Valenciana tratan de negociar con el Estado.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, valoró este martes como “insostenible” la situación de Rodalies. “Hemos visto escenas que no son propias de un país avanzado”, dijo, y demandó que la Generalitat pueda asumir la gestión del servicio. “Mientras no se haga el traspaso, exigimos que el Gobierno central ponga los recursos para resolver la situación. Necesitamos un servicio regular y puntual”, añadió.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, mandó este martes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle “más implicación” para resolver la crisis de Rodalies. Aragonès exige un compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad para encontrar una “propuesta urgente” que ayude a solucionar los problemas que arrastra el servicio de Renfe. La portavoz de Junts en el Parlamento, Mònica Sales, afirmó que la gestión de la red de cercanías es “un ejemplo clarísimo del desprecio del Estado a los ciudadanos de Cataluña”.

Un coste de más de 200 millones diarios

El presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado aprovechar las negociaciones por los presupuestos estatales para atar el traspaso de Rodalies a la Generalitat. En una entrevista concedida a la emisora Catalunya Ràdio, Sánchez Llibre alertó que el parón de la actividad que fuerzan los maquinistas acarrea un coste de entre 200 y 250 millones de euros diarios para la economía catalana. Calificó de “irresponsabilidad” que pueda haber trabajadores que no estén cumpliendo los servicios mínimos.

“Es una situación inadmisible, una irresponsabilidad de quienes han convocado la huelga y una falta de previsión por parte de Renfe”, valoró el empresario. El presidente de la patronal reclamó a la compañía que aplique medidas para evitar que continúen los incumplimientos, incluso, si es menester, que contrate a maquinistas externos para garantizar un servicio que usan 400.000 personas cada día.