Vox y Ciudadanos llevan a la justicia la resolución de la CUP sobre el referéndum de autodeterminación

Los grupos parlamentarios de Vox y Ciudadanos anunciaron ayer que llevarán ante la justicia a la Mesa del Parlament, que preside Laura Borràs, de Junts, por tramitar la propuesta de resolución de la CUP que insta al Govern a trabajar para celebrar un referéndum de autodeterminación. El texto no prosperó, pero los dos partidos argumentan que la decisión de incluirlo en el orden del día del Debate de Política General vulnera la prohibición de ejecutar cualquier iniciativa que contravenga la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia.

Los dos partidos, junto al PSC y el PP, habían reclamado con antelación al órgano rector de la Cámara que reconsiderara su decisión de tramitar la propuesta. La mesa, con mayoría independentista —cinco miembros de ERC, Junts y la CUP y dos del PSC— rechazó las peticiones. En el hemiciclo, el texto solo recabó el apoyo de los nueve diputados de la CUP. Ciudadanos no votó; ERC se abstuvo y Junts lo hizo en contra.

Ciudadanos recurrirá la admisión de la propuesta ante el Tribunal Constitucional. Carlos Carrizosa, líder de esa formación en el Parlament, ya se había preguntado en la red si Borràs iba a cometer su primer acto de “desobediencia” admitiendo “ese atropello” y anunciado que emprendería acciones legales. Roger Torrent, expresidente del Parlament, actual consejero de Empresa, está imputado por un delito de desobediencia por haber permitido en 2019 un debate de naturaleza similar. El republicano acudió a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) justo horas antes de participar como miembro de la parte catalana en la mesa de diálogo.

Con todo, los actuales miembros de la mesa no habían sido apercibidos con antelación por parte del Tribunal Constitucional y en este caso el texto aprobado no hace referencia específica, como entonces, a resoluciones del procés. Esquerra dio apoyo desde el principio a la tramitación y recordó que hace dos semanas acompañó a Torrent hasta las puertas del juzgado. Además de ese texto, la CUP impulsó otra resolución —se aprobó por 82 votos a favor y 53 en contra— en la que se insta al Govern a retirar todos los honores a Juan Carlos I y a que pida al Congreso una comisión de investigación sobre, dice, “las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real y sus influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí”. La resolución es muy similar a otra que presentó el Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento de esa comunidad en 2020.