opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La CUP ya no marca el paso

Esquerra rechaza que los anticapitalistas fijen las prioridades del Gobierno catalán e impongan plazos condenados al fracaso. Apenas lleva 100 días en el cargo y Aragonès ya va diciendo “estamos cumpliendo”

El diputado de la CUP Carles Riera, durante el debate de política general en el Parlament, este miércoles.
El diputado de la CUP Carles Riera, durante el debate de política general en el Parlament, este miércoles.David Zorrakino (EL PAÍS)

Para los diputados de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) resultó un gran éxito lograr en septiembre de 2016 que Carles Puigdemont aceptara convocar un referéndum de autodeterminación dentro de los 18 meses inicialmente previstos para la creación del estado catalán soberano, tal como le exigieron en un debate parlamentario. Incluso dirigentes independentistas que protagonizaron aquella fase del crescendo independentista han reconocido posteriormente que aceptar esa condición fue un craso error. Era una mala idea. Un corsé que luego limitó la propia capacidad de maniobra.

Por lo que esta semana se ha visto, la cúpula de la CUP no participa de esa visión crítica del pasado catalán reciente. A los cupaires debió de gustarles tanto aquel éxito que han intentado repetirlo ahora. Además, no fue el primero. Poco antes habían derribado a Artur Mas del liderazgo del movimiento independentista. Casi nada, cargarse al heredero político directo de Jordi Pujol. El hecho mismo de que Puigdemont fuera presidente de la Generalitat era fruto de las exigencias de la CUP a los sucesores de Convergència i Unió (CiU), a la sazón integrantes principales de la coalición con Esquerra Republicana (ERC) bautizada como Junts pel Sí.

Las dos intervenciones de los diputados del partido en el debate del miércoles indican que se huelen una traición

A la CUP le gustan los plazos. Son una manera de atornillar a quienes dependen de sus votos en el Parlament. De hacer valer periódicamente su posición de complemento imprescindible para alcanzar la mayoría independentista. A Aragonès le impusieron el pasado mes de mayo uno de dos años para verificar si cumple el pacto de legislatura. Era condición inexcusable para darle el voto de sus nueve diputados en la sesión parlamentaria de investidura como presidente de la Generalitat. Un permanente recordatorio temporal. Una letra de cambio a pagar en 2023. Apenas lleva 100 días en el cargo y Aragonès ya va diciendo “estamos cumpliendo, estamos cumpliendo”.

Sin embargo, algunas cosas están cambiando en el escenario político catalán y el hecho mismo de que el socio menor de la mayoría tripartita independentista quiera imponer nuevas condiciones al Gobierno que apadrina muestra con claridad que algo va mal entre los aliados. No se fían, por decirlo de forma suave. Las dos intervenciones de los diputados de la CUP en el debate del miércoles indican que se huelen una traición. A cuenta de la mesa de diálogo con el Gobierno de España o a cuenta de la política económica que a su juicio se está haciendo al gusto de la patronal catalana. O a cuenta de ambas cosas. Para ser coherente con su exposición inicial en el debate de orientación política general, el diputado Carles Riera, líder de ese partido que se ufana de no tener líderes y de ser el más izquierdista del universo, debería haber votado contra el Gobierno.

La exigencia de celebrar una nueva consulta antes de 2025, ese “¡ponga fecha al referéndum!”, intenta ser la repetición de una jugada que la escarmentada dirección actual de Esquerra no está dispuesta a aceptar, por mucho que le apriete la CUP. Es un ultimátum continuación del “¡ponga las urnas!” que lanzó en su día la entonces presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, al entonces presidente Mas. Y una repetición del “!haga la república!” que la sucesora de Forcadell y Jordi Sánchez, Elisenda Paluzie le espetó hace tres semanas a Pere Aragonès en el mitin del Onze de Setembre. Les hicieron caso. Pusieron las urnas, dos veces, proclamaron la república, una vez. Y todo el mundo sabe como acabó la cosa. Cárcel y exilio. Esta retórica ya no hace mella en Esquerra.

La exigencia de celebrar una nueva consulta antes de 2025 intenta ser la repetición de una jugada escarmentada

Los tres partidos independentistas asumen, y dicen lamentar, que cada uno de ellos tiene ahora su propia estrategia política para alcanzar la finalidad compartida, el estado catalán. La realidad es más simple, porque llamar estrategia a la permanente fuga hacia adelante en que siguen empeñados la CUP y Junts, es abusar de la palabra. Lo que hay es que, a diferencia de sus socios, ahora ERC se aferra al principio de realidad, evalúa la relación de fuerzas, la asume, y ha decidido sustituir la agitación permanente por un intento de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre los muchos factores de diversa índole que han hecho posible este intento de negociación, de difícil e incierto futuro, el debate parlamentario de esta semana ha servido para poner uno de manifiesto: la CUP ha dejado de ser la minoría que marca el paso y el ritmo a sus socios de Esquerra y al independentismo en general. La irresponsabilidad ya no cuela. Se acabó el chollo. Y si no les gusta, que no les voten los presupuestos de la Generalitat para 2022. Los negociarán con el PSC o los Comunes y santas pascuas.

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