Aragonès ve un “chantaje” en el plan de ampliación del aeropuerto del Prat

La entente entre Gobierno y Generalitat sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat duró exactamente un mes. El pasado 2 de agosto, ambas Administraciones anunciaban a bombo y platillo (y tras la reunión de la Comisión Bilateral) el acuerdo. El pasado viernes, los detalles del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) abrieron una brecha en el Ejecutivo catalán que terminó explotando el miércoles: En su momento Junts creía (y aun lo hace) que el DORA cumple con lo que se pactó el dia 2 de agosto, mientras en Esquerra creen que se incumple la palabra. Tanto que ayer el president Pere Aragonès compareció públicamente para cargar con dureza contra el Gobierno: “Nos quieren poner entre la espalda y la pared: ‘o aceptáis como lo queremos hacer nosotros o nada’. Es claramente un chantaje”.

“Una inversión de 1.700 millones de euros no se decide en base a declaraciones públicas”, ahondó Aragonès, intentando así rebatir el argumento del Gobierno central de que la decisión de algunas primeras espadas de los republicanos (incluso algún consejero o consejera) de asistir a la manifestación en contra de la ampliación era la muestra máxima de la falta de alineación de los socios del Govern respecto al proyecto.

El problema es que el 2 de agosto no se firmó ningún documento de preacuerdo —las partes dicen que no existe y Aena, tras el compromiso la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, solo ha publicado la documentación técnica— y el vicepresident Jordi Puigneró y Aragonès ayer defendían lecturas completamente distintas sobre si el DORA daba margen de maniobra para que, mediante el plan general posterior, se pudieran hacer modificaciones a los aspectos lesivos contra el medio ambiente. El documento de Aena deja claro que la pista ha de crecer (sin decir cuanto) hacia el este, donde está la laguna de la Ricarda. Se trataba, teóricamente, de una línea roja trazada en el preacuerdo de agosto.

Aragonès y Puigneró sí coinciden en aprovechar la situación para reivindicar una vez más la necesidad de que el aeropuerto y otras infraestructuras claves se gestionen directamente desde Cataluña. “Cuando decide el Estado, no hay ni prosperidad ni preservación medioambiental”, dijo ayer el president que cargó contra las prisas que han envuelto al proyecto de ampliación. Y lamentó que no haya esa misma carrera para hacer otras inversiones pendientes, como la de la mejora en las Cercanías catalanas —Rodalies— que acumulan años de retraso.

“Nosotros no queremos renunciar a una inversión pero la queremos hacer bien hecha, con consenso y mirando alternativas, y esto quizás necesita tiempo”, explicó Aragonès, dejando una puerta abierta a poder reconducir una situación. En el Palau de la Generalitat sentó aún peor que directamente se enviara la posibilidad de encarrilar las conversaciones poniendo en el congelador por cinco años la posible ampliación. Su convencimiento es que, tal como está planteado, el proyecto no habría pasado el cedazo de la Unión Europea en conservación de espacios naturales.