El fin del toque de queda obliga a replantear el orden público nocturno

Los derechos fundamentales individuales han ganado la batalla a la prevención sanitaria colectiva. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimó este jueves la petición del Govern para aplicar el toque de queda en 148 municipios tras endurecer las condiciones para evitarlo. Los magistrados permiten aplicar solamente la medida en las 19 localidades con una incidencia acumulada en los últimos siete días (IA7) de más de 250 casos por cada 100.000 habitantes, el umbral establecido hasta ahora. Tras conocer la decisión del alto tribunal, la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, consideró que los jueces “no deberían de hacer de epidemiólogos”, y aseguró que este viernes anunciarán las medidas adoptadas, que plantean recuperar el toque de queda al menos “en los municipios más grandes”.

La última resolución propuesta por la Generalitat pretendía reducir el baremo de la IA7 hasta los 125 casos, lo que implicaba que la mayoría de municipios que habían mejorado su situación epidemiológica mantenían las restricciones de movilidad nocturna. Es la segunda variación propuesta por el Ejecutivo catalán, que estableció inicialmente los 400 casos y rebajó la cifra hasta los 250 a principios de agosto.

El umbral de una IA7 de 125 positivos, en todo caso, está considerado de riesgo “muy alto” según el Ministerio de Sanidad, pero los magistrados consideran que el Govern no explica por qué quiere aplicar el toque de queda ahora y no en otros escenarios en el que también se superó esta cifra. Cataluña entró en riesgo “muy alto” el 22 de junio, y no limitó la movilidad nocturna hasta el 16 de junio, cuando la IA7 superaba los 550 casos.

El TSJC considera ahora que “las medidas propuestas no se justifican tanto en razones sanitarias, como en motivos de seguridad o de orden público, que deben ser atendidos mediante el ejercicio de las potestades ordinarias”. Varios municipios de la costa habían pedido aplicar el toque de queda ante su incapacidad para frenar las masificaciones y los botellones nocturnos. Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) incluso había reclamado la medida a pesar de tener una incidencia acumulada de 66 casos, establecida como de riesgo medio. Ahora, el TSJC permite el toque de queda en solo 19 municipios, una lista en la que no están las cuatro capitales de las provincias catalanas ni la mayor parte de las localidades más pobladas.

La Generalitat de Cataluña, a través de un comunicado, “lamentó” que el TSJC no haya estimado los “argumentos técnicos” expuestas en su informe. El Govern comparte que el toque de queda “debe ser una medida excepcional”, pero considera que “la actual situación de la pandemia, el aumento de la movilidad asociada al periodo estival, y la incidencia de la variante Delta” justificaban la adopción “temporal y acotada” de esta medida.

La consejera Vilagrà reiteró ayer que la presión hospitalaria aún es “muy alta” a pesar de los efectos del toque de queda. Salud notificó ayer 1.517 ingresados, de los que 499 están en las UCI. Cataluña ha llegado a quintuplicar los enfermos críticos por covid en esta quinta ola, coincidiendo con el periodo vacacional del sector sanitario, lo que ha obligado a los hospitales a desprogramar gran parte de la cirugía no urgente.

Según la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, los jueces “no deberían de hacer de epidemiólogos”

El catedrático de Derecho Administrativo de la Univeristat de Girona, Joan Manuel Trayter, alerta de la “normalización” del toque de queda. “Parece que nos hemos habituado a ella, pero no es de recibo en un estado de derecho”, analiza. El catedrático considera que para solucionar los problemas de orden público como los botellones, las autoridades deben aplicar “ordenanzas de convivencia ciudadana, la ley de seguridad ciudadana o la ley de costas”, pero no limitar la movilidad, porque “para el bien de la salud pública valdría todo”.

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, dijo el miércoles, consultado por este diario, que el toque de queda no es un instrumento para resolver evitar botellones como el de Calonge. El jurista afirmó que se trataba de una cuestión de orden público a solucionar con medidas tradicionales como el refuerzo policial.

“Las molestias que se puedan causar a los vecinos no ponen en peligro derechos fundamentales”, dijo pese a entender la “desesperación” de alcalde. Arbós y Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, coinciden en la necesidad de reformar la legislación sanitaria para pautar las restricciones y no dejar las decisiones en manos de los jueces. “Tendrían que fijar criterios claros”, dice Ruiz Robledo. Arbós añade que no es el papel de los jueces ratificar o autorizar medidas de salud pública y muestra su temor de que actúen por intuición si no tienen conocimientos suficientes para contrarrestar los criterios de los técnicos de salud.

Refuerzo policial

La decisión del TSJC crea un nuevo escenario en los municipios afectados, que deberán rehacer sus operativos de seguridad pública. Barcelona retomará los refuerzos policiales habilitados antes del toque de queda.

El intendente mayor de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, precisó que el dispositivo se reforzará especialmente la franja de entre las tres y las seis de la madrugada. Los principales puntos de actuación serán las plazas más céntricas de los distritos, Ciutat Vella, las fiestas de Gràcia y las playas.

Contener las botellones y las masificaciones en las playas serán los principales objetivos de los municipios turísitcos, que admiten la dificultad de garantizar el orden público de madrugada. “La resolución del TSJC evidencia la distancia que hay entre los jueces y la situación que vivimos”, critica el alcalde de Blanes (Selva), Àngel Canosa. El municipio activará a todas las patrullas policiales posibles, pero el primer edil avisa: “No hay que ser epidemiólogo para relacionar el éxito del control de la pandemia con la reducción de la movilidad”.

En Lloret de Mar también lamentan la resolución judicial. “Teníamos un dispositivo que ha funcionado bien, y no tenemos tiempo para rehacerlo”, explica el alcalde, Jaume Dulsat. El problema es que al ser un municipio tan turístico ya tenían la policía local funcionando “al 100%”, por lo que no será posible hacer “refuerzos”. “Velaremos para evitar el consumo de alcohol en la vía pública y que se moleste a los vecinos”, asegura.

Fuentes del Ayuntamiento de Cambrils (Baix Camp), otro municipio turístico, “no comparten la decisión judicial” y añaden que “será difícil hacer cumplir las medidas [distancia, etc] por la noche”.