El tercer sector urge a Aragonès poner en marcha el plan de rescate social

La pandemia continúa instalada en la sociedad y siguen arraigando con fuerza sus consecuencias: la crisis económica y social. Los responsables de la Taula del Tercer Sector de Cataluña, representante de las entidades sociales que dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables, se ha reunido este miércoles con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a quien han reclamado que ponga en marcha ya el plan de rescate social prometido en su investidura. El tiempo apremia, y es que, según la Confederación Empresarial del Tercer Sector, una de cada cuatro entidades cerró el año 2020 con pérdidas económicas a causa de los sobrecostes derivados de la pandemia.

El nuevo Ejecutivo prometió, tanto en el discurso de investidura como en el de la toma de posesión, un plan social que todavía no se ha concretado. 700 millones de euros que no tienen calendario ni medidas concretas para aplicar. La situación en Cataluña tras el paso de la pandemia es de emergencia, y lo demuestran los datos de la última encuesta de condiciones de vida del Idescat, que, pese a no incluir todo el impacto de la pandemia (algunos indicadores se han hecho con datos aún de 2019), sí que muestra un aumento de la tasa de riesgo de la pobreza y de exclusión social, que se sitúa en el 26% de los catalanes (el peor dato en una década).

“El rescate social no puede esperar más y se tiene que desarrollar de forma urgente porque la situación es de extrema gravedad social”, destaca la Taula en un comunicado tras la reunión. El plan de rescate —que debería implementarse en los 100 primeros días del Govern, según sus propios compromisos— tiene que garantizar, según la Taula, los derechos básicos de trabajo decente, vivienda digna y asequible, y garantía de ingresos mínimos. Por eso piden aumentar la financiación para políticas de estos tres ejes en los presupuestos de 2022.

Otras medidas que reclaman las entidades son la coordinación con el Estado para no duplicar trámites y esfuerzos en la implementación de las dos prestaciones de ingresos mínimos (la Renta Garantizada de Ciudadanía en Cataluña y el Ingreso Mínimo Vital en el conjunto del Estado); un plan de choque de ocupación para personas en situación de vulnerabilidad social; y el incremento del parque público de viviendas.

En la reunión, las entidades han reclamado un reconocimiento a su trabajo —más de 800.000 personas acudieron a alguna entidad social en 2020— y piden que se aprueba la Ley del Tercer Sector Social, una normativa que permitiría a las entidades tener más participación en el diseño de políticas sociales y blindar el pago de subvenciones a tiempo, entre otras cosas.

La realidad es que las entidades sociales están pasando un momento económicamente complicado. El anuario del Tercer Sector Social, elaborado por la Confederación Empresarial del Tercer Sector, muestra que una de cada cuatro entidades sufrió pérdidas el año pasado, y que solo un 6,9% pudo cubrir todos los sobrecostes derivados de la pandemia gracias a las ayudas de la administración: el resto tuvo que buscar otras vías. Durante el primer semestre de este año, todavía el 71,5% de las entidades dicen haber tenido que asumir sobrecostes por la pandemia, a razón de 8.313 euros de media mensual. Más de la mitad manifiesta haber seguido sufriendo pérdida de ingresos (16.359 euros de media mensual).

“Habitualmente las entidades son muy cuidadosas de no cerrar ejercicios con pérdidas, cosa que nos indica la situación económica frágil que tenemos. Y que las ayudas de la administración no han sido suficientes”, afirma Joan Segarra, presidente de la Confederación. “Necesitamos que las administraciones pongan soluciones, y por eso reclamamos que los próximos presupuestos sean realmente sociales”, añade.