El Govern asegura los avales de los excargos gracias a las medidas fiscales de la covid

El Ejecutivo catalán aprobó ayer la partida de 10 millones de euros que se destinará —como ya se anunció hace días— a avalar a los exaltos cargos de la Generalitat investigados por el Tribunal de Cuentas y que supuestamente malversaron dinero público en la promoción exterior del procés independentista. La operación consiste en movilizar dinero procedente de la relajación del objetivo de déficit que el Gobierno aprobó para reducir el impacto de la pandemia en las comunidades autónomas. La Generalitat niega que se estén usando recursos específicos contra la pandemia y reivindica su margen para impulsar con ese margen que le dio el Ejecutivo central “un plan de mejoras de políticas públicas”, en la que inscribe la ayuda a los investigados.

Quedan ocho días para que los 34 investigados por el Tribunal de Cuentas depositen la fianza conjunta de 5,4 millones que les ha impuesto este órgano, y la Generalitat movió ayer ficha para dotar el fondo que anunció hace una semana. Este se pone en marcha con la transferencia de 10 millones al Instituto Catalán de Finanzas, que se encargará de tramitar las solicitudes. El aval en realidad lo ha de dar una entidad bancaria, si bien el ICF lo contraavala.

Ese sistema ya generó una gran polémica tanto en el Congreso como en el Parlament y PP, Ciudadanos y Vox lo llevarán a la justicia (el Gobierno de Pedro Sánchez lo está estudiando). La Generalitat insiste en que, en el caso de que se condene en firme a alguno de los avalados —y que se hayan agotado, subraya, todas las instancias nacionales e internacionales de recurso—, hay mecanismos para recuperar todo el dinero, además de intereses y gastos de gestión.

El Govern respiró ayer cuando el líder del PSC, Salvador Illa, aseguró en una entrevista a RAC-1 que sus juristas, de entrada, creían que el decreto ley estaba ajustado al derecho. Pero la calma duró poco y la controversia recomenzó cuando, en la conferencia de prensa tras la reunión semanal del Govern, se informó de que el dinero provenía de la partida DD10, “Fondos extraordinarios”. El problema es que ese mismo ítem aparece en diversas publicaciones oficiales de la propia Generalitat, como el Resumen mensual de la ejecución presupuestaria, como “Fondos extraordinarios Covid-19”.

Pese a que el acuerdo de Govern que dio origen al fondo el pasado enero no hace ninguna referencia a la pandemia, en la presentación del mismo en rueda de prensa la portavoz de la Generalitat sí habló de recursos para la lucha contra los efectos de la covid. Tanto el departamento de Economía como la presidencia de la Generalitat negaron ayer tajantemente que se usaran fondos llegados de Europa.

Desde ambos despachos, sin embargo, sí aceptan que los 1.800 millones que nutren el fondo extraordinario provienen de la relajación del déficit de las comunidades autónomas aprobado por el Gobierno central el pasado octubre. La medida liberó recursos correspondientes al 1,1% del PIB. La Generalitat entiende que tiene margen de maniobra para “ejecutar gastos urgentes e inaplazables”. Bajo esa idea incluye un programa de “mejora de políticas públicas”. Y es este el que financia el fondo de los avales, que considera clave para “blindar” a los servidores públicos en casos de responsabilidad patrimonial.

La oposición duda de que el margen sea tan grande y recuerda que la relajación del déficit es una medida que buscaba paliar los efectos de la pandemia. Creen pues que el fondo de los avales se paga con dinero extraordinario para el covid.