Aeropuerto, peajes y Rodalies: la abultada carpeta catalana de la nueva ministra de Transportes

Desde la época de Josep Borrell, entre 1991 y 1996. Hacía 30 años que el Gobierno español no tenía un ministro de Fomento catalán. La nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se despidió ayer de la alcaldía de Gavà en un discurso emocionado en el que aseguró que tendrá “máxima determinación” y se “dejará la piel”, por los grandes retos que afronta Cataluña y España.

La ministra tendrá varias patatas calientes en el patio de casa. Sánchez llega al ministerio directamente desde la alcaldía de un municipio de 47.000 habitantes en el área metropolitana de Barcelona y que linda con las pistas del Aeropuerto de El Prat. Precisamente, gestionar la ampliación del aeródromo es uno de los asuntos que debe abordar, ahora desde el Gobierno, con más urgencia la ministra.

El dilema está servido, porque tendrá que hacer equilibrios entre la voluntad de Aena, que pretende invertir 1.700 millones de euros para que las terminales del Josep Tarradellas puedan albergar más viajeros, y las reticencias de los municipios que rodean la instalación, temerosos de que más tráfico de aviones repercuta en un mayor impacto acústico y medioambiental en la zona.

Castelldefels y Gavà, sobre todo los inquilinos de la pudiente urbanización Gavà Mar, han anticipado que no tolerarán un incremento de actividad en el aeropuerto si ello va en detrimento “de la calidad de vida de los vecinos”. La propuesta que defiende Aena no afectaría en principio a Gavà, porque se plantea estirar una de las pistas hacia el norte, afectando una zona natural que está en término municipal de El Prat.

Raquel Sánchez ha manifestado públicamente que lo ve como “una oportunidad”, atendiendo a la inyección de dinero que supone y a la creación de puestos de trabajo que implicaría. Pero, en el caso que esa opción quede finalmente bloqueada, para ganar capacidad Aena podría jugar el comodín de variar el rol con que operan las pistas —actualmente, una para aterrizajes y otra para despegues—, una posibilidad que sí penalizaría plenamente a Gavà porque las maniobras de aproximación de los aviones pasarían a sobrevolar los tejados de los barrios de viviendas.

Otra carpeta caliente tiene que ver con los peajes. Durante 2021 se levantarán las barreras en varias de las vías catalanas de pago. La AP-7 entre Tarragona y La Jonquera se convertirá en gratuita después del verano, y lo mismo pasa con la AP-2 hacia Lleida y Zaragoza. El histórico Ministerio de Fomento y la Generalitat han chocado durante meses por cómo se debe afrontar la caída de los peajes.

La Administración catalana ha defendido la necesidad de imponer un sistema de viñeta para financiar el coste del mantenimiento de las vías rápidas. Este mecanismo supone una especie de tarifa plana, no se llegó a concretar el precio, pero se especulaba con un pago de entre 50 y 60 euros anuales por vehículo. El ministerio nunca ha apoyado este sistema.

La tercera gran cuestión que deberá afrontar Sánchez es la red ferroviaria catalana: una piedra enquistada en el zapato para el ministro encargado de las cuestiones de movilidad. El magullado sistema de trenes de cercanías moviliza a 400.000 usuarios diarios, en cifras de prepandemia, pero genera oleadas de críticas por sus continuas incidencias y retrasos. La Generalitat aprovecha ese disgusto ciudadano permanente para reivindicar la asunción de todas las competencias sobre el servicio, alegando que desde la proximidad se gestionaría mejor. Cambiar la mala reputación de la red de Rodalies ha sido un desafío para todo inquilino del ministerio. Hasta ahora, todos los intentos han descarrilado.