La protesta contra el acoso inmobiliario que acabó en juicio

Las protestas de las plataformas que luchan por el derecho a la vivienda —que a menudo adoptan la forma de ocupaciones temporales o de escraches— están llegando, cada vez con más frecuencia, a la vía penal. El portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera, se sentó ayer en el banquillo de los acusados junto a otros dos miembros del colectivo por participar en una de esas acciones en octubre de 2018. La fiscalía pide tres años de cárcel por coacciones para Palomera, que defendió el carácter “pacífico” y “festivo” de una protesta que pretendía forzar una “negociación” entre los propietarios y los inquilinos de un piso de Barcelona que sufrían acoso inmobiliario.

Palomera dio la batalla dialéctica antes incluso de entrar en la sala: denunció que el juicio es “un nuevo ataque del poder inmobiliario y del Estado” y aplaudió a sus dos compañeros de banquillo, Alpha y Fran: “Se merecen un homenaje. Tuvieron la valentía de plantarse ante un brutal asedio inmobiliario, denunciar, lograr dos multas del Ayuntamiento a la propiedad y para su desahucio. Hoy podemos celebrar que tienen un alquiler social”. Todos esos detalles, siendo ciertos, no pudo concretarlos en su declaración, donde se le preguntó por lo ocurrido entre las 13 y las 17 horas del 17 de octubre de 2018, cuando, acompañado por una treintena de personas más, ocupó el Instituto de Belleza Francis de Barcelona, una de las empresas que poseen los dueños de la finca donde vivían Alpha y Fran.

Palomera presentó la ocupación del centro de estética como el último recurso de unos inquilinos “desesperados”, víctimas de un acoso inmobiliario de una intensidad que no ha conocido jamás. La situación en el piso de la calle Floridablanca era insostenible: tuberías rotas que escupían aguas fecales, plagas de termitas, ratas en el patio de luces y un agua del grifo que “no era apta ni siquiera para cocinar”. “Padecían una angustia terrible”. Ratificó ese sentimiento de impotencia, al borde de las lágrimas, Alpha, técnica de iluminación que se cansó de quejarse a la propiedad para que efectuara las reparaciones correspondientes.

El Ayuntamiento de Barcelona intervino y multó con 180.000 euros a los propietarios “por acoso inmobiliario”, como recordó el domingo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que como exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aplaudió la “tarea imprescindible” del Sindicato de Inquilinos.

El portavoz del colectivo se quejó, en su declaración, de la actitud de la familia propietaria, que cuenta con “más de 100 viviendas” solo en Barcelona. La familia fue más renuente a negociar que los grandes fondos de inversión propietarios de viviendas “como Blackstone”, según el acusado. La ocupación, por horas, del Instituto de Belleza Francis fue un intento de hacerles cambiar de opinión. “Queríamos ver si les tocábamos el corazón”, ilustró Palomera, quien aseguró que nadie molestó a las trabajadoras y que las clientas siguieron “haciéndose las uñas” con normalidad.

No lo vivió así, sin embargo, la gerente del establecimiento, que describió una escena de terror. “Empezaron a decir los nombres de mis hermanos y el mío, nos llamaron especuladores, decían qeu sabían dónde vivíamos. Me sentí muy intimidada y me bloqueé”, expuso. La acusación particular, que ejerce la familia, pide no tres sino nueve años de cárcel para cada unod e los tres acusados por coacciones y allanamiento.