La Generalitat habilita una mediación para cancelar deudas de personas insolventes

La Generalitat prevé que los concursos de acreedores se multipliquen este año a causa de los efectos de la crisis pandémica. La gran mayoría afectarán a pequeños negocios en manos de trabajadores autónomos sin capacidad financiera para resistir meses de caída continuada de la actividad económica, pero también a personas que, a causa de una caída de los ingresos, difícilmente podrán enjugar sus préstamos. Para resolver lo que se teme que será el colapso en los juzgados, el Departamento de Justicia ha puesto en marcha un servicio de mediación que, haciendo uso de la ley de Segunda Oportunidad, permita a personas físicas sin capacidad económica para cancelar sus deudas e, incluso, mantener la actividad empresarial.

“Hace dos años que trabajamos en este servicio, pero es cierto que ahora es una oportunidad porque las insolvencias se dispararán y, además de arreglar a solventar el problema, no podemos permitir que los juzgados se saturen más”, explica el director general de Derecho de la Generalitat, Xavier Bernadí. El sistema de la Generalitat será de acompañamiento en la primera fase del proceso que marca la ley: una mediación gratuita entre el acreedor y el creditor para intentar cerrar un acuerdo extrajudicial, mediante un plan de pagos que acostumbra a tener en cuenta condonaciones, pero que ha de ser aprobada por los titulares de más del 75% de la deuda.

El problema, tal y como explica Ana Isabel García, del despacho especializado en este tipo de casos Repara tu Deuda, es que el 95% de esta mediación inicial acaba fracasando ante la oposición sobre todo de las entidades a las que se les debe dinero, lo que acaba provocando que el caso se judicialice con una demanda de concurso de acreedores. El año pasado, pese a estar casi medio año con los juzgados inhábiles, en Cataluña se presentaron 1.010 casos que buscaban esa segunda oportunidad, frente a los 1.174 de un año antes.

La Generalitat considera que su estudio previo facilitará la tramitación judicial posterior, si bien Bernadí defiende que es una etapa que se ha de evitar tanto como se pueda. “En muchas ocasiones los creditores no se prestan a validar ese primer trámite, pero nosotros queremos impulsarlo y presentaremos al Gobierno que modifique la ley que lo regula para dar más incentivos a que ese cierre el acuerdo extrajudicial”.

La Generalitat defiende que los deudores puedan acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, la gran novedad que en 2015 introdujo la ley de Segunda Oportunidad, por la cual siempre y cuando se demostrara buena fe se podrían perdonar aquellas deudas que se consideraran impagables. Actualmente la ley impide acceder a esa exoneración si se tienen deudas con Hacienda o la Seguridad Social, uno de los cambios que reclama la Generalitat.

Mientras tanto, los despachos que se encargan de este tipo de casos han visto cómo crecía la demanda de casos. “El año pasado tuvimos muchas consultas, pero fue en el último trimestre cuando se iniciaron muchos procesos. Ahora se va a desencadenar todo”, pronostica García.