“Se marcharán si cede dos pisos para alquiler social”

El caos fue su aliado. La tarde del 18 de octubre de 2019, mientras Barcelona ardía por las protestas contra la sentencia del procés, un grupo de jóvenes accedía a la azotea del número 56 de la ronda de Sant Pere. Encapuchados, con la ayuda de cuerdas y arneses, descendieron por la fachada ajenos al olor de los contenedores quemados y al vuelo de los adoquines lanzados contra la policía. Un inquilino de la tercera planta, a punto de ser desahuciado por no pagar el alquiler, les franqueó el acceso. Los jóvenes ocuparon cuatro pisos en obras. Las alarmas de robo saltaron y el propietario, Josep Maria D., avisó los Mossos. “Me dijeron que no podían ir por lo que estaba pasando en la calle”, declaró más tarde.

Dos días después, la policía acudió en la finca para desalojar a los okupas. Paula C. se presentó como representante y portavoz del Sindicato de Vivienda del Casco Antiguo, un colectivo heterogéneo e informal —no consta inscrito como asociación ni como sindicato— que defiende el derecho a la vivienda de un modo que ha llamado la atención de los Mossos y de un juez de Barcelona. Los agentes comprobaron cómo los ocupantes colocaban muebles tras las puertas para impedirles la entrada y cómo, tras unas llamadas, más de 200 personas se concentraron en la ronda de Sant Pere. Hubo enfrentamientos y el desahucio quedó suspendido. Paula se dirigió al propietario: “Sé quién eres y sé dónde vives”.

“A partir de ese día, fue una pesadilla constante”, cuenta Josep Maria D. El sindicato le hostigó en la calle y en las redes. Aparecieron pintadas frente al edificio (“fuera especulador”), en su ciudad (Vic) y junto a las farmacias que regentan sus hijos. En Twitter, el colectivo le señaló con nombre y apellidos y le acusó de enviar a “matones” para expulsar a los okupas.

El 6 de febrero de 2020, tres miembros del sindicato se reunieron con el abogado del propietario para “negociar”. El encuentro fue grabado por el letrado y es la base de una denuncia contra el Sindicato de Vivienda del Casco Antiguo por coacciones, extorsión, amenazas y organización criminal. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, abrió diligencias y encargó el caso —aún en fase inicial— a la Guardia Civil.

La conversación, a cuyo contenido ha accedido EL PAÍS, se desarrolla en una cafetería. Piden: un café, un agua con gas, un café americano. Para el abogado, nada. La propuesta del abogado de un acuerdo económico para acabar con las ocupaciones no surte efecto. “Esto es un movimiento político. Su objetivo sería conseguir meter a familias del barrio y obtener un alquiler social. Y seguramente ellos estarían dispuestos a marcharse”, explica Adrià, que asegura ser responsable de comunicación. Acusan a Josep Maria de “especulador” por “dividir los pisos” para cobrar más por los alquileres. Pero se abren a “negociar” y detener la campaña de difamación. “No sé cómo haríamos para que estas cosas no pasasen, pero lo intentaríamos”.

El abogado les anuncia que el juzgado les dará la razón y recuperarán las fincas, como así ha ocurrido: una de las ocupantes ha sido condenada por un delito leve de usurpación; los pisos han sido abandonados. Ellos replican que “el movimiento de vivienda está muy fuerte en la ciudad” y lanzan la advertencia: “Si como usted dice esto ha de ir para largo, la resistencia irá para largo también. Aquí cada uno jugará sus cartas”.

Los chicos plantean su demanda: “Dos pisos de alquiler social, los que ya están divididos, de la primera planta”. Aseguran que el sindicato conoce a “familias en diferentes situaciones” y que, si se llega a un acuerdo, deben pensar cuáles pueden instalarse. Insisten en que, por el momento, no es necesario “hablar de cifras”. Y aseguran que es un sistema que ya “ha funcionado en otros casos”.

El colectivo parece disponer de una bolsa de candidatos a alquiler social paralela a la de la Administración. En la reunión, sus miembros presumen de haber recabado el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y proponen que medie. “Ha intervenido en otros casos parecidos, en las negociaciones”. Preguntado por sus relaciones con los “sindicatos de vivienda” que han proliferado en Barcelona, el consistorio asegura que mantiene una “interlocución” entre las familias afectadas, que suelen ser usuarias también de los servicios municipales, y los propietarios para buscar alternativas a los desahucios. Y admite que, “en los últimos tiempos, muchas familias se han vinculado a los movimientos sociales y sindicatos de barrio”. En cinco años, la Unidad Antidesahucios de Colau ha atendido a 10.000 familias por impago de alquiler, de hipoteca e incluso ocupación.

“Contexto político”

David Aranda, abogado de Paula C. (por ahora, la única investigada en la causa) cree que la denuncia es “desproporcionada” por incluir un delito como la organización criminal. Afirma que los propietarios “intentan criminalizar” al movimiento provivienda al llevarlo a la vía penal cuando “lo que hay es un conflicto político”. “Hay una presión judicial y policial en este asunto”, añade. Sobre la conversación en la que exigen pisos sociales a cambio de cesar en la ocupación, sostiene que son “técnicas de negociación” en las que se intenta lanzar una “amenaza creíble desde una posición de debilidad”.

Aranda niega que exista una verdadera organización. Los “sindicatos”, que han “tomado el relevo” de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) actúan de forma autónoma, cada uno con su idiosincrasia y sus formas de actuación. Un veterano activista coincide en que, cuando Ada Colau abandonó el liderazgo de la PAH para convertirse en alcaldesa de Barcelona, el movimiento sufrió “un proceso de fragmentación”. Así nacieron los sindicatos de barrio, en ocasiones ligados a la órbita de la izquierda independentista, que “vio en la vivienda una nueva fórmula de militancia política”. Estos movimientos discurren en paralelo, por ejemplo, al Sindicat de Llogaters, que lucha por la regulación del precio de los alquileres.

Además de la investigación judicial, los Mossos ya han mostrado su preocupación por la actividad de sindicatos de la vivienda, en especial el de El Raval. Al menos en tres ocasiones, los agentes han detectado intentos de ocupación u ocupaciones por personas vinculadas a sindicatos para cederlos a terceros.

El caso más llamativo ocurrió el 1 de octubre. “Un grupo numeroso de personas del colectivo el Sindicat de l’Habitatge del Raval y del casal La Galera intentaron mediante violencia e intimidación echar a personas de la calle Sant Bartomeu, 6”, describieron los Mossos. Querían que varias personas, también okupas, que vivían en un piso del bloque, se fuesen. Uno de los denunciados declaró que “la primera intención era negociar” un “desalojo voluntario ya que se quería reubicar ilegalmente a otras personas”. Como no se dejaron, acabaron a golpes y empujones. El caso recayó el Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona, que archivó la causa.

En uno de sus atestados, los Mossos alertan de una “nueva forma de actuar” de los grupos provivienda, utilizando la “presión de la concentración de un número elevado de personas” para evitar un desahucio “realizando delitos de forma grupal como la desobediencia o la misma coautoría de la ocupación que se quiere intentar evitar”.