opinión

Lealtad, fidelidad y cortesía para con las instituciones

Laura Borràs, presidenta del Parlament, tiende a rechazar la lealtad institucional cuando afirma que este es soberano y que no se debe a ninguna otra institución, ni al Govern, ni a los jueces ni a los tribunales

Laura Borràs, presidenta del Parlament, en la sesión constitutiva de la XIII legislatura.
Laura Borràs, presidenta del Parlament, en la sesión constitutiva de la XIII legislatura.Albert Garcia / EL PAÍS

La ambición de la clase política es conseguir o conservar el poder, ambición que persigue con más o menos lealtad, fidelidad y educación. Mi modesta ambición aquí y ahora —en este texto— es que nuestros políticos sean, por lo menos, corteses, educados los unos con los otros. Casi todos lo son, pero pueden mejorar.

Luego están la lealtad, que se basa en la razón, y la fidelidad, que lo hace en el corazón. La lealtad exige estar a las reglas, a las leyes o a la palabra dada, aunque uno ya no las aprecie. La fidelidad requiere firmeza y constancia en los afectos. Uno puede ser leal a aquello a lo que se opone —hablamos de leal oposición— si acata las reglas del juego, pero no se es fiel a quien se engaña o traiciona.

Así. cuando, hace ya bastantes años, algunos juristas preparamos los anteproyectos de la regulación catalana del matrimonio, propusimos una definición del matrimonio más amplia y abierta que la tradicional del Código Civil español: el código catalán dice ahora que los cónyuges deben guardarse lealtad (231.2), mientras que el español sigue exigiendo fidelidad (art. 68). No son lo mismo.

Desde luego, me gustaría pedir a los partidos presentes en el Parlament de Catalunya lealtad institucional, algo que la señora Laura Borràs, su estrenada presidenta y militante de Junts per Catalunya, tiende a rechazar cuando afirma que el Parlament es soberano, que no se debe a ninguna otra institución —ni al govern, ni a los jueces y tribunales—. Con las leyes en la mano, lo anterior no es cierto, pero entiendo que la presidenta de una institución quiera que esta prevalezca sobre todas las demás, es cabalmente humano.

Así están las cosas y, por esto, exigir además a gran parte de la clase política local aprecio efectivo a las instituciones sería ingenuidad grande

Así están las cosas y, por esto, exigir además a gran parte de la clase política local aprecio efectivo a las instituciones sería ingenuidad grande: no solo Junts, sino que algunas otras formaciones políticas catalanas muy importantes se definen a sí mismas por querer suprimir instituciones básicas en España y Cataluña. Por ejemplo, Esquerra Republicana de Catalunya no quiere la Monarquía, sino una República catalana (pero nadie sabe en qué consistiría). O Candidatura d´Unitat Popular, CUP, quiere una Catalunya independiente que no sea un Estado miembro de la Unión Europea (UE), ni que lo sea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ni tampoco que haya entidades financieras privadas. Más generalmente, la CUP suele definirse como un partido político anticapitalista. Sin embargo, resulta complicado saber, después del fracaso histórico de todos los regímenes comunistas históricos, qué rayos de anticapitalismo les resultaría congenial. Otras formaciones políticas, igualmente respetables y representativas, manifiestan actitudes también distintas y contrapuestas en su grado de lealtad y fidelidad hacia las instituciones.

Como acaso la mayor parte de los juristas de este país, no soy partidario de la revolución catalana por lo que tendría de desleal (y, sobre todo, de irresponsable).

Naturalmente, se puede ir aún más lejos: además de ser republicano, contrario a la UE o adversario de los bancos privados, una persona, un grupo o un partido político pueden ser revolucionarios, es decir, partidarios de un cambio radical, normalmente violento, del régimen político básico del país, de nuevas lealtades a nuevas instituciones que sustituyan a las derrocadas por la revolución. Revoluciones las ha habido siempre y va a seguir habiéndolas. Pero el problema entonces es que si algunas revoluciones históricas triunfan —-como lo hicieron la americana (1775-83), la francesa (1789), la rusa (1917) o la cubana (1953-59)—, otras fracasan —como la de los helotes en Esparta (464 aC), la revuelta de los campesinos ingleses (1381), o, para los confederados, la Guerra Civil Americana (1861-65)—.

En todo caso, los candidatos a revolucionarios han de ser conscientes de que si vas a ser desleal con las instituciones a las cuales te opones y además te revuelves en serio contra ellas para derribarlas, asegúrate antes de que tienes más probabilidades de ganar que de perder. Porque al final, rebelde es quien pierde: tras la Guerra Civil española, sus vencedores juzgaban sumariamente y condenaban a los perdedores por auxilio o adhesión a la rebelión, cuando quienes lo habían hecho eran ellos. Pero habían ganado.

Como acaso la mayor parte de los juristas de este país, no soy partidario de la revolución catalana por lo que tendría de desleal (y, sobre todo, de irresponsable). Como persona, intento ser fiel y leal a las instituciones. Y como ciudadano, exijo al menos educación, que los políticos catalanes de todas clases no se digan barbaridades los unos a los otros, esto es, que sean corteses. No es tanto pedir. ¿Imaginan si el mundo nos reconociera por esto?

Pablo Salvador Coderch es Catedrático emérito de derecho civil de la Universitat Pompeu Fabra.

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