Saqueo en el colegio

Acabó de pagar 161.371 euros de la adquisición de su vivienda en Matadepera (Vallès Occidental) a través de pagos directos desde una de las sociedades que gestionaba. No dudó en seguir la misma vía para sufragar diferentes obras en ese mismo domicilio. El renting del Audi Q3 que conducía su esposa corría a cuenta de otra sociedad también bajo su control. Cargó pagos de zapatos, juguetes, multas, ropa, hoteles, masajes y puros en las tarjetas de crédito de empresa. Y contrató entre 2007 y 2013 a su suegra como supuesta conserje de uno de los centros cuando en realidad lo que estaba haciendo era encargarse de las labores domésticas de su hogar.

Una sentencia de la Audiencia de Barcelona considera acreditados todos esos hechos protagonizados por Francisco Javier Chalé entre 2005 y 2015, año hasta el que fue gerente y director general del Grupo Empresarial Montcau, un conglomerado de centros de enseñanza propiedad de los hermanos Josep y Antoni Abad, este último actual presidente de la patronal vallesana Cecot. El fallo considera que Chalé se aprovechó de que los propietarios del grupo dejaron la gestión “totalmente en manos del acusado” al estar ellos inmersos en otras actividades empresariales hasta que este advirtió en 2015 de la necesidad de buscar financiación por problemas de tesorería que arrastraba la compañía. Esa petición hizo saltar las alarmas y los Abad realizaron un análisis exhaustivo que acabó en los tribunales.

Ahora Chalé ha sido condenado a cinco años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros por un delito continuado de apropiación indebida y otro de estafa. Asimismo tendrá que devolver las cantidades que se han considerado acreditadas que estafó: 142.004 euros a la sociedad Montcau La Mola, 87.751 euros a Serviaula y otros 180.321 euros a la compañía Promoción de Escuelas. En total, 410.076 euros. Su suegra, como cooperadora necesaria de un delito de estafa, deberá asumir una pena de año y medio de prisión y una multa de ocho meses con cuota diaria de seis euros. Entre ambos deberán indemnizar al grupo empresarial con otros 118.542 euros, lo que costó el salario de la mujer, las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social y dietas sufragadas durante años.

“Se ganó la absoluta y total confianza de los hermanos Abad, que le daban un enorme margen para la gestión de los negocios sin ejercitar sobre él ningún control”, relata la sentencia sobre la forma con la que Chalé acabó diezmando el patrimonio del grupo que gestionaba y en el que logró llegar a alcanzar hasta el 33% de las acciones en una sociedad. La investigación realizada por los propietarios mostró cómo el directivo había actuado del mismo modo desde el principio de hacerse con la dirección.

En 2008, por ejemplo, realizó una transferencia de 77.614 euros para pagar parte de su vivienda e hizo similares en ejercicios siguientes. También cargó a una de las empresas los servicios de seguridad de la casa donde residía e incluso obras de rehabilitación aprovechando que las encargaba a una compañía que trabajaba para los centros escolares que controlaba. Incluso llegó a modificar datos de facturas para hacer ver que el gasto tenía como objeto el mismo centro escolar. Utilizó su tarjeta de crédito profesional para pagar más de 47.000 euros que nada tenían que ver con su trabajo e incluso dispuso de dinero en efectivo de los centros.

Chalé no negó esos pagos, pero afirmó que los hizo “con el conocimiento y autorización” de los hermanos Abad. Ellos lo negaron e incluso argumentaron, relata la sentencia, que no controlaban la gestión porque “no vivían de estas empresas, sino que las conservaban por herencia de su padre y ellos se dedicaban a la gestión de otras de las que sí obtenían beneficios para vivir”.