Carles Riera (CUP): “Es inútil pero respetamos que ERC dialogue con el Estado”

Carles Riera, de 61 años, es el número dos de la CUP y estos días negocia con ERC y Junts para formar parte de la Mesa del Parlament y del futuro Govern.

Pregunta. El Parlament debe estar constituido el próximo viernes. ¿Se ven en la mesa o presidiendo la Cámara?

Respuesta. Las dos cosas. Estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades y sus consecuencias. La Mesa tendrá un papel fundamental en alzar un muro frente al fascismo y en reafirmar la soberanía del Parlament ante el Estado y ante el Tribunal Constitucional en la defensa de los derechos sociales.

P. A Junts le corresponde la presidencia si pacta con ERC.

R. Es una norma no escrita. La CUP no negocia sillas ni cambia cromos. O se va hacia una gestión autonomista, como en los últimos tres años, o se opta por el conflicto democrático con el Estado. Hemos aprobado leyes para reducir desahucios y regular alquileres y el Constitucional las está anulando. Y el Gobierno ha recurrido el artículo para reducir el IRPF a las rentas bajas. ¿Qué haremos? ¿Obedeceremos al Constitucional o defenderemos derechos?

P. ¿Qué proponen?

R. Seguir aplicando el artículo y si el TC lo anula, veremos. Se trata de reafirmarnos: si el Estado reduce derechos, las instituciones catalanas deben ampliarlos. ERC y Junts se han comprometido a estudiarlo y a dar respuesta.

P. ¿La decisión de la Mesa está vinculada a la investidura?

R. No necesariamente; lo está al enfoque de la legislatura, que es el antifascismo y que la Constitución y el Estatut no sean un límite para la acción legislativa y la del Govern. Después hablaremos de la gobernabilidad.

P. ¿Es esta una nueva CUP?

R. Mantenemos nuestro ADN: un pie en la calle y otro en la institución. Tras el 1-O y la represión, con una mayoría independentista y de izquierdas, con la pandemia y una crisis enorme, nos parece que lo que toca es actuar con responsabilidad y compromiso para que los cambios sean posible.

P. ¿Qué es imprescindible?

R. El rescate social: parar desahucios —no hacerlos sin alternativa—-; regular alquileres y una renta básica universal; fortalecer servicios públicos; el pacto antifascista; avanzar hacia la autodeterminación y el cambio de modelo de seguridad en esta legislatura. Antes, hay que frenar dos emergencias: que la Brimo (brigada móvil) y la Arro (recursos operativos) no actúen en desahucios.

P. Solo pasa ahora en casos puntuales en Barcelona.

R. Pero sigue habiendo muchos desahucios en esta ciudad.

P. Una cosa es que haya muchos y otra que actúe la Brimo.

R. Dos. Hace falta que la Generalitat retire el centenar de acusaciones particulares contra militantes independentistas. Tres: se hará un debate parlamentario pero mientras pedimos una moratoria del uso de balas de foam. Son tan peligrosas como las de goma.

P. Pero, ¿qué es lo indispensable ahora para pactar?

R. Hay tres fases: conversaciones, negociaciones y acuerdos. Estamos en camino de negociar y el orden público es una condición necesaria para pasar de fase. No ponemos líneas rojas. Junts y ERC se han comprometido a debatir el modelo.

P. ¿Piden la disolución de la Brimo o han reculado?

R. Es un objetivo de legislatura. El modelo es militarizado y agresivo.

P. Ante el ataque a la comisaría de Vic, ¿qué modelo plantean?

R. Hemos visto otras situaciones también muy duras como ojos reventados y porrazos en la cabeza. Esto es un volcán y vemos las chispas. Y en el magma hay crisis, paro, falta de vivienda y de futuro. Nuestra responsabilidad es atajar las causas. La represión no cambia el escenario.

P. ¿Por qué le cuesta tanto a la CUP condenar la violencia?

R. Esta violencia está causada por una violencia estructural que es dramática. El paro juvenil está en el 40%.

P. Pero eso no está reñido con condenar la quema de una furgoneta de la Urbana.

R. Hablo de una violencia estructural que se considera legítima, no solo la violencia de los Mossos. Decimos que esta violencia es ilegítima y es la causa del escenario de violencia que estamos viviendo y que lo tenemos que superar. Si nos encallamos en hablar de los síntomas, no atacaremos las causas.

P. ¿Y la CUP, que es antisistema, quiere pactar el modelo con Junts y ERC? El consejero Sàmper señala a Arran, sus juventudes, por alentar la violencia.

R. De entrada, no tenemos ninguna juventud que promueva la violencia. Y hay que leer que la legislatura ha arrojado una victoria indiscutible del independentismo, con más del 50% de los votos y con un viraje a la izquierda. El mandato es hacia la autodeterminación y política de izquierdas. Es una condición para la CUP.

P. ¿Qué dice Junts? ¿Cree usted que son de izquierdas?

R. Deberá decidir si sigue aplicando políticas neoliberales o se desplaza a la izquierda.

P. Piden un referéndum en 2025 pero quitaron del programa la fecha. ¿Por qué?

R. Queremos que se celebre antes del fin de la legislatura.

P. ¿Pactado con el Estado?

R. Si puede ser pactado, mucho mejor. No negamos el diálogo con el Gobierno ni con el Estado, pero ponemos esta condición: no estaremos en la mesa de diálogo si no se habla de referéndum y amnistía. Si no está en la agenda, nos tendremos que preparar para poder ejercer el referéndum de forma unilateral.

P. ERC no lo aceptará ¿no?

R. La estrategia de ERC de diálogo con el Estado no es una línea roja para la CUP. La respetamos pero nos parece inútil. El Gobierno nos dice cada día que no quiere hablar de autodeterminación. Pero si vuelven con la maleta vacía deberemos encarar el embate.

P. La CUP está dividida entre apoyar o no al Govern. Usted es de Endavant, que lo rechaza...

R. Forma parte de la diversidad de la izquierda independentista. Ahora todas las puertas están abiertas y esta posición está avalada por la militancia, pero esto puede cambiar. Endavant influye en la CUP, pero no es la única.

P. ¿No será un Govern ingobernable por las diferencias entre los socios?

R. Queremos ser determinantes y defender nuestros objetivos asumiendo las responsabilidades.

P. Si fuera por usted, ¿la CUP estará en el Gobierno?

R. Ahora mismo no lo puedo decir: depende de los objetivos y el programa político que acordemos. Si es una legislatura para volver a la gestión autonómica, no.