“No nos iremos hasta que todos tengan sitio para vivir”

No hay muchas residencias de ancianos “blancas” en Cataluña, aquellas en las que la covid 19 no ha entrado en ningún momento de la pandemia. Una de ellas es la residencia Nostra Senyora de Meritxell, de Barcelona, que por su reducido tamaño (25 plazas y 10 trabajadores) y gracias al seguimiento estricto de los protocolos, ha conseguido evitar el coronavirus. Pero justo cuando ya están todos los ancianos vacunados y cuando ya ha pasado todo el esfuerzo del aislamiento social que ha permitido sortear la epidemia, sobre la residencia pende una nueva espada de Damocles, de la mano del mercado inmobiliario y una orden de desahucio. Previsto para este miércoles, ha sido suspendido in extremis, dando más tiempo a las familias para encontrar una solución para los usuarios.

La directora del centro, Francesca Naranjo, es estricta con el protocolo anticovid: no puede entrar en la residencia nadie que no sea trabajador o familiar, y según unas normas concretas. “Con lo que nos ha costado, y ahora que nos tenemos que ir, ya os digo que van a salir todos tan bien como entraron”, zanja en la puerta de la residencia.

El centro ocupa dos plantas de una finca en la Gran Via de Barcelona, justo enfrente del edificio histórico de la Universidad de Barcelona. “No tenemos más vecinos, porque el resto eran pisos turísticos”, explica. Naranjo lleva 15 años como directora de esta residencia en la que hay plazas privadas y plazas financiadas mediante las fundaciones Nostra Senyora de Meritxell y Cáritas. En octubre de 2019, la familia propietaria del edificio comunicó a Naranjo que habían vendido el inmueble. “Me quedé en blanco, ¿cómo podían venderlo con gente dentro y sin avisar?”, explica. Desde entonces, no ha ingresado ningún usuario nuevo, ya que no se sabía qué ocurriría con el centro. Ello le ha conllevado menos ingresos, ya que actualmente, de las 25 plazas posibles, solo hay 14 ancianos.

En un principio, la fundación Nostra Senyora de Meritxell se mostró interesada en comprar el inmueble para continuar con la actividad de la residencia, pero el nuevo propietario, una empresa inmobiliaria, propuso una cifra astronómica: 24 millones de euros. Ante la negativa, la propiedad siguió con la búsqueda de comprador. Llegó la pandemia y, cuando se terminó el contrato de alquiler, la inmobiliaria solicitó el desahucio de la residencia. Surgió un comprador, el fondo de inversión Singh Propco III. Y en noviembre de 2020 el juez fijó la fecha de desahucio para este miércoles 3 de marzo.

“Las familias se pusieron muy nerviosas, claro, había que buscar en poco tiempo un sitio nuevo. Yo ya he dicho que de aquí no nos vamos hasta que encontremos para cada uno un buen sitio para vivir. Vamos, por encima de mi cadáver”, afirma Naranjo. Explica el caso de una usuaria que, tras morir su marido de un paro cardíaco en el mismo centro, deberá volver a vivir con su hija en un piso que han tenido que alquilar expresamente por esta circunstancia.

El pasado domingo, y tras unos días en los que la directora y las familias han estado denunciando el caso, el juez revisó la orden de desahucio y decidió suspenderla ya que quien la había solicitado era el antiguo propietario, con lo que si el nuevo propietario quiere proceder de la misma forma, tiene que presentar una nueva solicitud. “Una suspensión no implica que esté totalmente parado, el problema sigue ahí. Ahora tenemos más tiempo y herramientas para abrir una mesa de negociación con la propiedad, y con el Ayuntamiento o la Generalitat como mediadores”, explica una portavoz de la plataforma Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample, que ha acompañado a Naranjo en la campaña de denuncia.

La directora tiene pensado retirarse. “Yo entiendo que el edificio se ha vendido, pero necesitamos tiempo y herramientas para irnos”, añade. Pero la plataforma vecinal cree que la residencia no tendría que cerrar y que el edificio debería expropiarse: “Es muy duro para estos abuelos quedarse sin su casa”.

Pese a que en la residencia no hay financiación pública, el departamento de Asuntos Sociales de la Generalitat se comprometió a atender a las familias. Encontrará un equipamiento residencial alternativo para siete de los usuarios, mientras que el resto ya está en vías de encontarar una solución propia.