Crisis de fe en los Mossos

Vivimos tiempos convulsos. Algunos políticos independentistas juzgan a los mossos como un cuerpo represivo cualquiera, cuando ayer les entronizaban frente a las conductas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Con su actuación en los atentados yihadistas de Barcelona de 2017, fueron beatificados. La canonización llegó unos meses más tarde con la respuesta al referéndum del 1 de octubre: frente a la violencia empleada por las Fuerzas de Orden Público dependientes de la Administración central, los Mossos d’Esquadra tuvieron una actuación exquisita. Luego se les apeó de los altares por su actuación al reprimir las movilizaciones contra la sentencia de los líderes independentistas presos. A consecuencia de estas cargas sobre las manifestaciones por el fallo judicial de octubre de 2019, el president Quim Torra exigió al entonces conseller Miquel Buch una investigación. Como casi todo en el procés, la auditoría se quedó en mero acto propagandístico, una iniciativa que tenía como objetivo contentar y tranquilizar a la feligresía política. La célebre investigación interna fue un simulacro. En la que se denominó “la auditoría más grande de la historia”, de todos los agentes investigados por la División de Asuntos Internos solo uno acabó sancionado. Buch al final fue destituido y relevado por Miquel Sàmper.

Los titulares de Interior durante los años del procés se han convertido en fusibles que protegen un circuito en el que pocas cosas cambian y donde hay zonas oscuras y con demasiada autonomía. Su tarea no es fácil. Se les exige bordear y en ocasiones sortear –verbalmente o con sus silencios– una legalidad que es precisamente la que debe defender el cuerpo policial del que son políticamente responsables. Todo ese juego va acompañado de aforismos tan sinceros como carentes de inteligencia política como la autonegación de Quim Torra al afirmar que la autonomía es uno de los grandes obstáculos para alcanzar la independencia. Aplicado ese pensamiento al terreno policial supone de echar de menos una buena policía patriótica, en línea con la doctrina Fernández Díaz.

Ahora el debate sobre la policía catalana ha vuelto a estallar porque, en una manifestación por la libertad de Pablo Hasél, una joven ha perdido un ojo, presuntamente por una bala de foam, esas que los comunes y la CUP pidieron con escasa fortuna en el Parlament que se prohibieran. La novedad es que con el procés cada vez que hay una víctima de la violencia policial, incluso quienes han desempeñado su titularidad 15 de los 22 años desde su traspaso plantean la necesidad de reformular un modelo cuyos vicios y virtudes han contribuido a consolidar. Dejando al margen el carácter de las movilizaciones vividas en los últimos días, con destrucción de mobiliario urbano y saqueo de tiendas, una sociedad democrática debe tratar de conocer siempre la verdad y más cuando se producen hechos de gravedad. Tras el incidente de la pérdida del ojo, el comisario portavoz del cuerpo, Joan Carles Molinero, explicó que la policía catalana tenía perfectamente controlados cuántos proyectiles se dispararon, quiénes fueron los escopeteros y dónde se efectuaron las actuaciones. Deben haberse mejorado mucho los mossos en los últimos años porque sigue sin saberse –con sentencia judicial de por medio– qué escopetero dejó sin un ojo a Ester Quintana durante la huelga general de 2012 sin que mediara manifestación ni incidente alguno. Claro que entonces tocaba hacer bandera de la contundencia.

Los cuerpos policiales dependen de los políticos y la legalidad puede ser transformada por la acción política. En 2007 cuando el conseller Joan Saura hizo instalar cámaras de vídeo ocultas en las comisarías se le acusó de querer hundir la reputación de los mossos. Saura se limitó a copiar el modelo vasco y con ello se evidenció la existencia de malos tratos y torturas en centros de detención. La derecha –entonces había derecha catalana– montó en cólera. El diputado de CiU Quico Homs consideró ante el Parlament que dar a conocer públicamente la existencia de malos tratos vulneraba “el principio fundamental del derecho a la presunción de inocencia”. Ahora los agentes ya se han familiarizado con las cámaras y se han acabado los brotes corporativos contra esa exigencia de transparencia democrática que todavía no se practica ni en las dependencias de la Policía Nacional ni en las de la Guardia Civil. La policía tiene delegado el monopolio de la violencia por parte del Estado desde que un contrato social así lo legitima. Otra cosa es que el poder tienda a cerrar filas para encubrir los excesos y que todas las democracias realmente existentes tengan, en este sentido, sus agujeros negros. A la ciudadanía el único recurso que le queda es exigir transparencia y ejercer un eficaz control democrático.