Patronales y sindicatos piden diálogo al nuevo Govern para diseñar la salida de la crisis

Pedro Sánchez y sus ministros se han hecho este último año múltiples fotografías junto a los representantes de patronales y sindicatos. Nada parecido a lo que ha ocurrido esta última legislatura en Cataluña, donde han escaseado las muestras de concertación social en el Ejecutivo del expresidente Quim Torra y de su sustituto Pere Aragonès. Los agentes sociales reclaman un cambio de actitud al Gobierno que surja de la cita electoral de este domingo, especialmente para diseñar las bases de las políticas de reactivación económica en Cataluña y los fondos de la UE.

De julio pasado es la última fotografía que la cúpula del Govern, entonces encabezado por Quim Torra pero en la que también aparecía el vicepresidente Pere Aragonès, se hizo con los máximos representantes de Foment del Treball, Pimec, CC OO y UGT. Fue en la firma del Acuerdo Nacional de Bases para la Reactivación Económica con Protección Social de Cataluña, una genérica hoja de ruta para salir de la crisis causada por la covid que, cuyo desarrollo no se ha llevado a cabo. Desde entonces, ha habido dos acuerdos más: la corrección al fiasco de las ayudas a los trabajadores autónomos y el último paquete de ayudas de 600 millones de euros, ambos forzados por los agentes sociales, pero para los que no ha habido rúbrica, tan solo anuncio del Govern.

El que acaba no ha sido un mandato pródigo en negociaciones, pese a que el año pasado se aprobó la ley de participación institucional, creada con el objetivo de marcar las reglas de juego de la relación entre el Govern y las patronales y sindicatos más representativos. Poco después, ese acuerdo se agrió por la intención de Junts per Catalunya de dar ese mismo rol de representatividad a las cámaras de comercio.

“Ha existido la filosofía de dialogar, pero no se ha acabado trabajando la imagen de cogobernanza. Por ejemplo, el Consejo del Diálogo Social (un ente creado por la nueva ley) no se ha aprovechado como se debería haber hecho”, señala Salvador Guillermo, secretario general adjunto de Fomento del Trabajo. De sus explicaciones se sobreentiende que no todas las fuerzas presentes en el actual Govern han mostrado la misma predisposición a utilizar las herramientas disponibles para sacar adelante normas, planes o ideas compartidas. Guillermo demanda un diálogo permanente en el tiempo y que no siempre esté sujeto a necesidades concretas. “La cuestión es hacer ese diálogo y dar la imagen de que es una característica propia del sistema”, apunta.

El número tres de Foment defiende la oportunidad que ofrecen los acuerdos con patronales y sindicatos para después extenderlos a otras formaciones políticas y, así, romper con la actual política de bloques. “Hay muchos temas en los que si puedes reforzar la posición común con patronales y sindicatos, esa fuerza la puedes trasladar para incorporar a otros partidos al consenso. Ha de haber más intensidad en el debate y darle más visibilidad”, anota.

“La ley de participación es la arquitectura, pero ahora falta la política de concertación, que no existe. Si no la hay de consenso político...”, lamenta el secretario general de CC OO, Javier Pacheco. En los encuentros que han tenido con los candidatos el sindicato ha defendido que hay que dotar de “contenido, recursos y estructura” al Consejo de Diálogo Social, cuya utilidad dependerá de su capacidad para tener vida propia más allá de la agenda del secretario general de Trabajo, el número dos del consejero.

Existe consenso entre los cuatro agentes sociales en que el diálogo social debe ser estratégico en las primerías de la nueva legislatura, sobre todo para pactar la definición de los ejes de los fondos de reactivación económica que lleguen de la Unión Europea, si es que la Generalitat acaba teniendo margen de actuación. “Tenemos que participar y de hecho tenemos todavía que reactivar el acuerdo de bases que aprobamos en julio, que es muy genérico. Tenemos que alcanzar acuerdos”, subraya Camil Ros, secretario general de UGT en Cataluña. “Tendría que haber elementos que estuvieran fuera del debate partidista o de bloques. Los Presupuestos son un ejemplo. Pero también en el ámbito de la formación profesional, la economía y el trabajo y, evidentemente ahora, en temas vinculados a la pandemia”.

Josep Ginesta es el responsable del área de Trabajo de Pimec, pero hasta hace pocos meses era el número dos del consejero Chakir El Homrani. Desde ese doble pivote señala que las dificultades que ha habido para entablar diálogo social han sido “el contexto político del último año y una situación complicada entre los dos partidos que forman el Govern, que ha dificultado el diálogo”. En su opinión, esa concertación social ha de servir para, como señala Ros, desplegar el acuerdo de bases para la reactivación y participar en la gestión de los fondos europeos. “No puede ser que el Govern no consensúe su uso con los agentes sociales”, dice, después de quejarse de que no se dieran explicaciones de los 27 proyectos que el Govern aprobó para recibir fondos hasta un día antes de presentar el paquete conjunto.

Grandes diferencias de concertación con Madrid

Pensiones, repartidores precarios, teletrabajo, expedientes de regulación temporal de empleo... una larga lista de elementos explica la gran participación social que este año se ha visto en Madrid, con continuas fotografías entre miembros del Gobierno y representantes de patronales y sindicatos, además de mucha confrontación dialéctica sobre los temas que se han tratado. No ha sucedido lo mismo en Cataluña, pese a que Camil Ros cuestiona que el trabajo del Gobierno central haya sido tan diligente. “También ha sido muy errático”, dice, si bien cuestiona que en el Consell Executiu “se crea realmente en el diálogo social”, por las pruebas que ha dejado en Cataluña el último mandato. Los sindicatos quieren retomar ese camino para redefinir los recursos del Estado del bienestar en Cataluña una vez demostrado que los recortes de la última década en la sanidad y en materia social han aflorado sus debilidades en esta pandemia. Las residencias geriátricas, con un modelo público, están marcadas en rojo.