El Govern ultima la selección de 20 proyectos entre 400 para pedir fondos de la UE

La búsqueda de proyectos para presentar ante la Unión Europea y captar fondos comunitarios del mecanismo para la reactivación Next Generation se ha convertido en una de las últimas prioridades del Govern antes de las elecciones. Los diferentes departamentos analizan 400 posibles proyectos potenciales de recibir recursos comunitarios. Pero la prioridad es definir una veintena, los que tengan mayor capacidad de transformación, para poder incluirlos en el primer borrador que el Gobierno central remita a Bruselas. El Govern prevé tenerlos en tres semanas.

La Generalitat desea tener definidos los mayores proyectos antes del periodo navideño, de forma que España los pueda incluir en su primera remesa de proyectos enviados a la Unión Europea. En ese paquete se encontrarán los proyectos con mayor potencial de transformación de la economía catalana y, a la vez, los que demanden mayor volumen de inversión. Ya está decidido, por ejemplo, que en el listado de la Generalitat figure el plan del Barcelona Supercomputing Center para poder diseñar chips que permitan a Europa competir con la actual oferta estadounidense y asiática. Y también un proyecto para rehabilitación de vivienda que contribuya a superar la actual crisis habitacional y el reequilibrio territorial y otro para la industria agroalimentaria.

A la Generalitat no le entusiasma la idea de incluir proyectos de infraestructuras en ese primer paquete, al considerar que no activa ni la iniciativa privada ni la transformación económica que demanda la Unión Europea, pero introducirá alguno y es posible que esté vinculado al corredor mediterráneo y al movimiento de mercancías por vía ferroviaria. Es una duda si España, y Cataluña, serán capaces de presentar proyectos suficientes para captar los 70.000 millones a fondo perdido que podrían llegar en los próximos tres años. El Gobierno central, de momento, no quiere utilizar los otros 70.000 millones que podrían llegar en forma de créditos de la Unión Europea.

La dificultad de esta primera tanda no es compleja solo por la definición de cuáles son los primeros proyectos, sino por cómo se acaba definiendo quién los lidera: ¿un operador público o privado? Son los que el Gobierno central ha denominado Perte: “proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, que exigen la colaboración público-privada”, según los definió el real decreto aprobado por el Ejecutivo. Este tipo de propuestas se beneficiarán de un proceso más acelerado para recibir fondos, pero antes tendrán que ser aprobados por el Consejo de Ministros. El Gobierno central prevé presentarlos en Bruselas en enero.

Además de los proyectos que presente la Generalitat directamente, habrá otros proyectos que grandes corporaciones puedan presentar por su cuenta. Se da por descontado, por ejemplo, que Seat hará una propuesta en torno al vehículo eléctrico que aúne otras fábricas del Grupo Volkswagen en la Unión Europea —el presidente del consorcio alemán, Herbert Diess, se reunió la pasada semana con Pedro Sánchez—. Las cotizadas Cellnex o Grifols también son candidatas a presentar a recibir fondos europeos.

El resto de candidatos a obtener recursos comunitarios irán por la vía de la convocatoria, sin que se sepa de momento cómo se articularán estas. “Queremos tener los proyectos definidos ante la incertidumbre de un Estado que nos da muy poca información. La conferencia sectorial todavía no se ha convocado”, se queja Lluís Juncà, director general de Promoción Económica, Competencia y Regulación y coordinador en el Govern de todo lo que tenga que ver con los fondos Next Generation. “Hemos recibido la mayor parte de propuestas y estamos identificando cuáles pueden unirse e incluir iniciativa privada o determinar quién los acaba liderando”, señala. La pretensión es la de reducir el número de proyectos que vayan a convocatoria, evitar duplicidades y, sobre todo, hacerlos más ambiciosos. Aunque esa voluntad puede acabar lastrando el interés de las pymes, que ya han mostrado su temor de que los fondos lleguen a las grandes empresas y, en cambio, no acaben de tocar a la pequeña empresa que también quiere presentar candidatura.

Comités de trabajo

El otro gran interrogante es si la Administración será capaz de digerir el gran volumen de recursos que presenta la Unión Europea a concurso. La Generalitat ha señalado que aspira a que Cataluña reciba 30.000 millones de euros, una cantidad que es similar a la de todo su presupuesto anual. Y España —y las comunidades autónomas— no es ningún buen ejemplo de capacidad de gestión de recursos comunitarios. En 2019 apenas había podido demostrar que se había gastado el 35% de los recursos demandados a la Unión Europea en los siete años anteriores, lo que ponía en duda que esos fondos comunitarios pudieran llegar a España.

Además de crear un comité de notables para valorar los proyectos que mejor puedan casar con los Perte planteados por el Gobierno central, la Generalitat activó hace dos semanas un grupo interdepartamental para intentar detectar cuellos de botella administrativos que puedan suponer un problema ante la futura recepción de fondos comunitarios, que tendrían que llegar ya la semana pasada. El ambiente de precampaña electoral y las elecciones de febrero pueden entorpecer también esa gestión.

De momento, el Next Generation se ha convertido en un tema de debate y cambalache en la negociación de los Presupuestos Generales de este año. ERC y PSOE negocian, por ejemplo, el protagonismo que pueda tener el Gobierno catalán y el resto de autonomías en esa gestión e, incluso, la posibilidad de que grandes proyectos presentados por Cataluña puedan incorporarse a la vía rápida de proyectos en la que trabaja Moncloa. Para el próximo año 34.000 millones ya estarán consignados en los Presupuestos y existe el compromiso de Pedro Sánchez de que las comunidades gestionen directamente el 54% de esos recursos.