Triunfalismo con maquillaje estadístico

Cuando Manuel Fraga Iribarne era ministro de Información y Turismo de la dictadura, allá por los sesenta, le preguntó al capitán de la Guardia Civil del puesto de La Jonquera cómo iban aquel año las entradas de visitantes, a lo que el mando contestó: “Este año, señor ministro, un 10% por debajo del año pasado”, a lo que Fraga replicó: “Querrá decir un 10% más. ¡Si lo sabré yo, que soy ministro!” A partir de aquel día la benemérita institución dejó de contabilizar turistas, según la anécdota explicada por un alto cargo de Turismo al periodista Xavier Vidal-Folch.

Algunas cacicadas propias de las dictaduras sobreviven también en democracia. Son tics propios del poder, que afectan a algunos altos cargos cuando, en interés de preservar su poltrona, tratan a toda costa de evitar que la condenada realidad les estropee un buen titular. La ventaja es que ahora existe la posibilidad de fiscalización política de la que carecen los regímenes totalitarios. Pero nunca faltan personajes orwellianos con pretensiones de articular, dentro de un orden, los ministerios de la Verdad, del Amor o de la Abundancia.

En septiembre del año pasado, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat hizo un ejercicio de funambulismo que ilustra ampliamente la frase de Disraeli de que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Después de la brillante gestión en las residencias geriátricas durante la pandemia de la covid –que acabó siendo traspasada al Departamento de Salud–, Trabajo redactó un informe sobre la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en 2019. De la lectura del estudio, el ciudadano infiere que está en el mejor de los mundos, puesto que la tasa de cobertura en “hogares con dificultades económicas” es nada menos que del 167%. La cifra se obtiene de dividir los hogares que se beneficiaron en 2019 de la prestación o sus complementos a pensiones no contributivas por la estimación de los que se iban a acoger a la medida. El estudio compara luego los datos de los hogares (no personas) que están en situación de pobreza severa con los que han accedido a la prestación para concluir que la tasa de cobertura es del 54%.

Sin embargo, en un informe exhaustivo elaborado por Sixte Garganté, profesor de Derecho del Trabajo y Protección Social de la Universidad Pompeu Fabra y miembro de la comisión promotora de la ley de la RGC, se expone que en septiembre de 2020 la cobertura de la Renta Garantizada y complementos alcanzaba únicamente al 32% (141.097 ciudadanos) de los 440.440 que viven en Cataluña en privación material severa. Sobre el millón y medio de ciudadanos en riesgo de pobreza, esta prestación se queda en un modesto 9,3%.

Lo paradójico de esta ducha de realidad es que el profesor Garganté utiliza datos de la propia Generalitat, en concreto del Instituto de estadística de Cataluña (Idescat), que el Departamento de Trabajo no emplea para su informe sobre su particular mundo feliz. La administración dinámica, sensible y flexible de la Generalitat tampoco sale bien parada en comparación con otras autonomías. Por cada mil habitantes y en lo referente a esta prestación o similares, Cataluña, con un 14%, está por detrás no ya de las privilegiadas Navarra (54%) o País Vasco (50%), sino también de Asturias (34%), Aragón (23%) o Extremadura (18%).

El despliegue triunfalista de cifras sobre la aplicación en 2019 de esta iniciativa legislativa popular (ILP) en Cataluña –que fue aprobada sin votos en contra por el Parlament en 2017– contrasta pues con la visión de los promotores de la ILP. Además, fueron estos quienes hicieron llegar el polémico informe de Trabajo a los grupos parlamentarios el 23 de diciembre del año pasado, pues, aunque fechado en septiembre de 2020, debía andar traspapelado por algún despacho. Diosdado Toledano, en representación de la comisión que impulsó la ley, remitió el pasado 25 de enero una carta a las formaciones con representación en la Cámara solicitando la realización de una auditoria independiente sobre la gestión de la prestación. La crisis generada por la pandemia hace temer que las situaciones límite de pobreza y exclusión social se hayan incrementado en 2020.

La Generalitat está obligada a evaluar anualmente la aplicación de la ley de la RGC. Se trata de que rinda cuentas con criterios realistas, ya que los afectados son el eslabón más débil de la sociedad. Pero algunos están más preocupados por maquillar cifras y mantener sus poltronas a salvo.