Democracia o vida no es el dilema

Es obvio que si no hubiera habido pandemia del coronavirus, las elecciones catalanes del 14 de febrero ya tendrían a los partidos políticos engrasando sus maquinarias y puliéndolas. Más esto último, ya que engrasando lo hacen día sí y día también sin necesidad de elecciones a la vista. Pero la realidad es la que es. Hay una pandemia devastadora, en términos sanitarios, epidemiológicos y sociales. Estos días todavía no tenemos noticias muy claras de que la curva de contagios alcance la cima y comience a bajar. A día de hoy, los quirófanos están a punto de la saturación.

La presión asistencial en las UCI se acerca a lo insoportable. Encima, la variante británica ya causa el 7% de los contagios en Barcelona, según análisis realizados en el hospital Vall d’Hebron. El paisaje es el que es después de ninguna batalla, porque la batalla es el mismo paisaje. En estas circunstancias, en medio de esta excepcional situación, se debate si tienen que celebrarse las elecciones catalanes el 14 de febrero.

El debate está en la calle, en la sede de los partidos políticos y sus intereses legítimamente partidistas (pero partidistas al fin) y unos tribunales de justicia que si no es (y quiero creer que no lo es), dan la impresión de una connivencia con los intereses de uno de los contendientes en la lucha electoral. Unos apelan a la salud comunitaria, otros a la urgencia de cambiar la composición del Parlament, y otros están muy sospechosamente entregados a no demorar ni un minuto el deber y el derecho de los ciudadanos de Cataluña de cumplir con un ejercicio democrático.

Hace unas semanas el ya exministro de Sanidad Salvador Illa anunciaba su candidatura por el PSC para presidir la Generalitat. A los pocos días, algunos sondeos le auguraron resultados alentadores, encaramándole a la cabeza de los votos, seguido de ERC. Illa, también en esas mismas encuestas, obtuvo el reconocimiento como el mejor candidato, incluso entre quienes no son votantes de su partido. El socialista está preparado para arrancar votos a diestra y siniestra. Así que está claro que cuanto antes se celebren las elecciones, rumian los pilotos en la sala de máquinas del PSC, el “efecto Illa” cristalizará en un resultado histórico. Los partidos que conforman el actual Gobierno, Junts y Esquerra, pero también Comuns y Ciudadanos, estaban de acuerdo con el aplazamiento. Lo hicieron amparados en la dudosa oportunidad de celebrar unas elecciones en medio de una pandemia de incuestionable letalidad. Y así lo mostraron con su aplazamiento en el Boletín de la Generalitat, hasta el 30 de mayo. Y entonces entró en liza el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dictó de manera cautelar la celebración el día 14, aunque no será hasta el próximo 8 de febrero, es decir, en plena campaña, cuando dicte un fallo definitivo sobre el aplazamiento. Se plantea un interrogante, ¿qué pasaría si el TSJC decide postergar las elecciones hasta nuevo aviso, congelando la campaña electoral y dejando fuera de juego a un candidato, Salvador Illa, que dimitió justamente para presentarse a esas elecciones que necesita, como agua de febrero, que se celebren? Y si el TSJC no las suspende, ¿no plantearía una duda razonable sobre su imparcialidad?

Somos muchos los que tenemos ganas de que algo cambie en Cataluña. Yo el primero. Formo parte de esa enorme porción de ciudadanía fatigada de tanta mayoría independentista (nunca acorde hasta ahora con una mayoría social en la misma dirección), incapaz ya no solo de ponerse de acuerdo entre sí, sino de dejar aparcados desacuerdos y metas republicanas por un tiempo y centrarse en la gestión competente y despolitizada (sí, sí, despolitizada) de la pandemia, la sanitaria y la socioeconómica que nos afecta a todos, a nosotros y a nuestros hijos, sean independentistas o no.

Pero a pesar de esta urgencia de cambio, me sumo a los que están a favor de que las elecciones no se celebren el 14 de febrero. Mis reservas responden a los inquietantes indicadores epidemiológicos y sanitarios, pero también, además de la necesidad de creer en el TSJC, a la probable abstención, sobre todo cuando ya se prevé que crecerá respecto a la que se dio en las elecciones de 2017. ¿Y si se suspendieran las elecciones hasta pasado el verano, cuando el 70% de la población ya esté inmunizada? Recordemos que Bélgica estuvo 650 días con un gobierno interino, entre diciembre de 2018 y enero del 2020. Ese gobierno interino no debió hacerlo tan mal, porque la percepción de la población belga, francófonos y flamencos, fue que todo se siguió haciendo igual de bien. En Cataluña el gobierno de la Generalitat sólo tendría que optar por hacer bien aquello que ahora no hace tan bien. No es tan difícil.