Los jueces abren la puerta a retrasar las elecciones catalanas si se aprueban más restricciones

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio a conocer este viernes las razones para suspender cautelarmente el aplazamiento de las elecciones autonómicas. El TSJC cree que deben celebrarse el 14 de febrero —y no ser pospuestas— por su “interés público” y para no caer en la “provisionalidad”. Y porque ni el estado de alarma ni las restricciones para contener el virus impiden su celebración “con garantías”. Si esas medidas se intensificaran, el tribunal abre la puerta a cambiar de criterio con su sentencia definitiva, previsiblemente el 8 de febrero. Uno de los siete magistrados apoya el aplazamiento que quiere la Generalitat.

El tribunal aún debe examinar el fondo de la demanda, pero la admisión de las medidas cautelares echa por tierra los planes del Govern. El ejecutivo autonómico y el resto de partidos (con la excepción del PSC) pretenden trasladar los comicios al 30 de mayo para evitar el pico de la pandemia. Esa nueva fecha, según el decreto del Govern —que fue recurrido por particulares y partidos extraparlamentarios—, no era ni siquiera definitiva: estaba supeditada a la situación epidemiológica.

El ‘efecto Illa’ llevaría al PSC a ganar las elecciones en Cataluña, según el CIS

El independentismo arremete contra el tribunal por la suspensión del aplazamiento electoral

La justicia lleva la campaña electoral catalana a la máxima incertidumbre

Los magistrados creen que retrasar las votaciones sin tener una nueva fecha clara aboca a “un periodo prolongado de provisionalidad” que “afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas”. Más aún cuando se da en un momento de “precariedad institucional”: la Generalitat está sin presidente (Quim Torra fue inhabilitado por desobediencia) y el Parlament, disuelto.

La resolución de este viernes no es la sentencia definitiva, que el tribunal se ha comprometido a dictar como tarde el 8 de febrero —en plena campaña y a solo seis días de la hipotética votación— y que tendrá que dirimir si se ha vulnerado el derecho fundamental al voto de los demandantes. El texto, sin embargo, ofrece pistas sobre el criterio final de los jueces.

El “efecto principal” de la resolución es que, provisionalmente, se mantiene la cita del 14-F, por lo que todos los preparativos deben seguir adelante con celeridad. Pero eso no significa que el tribunal “obligue a votar irreversiblemente” ese día. Los jueces señalan que no son ellos quienes han “fijado esa fecha” y advierten de que, pese a lo dicho en las medidas cautelares, la decisión no es definitiva. Nada impide que puedan producirse “cambios sustanciales” hasta el día de los comicios, tanto en las normas que regulan el estado de alarma como en el ámbito sanitario por una “evolución negativa”. Esos cambios podrían “justificar otra decisión de las autoridades competentes”, o sea, del Govern.

La Generalitat estaba a la espera de conocer el razonamiento del Tribunal Superior para decidir si exploraba otras posibilidades para salvar el aplazamiento. El Ejecutivo sigue defendiendo que el texto del decreto se sostiene jurídicamente y ve algunas victorias; por ejemplo, que se reconozca la potestad del president en funciones para modificar el calendario electoral. Pero proponer un nuevo decreto, opinan fuentes del Govern, sería añadir más ruido en un momento en el que la ciudadanía ya está desconcertada.

”Lo que no permitiremos es que esta justicia se imponga en las urnas”, advirtió este viernes la portavoz de Junts, Elsa Artadi. La diputada pidió “dejar de especular” con la fecha. Una aceptación tácita del nuevo escenario que también asume ERC. Marta Rovira, la secretaria general del partido, huida de la justicia en Suiza, pidió al independentismo que “se organice” para ganar unos comicios que serán el 14-F porque, dice, “el PSC-PSOE quiere que pase”.

Los magistrados defienden que “hay libertad de desplazamiento para actividades no esenciales, con ciertas restricciones, pero que no son impeditivas del ejercicio del derecho del sufragio”. Un endurecimiento de medidas (como un confinamiento domiciliario, que debería acordar el Gobierno central) podría llevar a los jueces a reconsiderar su posición. Los riesgos sanitarios, admite el texto, están en la “movilización de votantes y contacto personal” de esa jornada, pero añaden que la Generalitat ha implementado medidas para minimizarlos.

La resolución cuenta con el voto particular de uno de los siete magistrados de la sala, José Manuel de Soler Bigas. A diferencia de sus compañeros, él cree que el decreto que aplaza las elecciones debe seguir en vigor. Y opina que no se puede descartar, si la fecha es el 14-F, que haya un aumento de la abstención o “un repunte en la gravedad de la pandemia”.

La incertidumbre dispara el voto por correo

El voto por correo se ofrece como la solución para conciliar con seguridad, en las elecciones catalanas, el binomio salud-derecho al sufragio. La Generalitat defiende que su dispositivo para el día de la votación cuenta con todas las garantías sanitarias, pero insiste en que la situación epidemiológica es grave y que de ahí viene su apuesta por el aplazamiento, que de momento ha congelado la justicia.

Congelado por la justicia el aplazamiento de los comicios, tanto el president en funciones, Pere Aragonès, como los portavoces de los partidos invitaron ayer a optar en todo caso por el voto por correo. Junts y el PSC comenzarán campañas específicas para promover esta forma de participación, que se puede solicitar hasta el 12 de febrero. Con datos del pasado miércoles, 45.000 personas ya han hecho la solicitud ante Correos; una cifra que, según la Generalitat, triplica la de 2017 en esas mismas fechas. En aquellas elecciones, finalmente, 78.876 catalanes votaron por correo. En 2015, 107.421. El plazo para el voto rogado también se amplía, hasta el martes.