Una de cada cinco familias que atiende Càritas no tiene ningún ingreso

La situación de las familias catalanas a las que atiende Càritas sigue siendo muy precaria. Una de cada cinco no percibe ningún tipo de ingreso: ni de trabajo y tampoco prestación, subsidio o pensión. Ni siquiera tienen el apoyo familiar o de amigos. Una situación que se ha agravado con el impacto de la covid y que no mejora, entre otras cosas, por la extrema lentitud de las administraciones, tanto la catalana como la central, en conceder las ayudas de forma efectiva. Esa es una de las demandas que realiza Càritas, que cerrará el año con el doble de familias a las que atendía en Barcelona antes de la pandemia, de 10.000 a 20.000, tal como ya avanzó en la presentación de su informe anual.

Los datos que hoy ha presentado la institución se refieren a la segunda encuesta -la primera fue al finalizar el estado de alarma-realizada a familias que atienden en Barcelona. El número de familias que no tienen ningún ingreso ha aumentado 10 puntos desde el pasado febrero. Meses después del fin del confinamiento, hay 7.600 personas en esta situación. La pobreza de los hogares asistidos por la institución no deja de crecer; en febrero eran el 81%, en abril 86,5% y en setiembre pasado el 91,2%.

Unos datos que han ido a peor por varios motivos. Uno de los que han apuntado especialmente es la precarización del mercado laboral. Una situación que resumía el testimonio de una mujer -y madre monoparental- que se encargaba de hacer tareas de limpieza en domicilios: “Después del encierro del confinamiento me he encontrado que muchas señoras mayores para las que trabajaba tienen miedo de los contagios y me dicen que no vaya”. Como en su caso, esa fragilidad laboral afecta a 7 de cada 10 encuestados: el 17% trabaja de forma informal -sin contrato- y el 53% está buscando trabajo. Con contrato, eran el 38% en febrero para pasar al 30% en septiembre y un 3% de estos en situación de ERTO.

Crecen las nuevas formas de precariedad porque el 64% de los encuestados afirman que asumen riesgos de contagio para poder trabajar y el 69% dan por sentado que ser positivos de covid o verse obligados a guardar cuarentena tendría resultados negativos en su trabajo. “Todo eso configura una situación de extrema fragilidad por el impacto de la pandemia que se agrava por la dificultad del acceso a las ayudas a las que, por ley, tienen derecho”, ha apuntado Salvador Busquets, director de Càritas de Barcelona. Se ha referido a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), aprobada por la Generalitat en 2017. Según los datos de Cáritas, solo el 5% de los hogares a los que atiende cobraba esa ayuda antes de la crisis de la covid y el 7% la había pedido en septiembre, unos porcentajes que se consideran muy bajos en la situación de crisis actual.

El panorama en relación con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno central ya durante la pandemia es peor: el 63% de las familias que se podrían acoger ni siquiera tienen información. Solo el 14% tiene el suficiente conocimiento del derecho y la ha solicitado y un 21% no la conoce lo suficiente para tramitarla. El complejo procedimiento telemático es uno de los problemas que señala Cáritas: “Nos encontramos ante una buena voluntad, porque se reconocen los derechos, pero una dificultad en la tramitación que los invalida de facto”, ha añadido Busquets.

La brecha digital es otro de los datos que subraya la encuesta porque un 43% de los hogares que atiende no tiene recursos tecnológicos en sus casas, algo que tiene múltiples impactos, desde la educación de los menores hasta la búsqueda de trabajo de sus padres o familias, ya que cada vez son más las empresas empleadoras que realizan todos los trámites de selección de forma telemática. De hecho, una parte de la ayuda de Cáritas es resolver esas situaciones y en lo que va de año ha tramitado mil solicitudes del IMV.

Al margen de la encuesta, los indicadores de Cáritas de las necesidades sociales tras la covid señalan que los recursos que destinan a proveer alimentación se han triplicado respecto a las cifras de antes de la pandemia y las ayudas al pago del alquiler o de los servicios se han duplicado. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha destacado que los donativos se han triplicado y que la respuesta solidaria ha sido ejemplar: “Tenemos 600 voluntarios nuevos y el 45% de ellos tienen entre 17 y 45 años”.

De cara a 2021, la institución augura que las familias en situación vulnerable seguirán siendo muchas, motivo por e cual una de las peticiones que hacen a las administraciones es el incremento de pisos de alquiler.