Junts per Catalunya se desmarca de Budó y apuesta por votar el 14-F
El Síndic propone que una comisión de expertos decida si se dan las condiciones epidemiológicas para celebrar los comicios
Justo el día en que los comercios y la restauración daban el paso para volver a la normalidad, Junts per Catalunya dejó claro ayer su compromiso con la celebración de las elecciones el 14 de febrero. Todos los partidos saben que serán la situación epidemiológica la que finalmente termine determinando el calendario pero la portavoz de la formación independentista, Elsa Artadi, pidió ayer huir de “cualquier especulación”. Junts se desmarcó así del posicionamiento expresado por miembros del Govern como Meritxell Budó o Miquel Sàmper.
Tanto la portavoz del Ejecutivo catalán como el consejero de Interior apuntaron, la semana pasada, a la posibilidad de mover la fecha de los comicios para así poder garantizar la participación de todo el electorado. Sàmper dijo en una entrevista a Catalunya Ràdio que era partidario de mantener la fecha del día de los enamorados pero “no a cualquier precio”.
Esas declaraciones sentaron especialmente mal en Esquerra, desde cuyas consejerías se realizan los preparativos para los comicios, que se han de convocar el próximo 22 de diciembre una vez, por falta de un candidato a president, se disuelva el Parlament. Alguna voz de las filas republicanas ven un intento más de torpedear su gestión y recuerdan que esta semana el Procicat, el comité de técnicos que capitanea la respuesta a la pandemia, tiene que terminar los trabajos finales para planear la logística. La portavoz Marta Vilalta pidió no hacer más especulaciones.
Artadi salió ayer al paso a las declaraciones de sus consejeros e insistió en la apuesta de febrero para celebrar unos comicios que el propio expresident Quim Torra había anunciado en enero pasado. “Hay que huir de cualquier especulación de si habrá o no elecciones el 14 de febrero. Hay que garantizar que se celebren con todas las garantías de salud pública, de participación y de que la información llegue a todos los ciudadanos”, aseguró en la rueda de prensa semanal de la formación.
Las dos formaciones que sostienen al Govern propusieron una ruta muy similar. Esperar que el Procicat termine sus trabajos y después compartir el diagnóstico y las propuestas de cara a “buscar el consenso entre todos los partidos”.
La oposición también aprovechó la situación para insistir en la idea de caos dentro del Ejecutivo catalán. “Poner en duda el 14 de febrero es poner en duda la propia recuperación y el plan de desescalada aprobado por el Govern”, aseguró la diputada Eva Granados. Los socialistas también instaron al president en funciones, Pere Aragonès, a que se posicione respecto a la fecha de los comicios. El PDeCAT también expresó su negativa a mover la fecha.
Al debate también se sumó el Síndic de Gregues. Rafael Ribó presentó ayer en el Parlament un informe en el que pide, entre otras cosas, que la decisión final sobre si celebrar las elecciones o no en la fecha ya señalada sea tomada por un grupo de expertos independientes. El defensor del pueblo catalán también cree que se tendría que dividir en dos días la jornada electoral y ve necesaria una “ley electoral parcial” que permita hacer esos ajustes. Para ello ha instado a las bancadas del Parlament a “un trabajo legislativo inmediato”. Los partidos catalanes han sido incapaces de llegar a un acuerdo para tener una normativa electoral propia, que el Estatut prevé, y por eso se sigue usando la estatal.
“Puede haber, según los expertos, decenas de miles de personas que se pueden ver restringidas o impedidas de ejercer el derecho a voto en la jornada electoral”, advirtió Ribó durante la presentación del informe. Desde los departamentos de ERC ya se venía trabajando desde hace meses en la logística para la celebración de los comicios, si bien la última palabra la tiene el Procicat. Por ejemplo, se propuso, además de estimular el voto por correo, que las personas contagiadas o en cuarentena por covid dispongan de 30 minutos para votar.
El caso del País Vasco y Galicia
El pasado 5 abril, gallegos y vascos estaban llamados a las urnas. La crudeza de la primera ola terminó por obligar a modificar la fecha y las elecciones finalmente fueron el 12 de julio. En ambos casos se escenificó un acuerdo de todas las fuerzas que concurrían para parar el proceso por el coronavirus. Las elecciones habían sido convocadas antes de la pandemia. La suspensión se hizo vía decreto, una vez la Junta Electoral diera el visto bueno para postergarlas. La nueva fecha se anunció una vez se levantó el estado de alarma que el Gobierno central puso en marcha para controlar la respuesta a la pandemia. Hubo algunas quejas de imposiblidad de participar.
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