La victoria de 50 vecinos contra la mina

A 1.700 metros de altitud las ruedas del jeep chirrían sobre las piedras que sobresalen de la tierra empapada. Hace 30 minutos que la carretera de asfalto se ha convertido en un estrecho camino de pastores que serpentea el puerto de Salau, una colosal frontera pirenaica que separa España y Francia en el Parque Natural de Alt Pirineu (Lleida). Tras sortear varias vacas que pastorean en el prado, Jaume Comas baja y extiende un mapa sobre el capó de su todoterreno. “¿Ves?”, pregunta este geólogo jubilado mientras señala un punto en el plano. “Si la mina se hiciese, todo lo que ves aquí quedaría arrasado”, dice. El presagio no se cumplirá. Cuatro años después de iniciar los trámites, la multinacional australiana Apollo Minerals ha renunciado a su plan extractivo en los Pirineos españoles (Proyecto Aurenere).

Los escasos 50 vecinos que viven todo el año en la entidad municipal descentralizada de Isil i Alòs, una diminuta pedanía de origen medieval enclaustrada entre montañas en el municipio de Alt Àneu (Pallars Sobirà), iniciaron su particular revuelta contra la mina en 2016, cuando Apollo Minerals, a través de su filial Neometal Spania, empezó a investigar en sus tierras comunales un yacimiento de cobre, oro y tungsteno, uno de los metales más resistentes y considerados “críticos” por la Comisión Europea para la estabilidad económica.

“Es una barbaridad. Solo con construir la carretera de acceso asfaltarían parte de un valle habitado por osos pardos y árboles monumentales”, explicaba Comas una semana antes de conocer la decisión de la empresa. En el valle reluce el nacimiento del río Noguera Pallaresa, una enorme lengua de aguas cristalinas de 154 kilómetros en las que saltan truchas y donde el oso pardo (Ursus arctos) ha sido reintroducido con éxito en sus alrededores. Todos los grupos con representación en el municipio, que vive de la ganadería y el turismo de montaña, se mostraron desde el principio contrarios al plan. La oposición a la mina la ha abanderado Salvem Salau, una plataforma vecinal que nació para poner palos en las ruedas al proyecto y que en 2018 anunció “movilizaciones constantes”. Sofia Isus es la presidenta de la plataforma y explica que durante este tiempo se ha entrevistado con altos cargos de la Generalitat para transmitirles su inquietud con el proyecto.

Neometal Spania presentó al Departamento de Territorio y Sostenibilidad la solicitud para realizar los primeros sondeos: seis agujeros en una profundidad máxima de 150 metros en cotas de entre 1.780 y 1.850 metros de altitud. Tras recibir alegaciones de Salvem Salau, del parque natural y otras entidades, la Generalitat pidió en 2018 a la promotora minera que realizara un estudio ambiental más exhaustivo. El Govern consideró que la empresa debía dar respuesta a los posibles riesgos medioambientales que, como partes interesadas, los vecinos habían planteado en la fase de alegaciones.

El territorio colinda con el río Salat (Francia), donde en las estribaciones del municipio de Couflens (departamento de Ariège) permanecen las instalaciones de una mina cerrada en 1986 tras la caída de los precios del metal. Apollo Minerals obtuvo en 2016 el permiso para reactivar la mina de Couflens y su intención era ampliarlo a los Pirineos españoles en una zona de 55 de kilómetros que luego rebajó a 27.

En Francia, sin embargo, la empresa también ha encontrado grandes obstáculos: el pasado 16 de junio un tribunal de apelación de Burdeos confirmó la sentencia de junio de 2019 de un tribunal de Toulouse que obligó a paralizar la licencia de explotación. El juez consideró que cuando se firmó la concesión, la empresa no contaba con los fondos necesarios para presentar el proyecto. Un fallo de forma. “La compañía continuará defendiendo su posición y está considerando las opciones disponibles”, fue la respuesta de la compañía en un comunicado tras conocer la sentencia.

Tras el varapalo judicial en Francia (la compañía siempre consideró el proyecto español como una extensión del francés) y las trabas administrativas de la Generalitat, la renuncia era un secreto a voces en el valle. “Hace tres veranos que no he visto a nadie de la empresa merodeando por aquí…. y ni quiero verlos”, explicaba el pasado fin de semana el pastor Albert Castellarnau, de 53 años, mientras bajaba de la montaña al medio centenar de vacas que tiene pastando en las alturas. “¡Y explicad que la mina no nos hace ninguna falta!”, gritaba mientras corría cuesta abajo persiguiendo a los animales.

Fuentes de Territorio habían confirmado a principios de octubre que NeoMetal Spania no había presentado el estudio de impacto ambiental requerido. A preguntas de este periódico, fuentes de la filial española se limitaron a explicar que “no había ninguna noticia nueva desde antes del confinamiento”. La decisión final de retirar el proyecto, sin embargo, fue “tomada y comunicada” a la filial el pasado septiembre, explica ahora la multinacional matriz en una memoria trimestral publicada en su página web.

“Se lo hemos puesto muy difícil”, explica el director del parque natural Alt Pirineu, Marc Garriga, quien se ha enterado de la renuncia a través de EL PAÍS. “Es una grandísima noticia que no termino de creerme”, añade. Para poder operar durante estos años en España, la filial había registrado en 2016 su domicilio social en una pequeña gestoría en un entresuelo del Eixample barcelonés.

A la espera de los pasos que pudiera dar la multinacional, el Ayuntamiento y la plataforma vecinal llevaban semanas elaborando, en colaboración con el director del parque natural, otra estrategia para poner más obstáculos. Como una revuelta de bajos decibelios, ahora el municipio se había encomendado al silencio para vencer su particular batalla.

En septiembre, el pueblo solicitó a la Generalitat la declaración de la pedanía y sus alrededores como “zona de especial protección acústica”, una declaración administrativa que otorga el Govern a los municipios que quieren limitar el uso de vehículos ruidosos como los quads. “Pero también actividades extractivas”, explica Garriga, ideólogo de la estrategia. Los vecinos tomaron como ejemplo al Papiol, un municipio barcelonés que en 2015 ya consiguió frenar la ruidosa actividad de una cantera tras obtener la misma declaración.

En la plaza del pueblo, el Ayuntamiento colgó a principios de año una pancarta con un mensaje conciso: “No a la mina”. Frente a él, y ajena aún a la noticia, la vecina Ana Maria Senpau, de 80 años, hace una semana tuvo un presagio que ahora se ha convertido en certeza: “Apunta lo que te digo: la mina ni la queremos ni se hará. Al tiempo”.