Los impagos del Govern llevan a residencias a relajar los protocolos

Las residencias de personas mayores, que sufrieron como ningún otro ámbito el impacto de la primera ola de coronavirus, afrontan esta segunda con una mejor situación epidemiológica, pero están “al borde del abismo” en el plano económico. La Generalitat arrastra con ellas desde julio una deuda de 16,6 millones en ayudas para hacer frente a los costes causados por la pandemia, y algunos centros avisan de que no pueden cumplir con los protocolos adecuadamente a causa de las estrecheces económicas. Este jueves, las patronales del sector y la administración se reúnen para desbloquear la situación.

De la reunión, las patronales solo esperan que el departamento de Asuntos Sociales presente una solución y que el pago de la deuda se realice de forma inmediata. “Nos consta que dinero hay. Pero ha habido muy mala gestión, y mientras tanto estamos peor que nunca”, señala Vicente Botella, presidente de la patronal de pequeñas y medianas residencias de Cataluña (Upimir). “Si no hay acuerdo, no podremos pagar las nóminas de noviembre, y la gente está muy caliente, no vamos a poder parar las manifestaciones”, avisa.

El agravio se divide en tres deudas. La primera son 196 euros por cada plaza pública, tanto si está ocupada como si no, en concepto de compensación por el sobrecoste a causa de la pandemia. Ningún centro lo ha recibido desde que se anunció en julio. La segunda deuda viene por el impago de las ayudas que prometió el Govern para compensar la obligación de que los centros dejasen libres camas de contingencia que sirven de apoyo si hay que aislar a positivos por coronavirus. Estas ayudas se tenían que pagar a partir del 1 de septiembre y correspondían al 85% de la tarifa de la plaza (unos 1.650 euros).

Por último están las compensaciones por haber prohibido nuevos ingresos hasta septiembre. La administración se comprometió a pagar desde julio todas las camas vacías de la red pública (plazas de colaboración y de prestación económica vinculada, no privadas) mientras no se ocuparan con nuevos usuarios. Upimir calcula que todavía hay entre 4.000 y 5.000 plazas de este tipo vacías.

“Ahora es complicado tener nuevos ingresos, y hay centros a los que se les debe hasta medio millón de euros. Esto hace que algunos relajen los protocolos para la entrada de nuevos usuarios: se aceptan pruebas PCR de hace días o se les hace días después, por ejemplo. La necesidad es muy mala consejera”, admite Botella. “Es muy necesario que se desbloquee, y la administración es consciente de ello. Si no, tendremos un problema grave de sostenibilidad de los centros”, señala Cinta Pascual, presidenta de la patronal ACRA.

Fuentes del departamento de Asuntos Sociales indican que la factura ordinaria se ha pagado casi en su totalidad, y que la extraordinaria (que cifra en 16,6 millones), derivada de los sobrecostes por la pandemia se pagará a lo largo del mes de noviembre. Para conseguirlo se ha aprobado un nuevo decreto ley para concretar el plan. El Govern argumenta los retrasos porque se trata de una facturación no prevista y se ha tenido que crear un nuevo sistema.