“Ya no nos quedaba más qué hacer para bajar la interacción social”

Cuatro días. Bastaron cuatro días para que la Generalitat virase el timón desde un escenario relativamente optimista a las previsiones más desalentadoras en la crisis sanitaria provocada por la covid-19. Entre el martes 6 de octubre y el sábado día 10, el Ejecutivo catalán pasó de anunciar la reapertura —con matices— del ocio nocturno a plantear el cierre de todo el sector de la restauración, una de las restricciones sociales más duras que se han aplicado en España en esta segunda ola de la pandemia. Entremedias, una curva epidémica que empezaba a desbordarse y unos modelos matemáticos que anunciaban varios miles de nuevas infecciones diarias e ingresos hospitalarios al alza. Así se gestó la decisión de cerrar bares y restaurantes durante al menos 15 días en toda Cataluña, pese a tener índices menos malos que en otras nueve comunidades.

Ya el martes 6 de octubre, cuando el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, anunció la sorpresiva reapertura del ocio nocturno (sin pista de baile y con limitación de horario), el Govern no las tenía todas consigo. De hecho, no tardaron ni 24 horas en desdecirse y anular la medida alegando que la situación epidemiológica empezaba a ser preocupante. El jueves, Argimon y el subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de la Agencia de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, constataban que todas las previsiones se habían quedado cortas y el virus crecía mucho más rápido de lo esperable. En las reuniones de ese día y el viernes, se empieza a hablar de medidas más drásticas. Los contagiados por semana habían pasado de 7.000 a 11.000.

En ese momento el panorama de la pandemia en Cataluña era malo pero menos grave que en otras comunidades autónomas. La incidencia acumulada en los últimos 14 días era de 262 positivos por 100.000 habitantes, a medio camino de los 500 con los que según el Ministerio de Salud exige que haya confinamientos. El porcentaje de positivos en las pruebas diagnósticas era de 8,2%, más de dos puntos por debajo de la media española y el 16,8% de sus camas están ocupadas por pacientes de coronavirus, cuando el límite es el 35%. Pero las autoridades sanitarias consideraron que se trataba de un momento match point. O se tomaban medidas de manera inmediata o se perdía la pelea y se llegaba a escenarios críticos.

Las actividades sociales, como cenas con amigos, encuentros deportivos o escapadas de fin de semana, estaban en la mira de Salud como el principal escenario de contagio. El primer paso contundente para reducir la interacción social fue fijar el tope de un máximo de seis personas para esos encuentros, el pasado 26 de septiembre. Desde entonces, el Govern tenía contemplado escenarios hipotéticos sobre cómo actuar y entre ellos estaba el cierre de bares y restaurantes, explican fuentes próximas a Argimon. La medida fue puesta oficialmente sobre la mesa el sábado 10 de octubre, durante una reunión al más alto nivel entre la cúpula de Salud. “Ahí se decidió que era mejor medidas drásticas en poco tiempo que más suaves durante mucho tiempo. Por primera vez, se habla de cierres. Ya no nos quedaba nada más que hacer para bajar la interacción social”, explican fuentes de Salud.

Poco debate

No hubo debate sobre la conveniencia de la medida, pese a que Mendioroz suele ser el ala dura de Salud Pública —favorable a hacer lo que haga falta para bajar la curva— y Argimon, con un perfil más salubrista, tiende a mostrar también preocupación por las consecuencias económicas de las restricciones. Todo el núcleo duro del Departamento, con la consejera Alba Vergés y el secretario general, Marc Ramentol, a la cabeza, avalaron la necesidad del cierre. Se calcula que en Cataluña unas 200.000 personas trabajan en la restauración.

Ese sábado, Ramentol pidió unas horas y redactó tres resoluciones más o menos duras (desde restringir aún más los aforos interiores hasta el cierre total). Argimon, mientras, consultó a sus expertos de cabecera: Toni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Clínic, y su homóloga en Vall d’Hebron, Magda Campins; Tomàs Pumarola, responsable de Microbiología de Vall d´Hebron; y la física y experta en epidemiología matemática, Clara Prats, entre otros. Los mandos de Salud optaron por la resolución más contundente y se lo comunicaron al resto del Govern.

Aquí la discusión sí fue un poco más amplia, aunque nunca se cuestionó frontalmente la decisión de Salud. “Se habló de la evidente contradicción entre por qué cerrar los bares y no los gimnasios u otros espacios si la clave era restringir la interacción”, explica una voz del Departamento de Presidencia. “Todo se zanjó con el argumento de que en el contexto de los locales la gente está más tiempo, está sin mascarilla en un ambiente cerrado y en una situación de relajación de las medidas de protección”, añade esa voz. No se planteó el toque de queda ni el cierre perimetral. “Esto no se considera porque estábamos tan mal en todos los sitios, que da igual”, agrega una fuente de Salud. También hubo algo de debate sobre la suspensión de las extraescolares, aunque Argimon impuso su criterio y optó por mantenerlas en su defensa cerrada a preservar las actividades educativas hasta el último momento.

El Ejecutivo comenzó la escalada de medidas y estrategias desde el domingo. El paquete también afectaba las universidades —se cancelaron las clases presenciales— y se reducía el aforo de centros de culto o de actividades deportivas no profesionales. Primero, un tuit de Salud pidiendo “alerta permanente”. Los contagios semanales superaban los 10.000, la velocidad de transmisión se disparaba y los ingresos hospitalarios rozaban el millar. “Se recomienda reducir nuestra interacción social. Movernos con nuestras burbujas únicamente y hacer la actividad mínima indispensable fuera de casa”. Luego, en los días posteriores, vendrían las comparecencias de Vergés y del president en funciones, Pere Aragonés. La alerta era máxima. El martes, la consejera trasladó su decisión al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que le dio su apoyo, según fuentes del Departamento.

La queja de los restauradores

El miércoles por la mañana, el Govern —Vergés, Argimon, Aragonès y los consejeros de Presidencia, Meritxell Budó, e Interior, Miquel Sàmper— se reunía con el sector de la restauración en una reunión “tensísima”. “Todo el mundo estaba muy nervioso. No fue nada fácil”, recuerdan fuentes de Salud. Allí también se puso sobre la mesa una medida en la que llevaba días trabajando el Departamento de Empresa: incluir la cláusula rebus sic stantibus en el Código Civil catalán de cara a negociar contratos, como los de los alquileres, cuando se presentan casos de fuerza mayor. “Si las partes no consiguen renegociar los términos del contrato, el juez podrá resolverlo o acordar un cumplimiento mínimo que resulte razonable dadas las circunstancias”, explicó el diputado de Junts per Catalunya Jaume Alonso Cuevillas en su cuenta de Twitter. Este abogado y Sàmper coincidieron en el Consell de l’Advocacia Catalana, donde ya habían trabajado la cláusula.

En el Govern insisten en que los restauradores, las patronales y los sindicatos ya conocían los planes del cierre. Pero desde el Gremio de Restauración insisten en que no es así. Aseguran que se enteraron el martes pasado, por la noche, después de que les desconvocaran una reunión a la que habían sido citados esa misma tarde por el Govern. “La decisión estaba tomada y solo nos convocaron para informarnos”, apunta una fuente del Gremio. Los restauradores critican que no se les pusiera sobre la mesa ningún tipo de indemnización o inyección económica para un cierre forzoso. En la rueda de prensa posterior, Aragonès si mencionó un plan de ayuda de 40 millones de euros.

Los planes de la Generalitat también estuvieron en vilo por el proceso de validación de las medidas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La decisión del Procicat, el comité técnico que toma las decisiones sobre la pandemia, tenía que ser revisada por la Justicia pues en algunos casos podía comprometer el ejercicio de derechos fundamentales. El texto se remitió el miércoles y, para sorpresa del Govern, el TSJC le pidió una aclaración especificando en qué puntos específicos consideraba que se coartaban los derechos y criticando la falta de número de decreto.

“En el TSJC sabe que los números de los decretos son consecutivos y por tanto no se pueden asignar hasta la publicación”, recuerda una fuente del Departamento de Presidencia, que asegura que en el Govern sentó mal la falta de celeridad de la Justicia. EL TSJC hizo la petición a las cuatro de la tarde del miércoles, con lo cual la Generalitat tuvo que esperar hasta el jueves. Existía el temor de que el tempo judicial obligara a postergar la entrada en vigor al fin de semana y generando cierto efecto de movimiento entre municipios el viernes si aún seguían los bares y restaurantes abiertos. El gabinete jurídico de la Generalitat planteó dos textos de decreto: el original y uno que ponía como disposición adicional las medidas pendientes de validación, que no tenían que ver con la restauración sino con la libertad de culto y la suspensión de clases presenciales en las universidades. Se tomó la segunda opción para evitar malentendidos. Los magistrados dieron el espaldarazo al paquete de control el pasado viernes sobre las 13.30. Y los bares y restaurantes en Cataluña estarán cerrados durante 15 días.

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