Una alianza entre escuelas y expertos exige una modernización del sistema educativo en Cataluña

La renovación pedagógica ha llegado para quedarse. La Fundación Jaume Bofill, especializada en políticas educativas, y Unesco Catalunya han elaborado un plan a 10 años para que la modernización del sistema educativo no se limite a un reducto de escuelas, sino que se extienda por toda la comunidad. La iniciativa cuenta con el apoyo de 30 centros educativos y 30 expertos del sector. “La innovación no puede ser cosa de solo unos pocos pioneros, debe ser algo generalizado. Es una necesidad sistémica, pero ello no debe estar basado en el sobreesfuerzo de los docentes, sino que requiere el apoyo de la Administración”, coincidieron a destacar los organizadores este lunes.

El plan busca coger el guante de la experiencia del programa Escola Nova 21, que durante tres años buscó generar una oleada de renovación pedagógica. La iniciativa, que finalizó hace un año, partió de 25 centros impulsores y se acabó extendiendo en 500 más. Ambas entidades temen que el camino recorrido durante este tiempo se desvanezca. “Cuando no se apoya el esfuerzo de unos pioneros, los proyectos duran hasta que se cansa la gente. Y esto no nos lo podemos permitir”, terció Ismael Palacín, director la Fundación Bofill. El programa logró un amplio consenso entre la comunidad educativa -el 80% de docentes y el 60% de familias defendían la necesidad de innovación, según un sondeo de la fundación-, e incluso la Generalitat lo veía con buenos ojos. “Pero ahora no es el momento de declaraciones políticas, de decir que estaría bien hacer un cambio. Ahora es el momento de llevar a cabo acciones para que de aquí 10 años se vean los resultados”, reclamó Eduard Vallory, presidente de Unescocat.

El plan está compuesto por 15 compromisos, agrupados en tres bloques. El primero son los objetivos a lograr en una década, que incluye cinco propuestas: que el 80% de centros cuenten con un instrumento para marcar los objetivos de mejora educativa y evaluar los cambios logrados; que el 80% de centros haya adoptado prácticas de aprendizaje personalizadas y colaborativas; que el 40% haya participado en formaciones para acompañar a los docentes en dicha transformación; que el 80% tenga algún docente que haya participado en estos programas formativos; y que el 100% participe en redes donde se comparten experiencias sobre innovación.

El segundo bloque recoge cinco medidas concretas: fijar unos criterios claros que definan una educación de calidad de hoy y marquen el camino del proceso de cambio; establecer unos centros de referencia educativa -un mínimo de 500- según los principios de innovación; que las administraciones locales y autonómicas favorezcan la creación de redes donde los centros se relaciones y compartan inquietudes y experiencias, superando así el tradicional aislamiento de los colegios; que más de 2.500 centros (la mitad del total) hayan pasado por un programa de cambio intensivo; y que el 80% de centros que concentran un alto número de alumnos vulnerables (calificados como de alta complejidad) hayan recibido recursos para afrontar esta transformación.

En el tercer bloque se agrupan cinco medidas más, pero enfocadas a un cambio estructural y generalizado del sistema: que la formación del profesorado en las universidades también siga los criterios competenciales y que se favorezca las prácticas en dichos centros de referencia educativa; desplegar un nuevo plan de formación continua del profesorado, con un contenido adaptado a la innovación pedagógica; dar más autonomía a los centros para que puedan seleccionar el profesorado y modificar horarios, espacios y mobiliario para aplicar esta transformación; actualizar las funciones de la inspección educativa para que apoyen y acompañen a los centros en su cambio; y modificar el bachillerato, la FP y la Selectividad para adaptarlos a un modelo competencial.

Las dos entidades destacaron que el modelo educativo que defienden se basa en cuatro pilares, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas: un aprendizaje continuo para todos, priorizar la educación en los presupuestos públicos, centrar los esfuerzos en los alumnos más desfavorecidos y aplicar las recomendaciones de la Declaración de Incheon, que defiende la enseñanza por competencias, favoreciendo la creatividad, la capacidad de resolución de problemas o la interacción social, entre otros aspectos. “No necesitamos unos profesores que sean especialistas en unas materias, sino que sepan guiar a los alumnos en su aprendizaje y que sepan sacar el máximo de sus alumnos, sea cual sea su origen socioeconómico”, incidió Coral Regi, miembro del Consejo Escolar de Cataluña.

Los impulsores del plan alertaron que actualmente se corre el riesgo de que la emergencia sanitaria monopolice el día a día. “El debate educativo tiene que ir más allá de las distancias y las mascarillas. La pandemia no puede suponer una involución educativa ni de las desigualdades”, terció Palacín. “Actualmente existe el riesgo de que lo urgente ocupe el lugar de lo importante. Pero necesitamos un espacio planificado, con instrumentos”, añadió Dolors Oliver, directora del instituto escuela Teresa Altet, de Rubí (Barcelona).

Las dos entidades anunciaron que este lunes enviaron una carta a todos los partidos y a las dos asociaciones de municipios para presentarles el plan. El actual consejero de Educación, Josep Bargalló, no ha mostrado nunca un apoyo incondicional al proyecto y ya hace un año -cuando el programa Escola Nova 21 finalizó pidiendo más implicación del Govern- admitió que veía “difícil” el proceso de transformación educativa, debido a la existencia de más de 5.000 centros.