“Analizas la situación, te la juegas y cortas la luz”

Álvaro lleva cinco años trabajando como técnico de Endesa. En los últimos tiempos ha visto como su oficio se ha ido complicando. “Incrementa la agresividad”, dice, sobre algunas personas que defraudan suministro eléctrico. No se refiere a familias vulnerables, sino sobre todo a quienes se dedican al cultivo de marihuana. Una plantación interior puede llegar a consumir lo mismo que 20 viviendas. Los Mossos sitúan a Cataluña como el epicentro europeo del cultivo de la marihuana, y alertan del peligro que se reproduzca una narcoeconomía, similar a la del Campo de Gibraltar con el hachís.

Para evitarse problemas, los técnicos como Álvaro, que en realidad no se llama así, van tapados, los coches no llevan ningún logotipo y tampoco lucen ningún distintivo que permita reconocerles. “A veces cometes el error de llamarte por el nombre con tus compañeros, ellos lo oyen y te van llamando, ‘eres tú, no te giras, pero ya sabemos donde vives’. O te dicen ‘te voy a rajar, te voy a pegar un tiro’ y cosas así'”, explica el hombre, de 31 años. “Quieres pensar que perro ladrador poco mordedor, y esperas que no pase nada”, cuenta.

Endesa ha puesto en marcha un protocolo de seguridad para sus trabajadores y para las empresas subcontratadas que intervienen en la vía pública. Además de no llevar logos y taparse en los operativos policiales a los que acuden donde intervienen cortando las tomas ilegales de luz, también han diseñado una aplicación interna. Con una tableta, los técnicos advierten si han tenido algún problema, y así generan información para crear un mapa de zonas conflictivas que sirva de antecedente a los trabajadores.

Endesa considera puntos de “suministro de riesgo potencial” los que reúnen al menos una de esas tres características: ha habido agresiones físicas o verbales que un técnico ha comunicado con anterioridad, hay constancia de que en la vivienda probablemente se cultiva marihuana, o la inspección forma parte de una operación policial. En ese caso, deben ir siempre acompañados de policía. Álvaro asegura que seis de cada diez intervenciones que lleva a cabo en su día a día son de este tipo."Hay quien entiende que una instalación irregular conlleva un riesgo", asegura el técnico, como puede ser un incendio. En enero del año pasado, murieron tres personas a causa de las llamas desatadas en un piso del barrio de Sant Roc de Badalona provocadas por una toma ilegal. Otros sencillamente creen que es “injusto” que les corten la luz.

“Hace un año fui a hacer una desconexión de un bar que llevaba más de tres años conectado en directo”, recuerda Álvaro. “Nos amenazó a mí y al contratista. Fue bastante tenso”. Hasta el punto de que el técnico y su compañero —acostumbran a intervenir en pareja— acabaron llamando a los Mossos d’Esquadra.

“Tú analizas la situación, y si ves que la persona te insulta pero que probablemente no llegue a la agresión, te la juegas y cortas la luz”, concluye. Álvaro asegura que nunca había trabajado en un agosto tan activo como el de este año, con multitud de inspecciones a plantaciones. Hasta agosto, Endesa ha abierto 13.630 expedientes por fraude eléctrico. En solo seis meses, la cifra ya se acerca al total de expedientes que la compañía registró en 2019: 17.613.

Si siguen al mismo ritmo, los datos pueden repetir los del año 2018, cuando fueron 26.400 casos de fraude eléctrico en Cataluña, con un uso indebido de casi 290 millones de kilowatios, lo que equivale al consumo que tiene en medio año la ciudad de Girona.

64 técnicos en el mayor operativo policial

El pasado 26 de junio se llevó a cabo la operación policial, ordenada por el juzgado de instrucción 4 de Terrassa, en la que más técnicos de Endesa han participado. 64 trabajadores intervinieron en las 43 inspecciones en pisos en los que se sospechaba que se cultivaba marihuana. En más de la mitad (24) había defraudación de fluido eléctrico, con un consumo equivalente al de una población de 686 viviendas.

Los Mossos han abierto una guerra contra el cultivo y tráfico de marihuana. Alertan de que es un riesgo serio, con una expansión que puede acabar creando una narcoeconomía paralela a la estructura social. En los últimos cuatro años, se han cometido 11 homicidios por asaltos por marihuana.