Y Sant Adrià se plegó al patriarca

El poder que atesoran los clanes de La Mina se ha visto reforzado, en ocasiones de forma involuntaria, por las instituciones. Con tal de mantener la paz social en este barrio de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) lastrado por la marginalidad, los responsables públicos se han congraciado con patriarcas gitanos ligados al tráfico de drogas. Ningún caso resulta tan claro como el de Ángel Amaya, alias Tío Cristina, y sus empresas de seguridad. Durante cuatro años, el jefe del clan de Los Manolos —que ahora tiene 79 años y está fuera del circuito— logró que un concejal del Ayuntamiento de Sant Adrià le pagara miles de euros por vigilar unos pisos de protección oficial que, de otro modo, habrían sido inevitablemente ocupados.

De ese plegarse las administraciones a la voluntad de las mafias va el juicio que ayer arrancó en la Audiencia de Barcelona y que sentó en el banquillo a cuatro personas por prevaricación. Dos de ellas, incluido Ángel Amaya, alias Tío Cristina, aceptaron los hechos. El patriarca explicó cómo el concejal de Ciudadanía, Juan Carlos Ramos, en mano y en metálico un total de 27.000 euros. Pese a estar acusado y enjuiciado, Ramos mantiene su cargo como concejal por el PSC.

Esta historia de chantaje tácitamente aceptado arranca en 2012, cuando el Consorcio de la Mina —un ente público creado para revitalizar el barrio— empezó a entregar las llaves de más de 400 viviendas de protección oficial. Lo cierto es que apenas se dieron una treintena. El temor a una ocupación de las viviendas vacías por parte de los clanes llevó a Ramos, él mismo vecino de La Mina y vicepresidente del Consorcio, a contratar la vigilancia... de esos mismos clanes.

Los Borjas, Los Chatos o Afrimaya, que no estaban inscritas ni autorizadas como empresas de seguridad, empezaron a ofrecer su peculiar servicio de protección. La denuncia de un sindicato llegó a los Mossos, se abrieron expedientes. Cuando un cambio legislativo obligó a las empresas a disponer de autorización, Ramos urdió una trama para que la adjudicación recayera, de todas formas, en Tío Cristina y en “los clanes gitanos próximos al ayuntamiento”, según la acusación de la fiscalía.

El Consorcio de la Mina contrató a una empresa legal, Visegurity, que sobre el papel protegía los pisos. “Uno o dos vigilantes hacían acto de presencia para justificar que había un contrato”, detalló el jefe anticorrupción de los Mossos, este martes, en el juicio. En la práctica, el trabajo recaía sobre el clan de Tío Cristina. Y ni siquiera era un trabajo. “Se limitaban a colocar, en todas las viviendas, carteles en los que se leía la inscripción Control Los Manolos”, dice la fiscal. Dada la “influencia y temor”, añade, que el clan generaba en el barrio, ese mensaje era suficientemente disuasorio como para que a nadie se le ocurriera ocupar los pisos.

Ramos, que declarará al final del juicio, presuntamente sabía lo que ocurría, lo permitió y lo fomentó. En total se desviaron unos 27.000 euros a patriarca, que le entregaba en un sobre en plena calle. El concejal había mantenido con el patriarca numerosas conversaciones telefónicas. Los Mossos pudieron escucharlas porque estaban investigando al clan por un asunto de drogas. “Algunas son muy claras. En una de ellas, el concejal le dice: 'Yo lo tengo esto montado para usted, tío, yo no me gano nada”, describió el mando de la policía autonómica.

A Tío Cristina no le resultó ayer difícil confesar porque una inhabilitación no le afecta demasiado. Más difícil lo tiene Ramos: la fiscalía pide que no pueda ejercer ningún empleo ni cargo público durante 12 años. Las palabras que reserva para el edil son duras: le acusa de “imponer su voluntad por encima de la ley” y, sobre todo, de “perpetuar las cuotas de poder de los clanes gitanos de La Mina”.